Bruselas propone prorrogar la supresión del ‘roaming’ diez años más, hasta 2032

El 15 de junio de 2017, 500 millones de ciudadanos dijeron adiós a las abultadas facturas que les llegaban por llamar o navegar con su móvil en otro país de la Unión Europea. Bruselas ha propuesto ahora prolongar diez años esa regulación, que expira el 30 de junio de 2022. La Comisión aprovechará la prórroga de esa norma, una de las más aplaudidas por los consumidores europeos, para reducir los costes al por mayor de las compañías, de modo que los cargos que supuso el fin del roaming sean más sostenibles para las operadoras.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, definió el punto final al roaming como una “piedra angular” del mercado único. Pero ese logro, alcanzado en 2017, tenía fecha de caducidad. Si no se renueva la regulación que lo hizo posible, ese ahorro no está asegurado. Por ello, Bruselas propone una nueva regulación que lo prorrogue diez años, hasta el 30 de junio de 2032. “En la década digital de Europa, todo el mundo debe poder tener una excelente conectividad en cualquier lugar de Europa, como si estuviera en casa”, sostuvo Vestager.

Bruselas aprovechará esa oportunidad para introducir otras mejoras para los consumidores. En concreto, los ciudadanos podrán disfrutar de la misma calidad de red y velocidad en cualquier rincón de la UE al que se desplacen siempre que sea posible, puesto que la disponibilidad de la red varía a lo largo y ancho del continente. En cualquier caso, los operadores no pueden reducir la calidad del servicio de itinerancia deliberadamente: si un consumidor en su país tiene 4G y allí donde viaja hay también 4G, no tiene por qué conformarse con una conectividad 3G. Los operadores, además, deben informar a los clientes de la calidad del servicio que pueden esperar durante su estancia en el país.

Los consumidores también deberán recibir detalles sobre los números de teléfono cuyo uso conlleva un recargo, como los de algunos programas televisivos. Las compañías deberán mandar un mensaje de texto al usuario a su llegada al país, con un enlace a una página web donde les informe sobre la numeración del país y las tarifas que lleva asociada. El objetivo, según la Comisión, es evitar sorpresas desagradables para los ciudadanos cuando les llegue la factura telefónica, puesto que algunos países pueden tarificar servicios que otros no cobran.

La nueva regulación, por último, también reduce los precios máximos al por mayor, es decir, lo que se pagan las compañías entre sí por prestar los servicios de itinerancia a sus clientes. La reducción de estos topes se hará de forma gradual: la primera etapa se producirá el 1 de julio de 2022 y la segunda, el 1 de enero de 2025. El objetivo es que con esa baja de tarifas la itinerancia sea sostenible para las compañías. La regulación deberá pasar ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo.