Vienen 10 años de ajuste

El pulso se promete intenso. En el segundo trimestre la UE decidirá si reactiva el Pacto de Estabilidad —en suspenso desde marzo— para 2022, acaba de anunciar la presidencia semestral portuguesa. La agravación de la pandemia y la consiguiente agudización de la crisis probablemente obstaculicen el retorno inmediato al rigor fiscal.

Pero la sola existencia de la discusión indica cómo Europa hace a la vez el ejercicio simultáneo de soplar y sorber: sopla con el despliegue de los estímulos del plan de recuperación; sorbe con la preparación del reequilibrio presupuestario, que si no se pauta para el año próximo, tampoco tardará mucho más.

Por eso, España debería a su vez hacer ya ese doble ejercicio. Mejor dicho, emprender su segunda parte: el reajuste a medio plazo. Lo reclaman una y otra vez desde mayo los máximos representantes de los organismos independientes, con Cristina Herrero, presidenta de la Airef, y Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, a la cabeza.

El momento propicio, adecuado, para presentar el plan de consolidación fiscal hacia el futuro (mayores ingresos y contención de los gastos; o ambas cosas), sería en abril, coincidiendo con la remisión oficial a Bruselas del programa nacional definitivo de recuperación y resiliencia que debe encajar las ayudas del europeo, bautizado como Next Generation EU.

El tope del plazo para ello es a final de ese mes. Hacer coincidir ambos emitiría una potente señal de que este país opta a que los 140.000 millones de euros previstos sirvan de verdad para emprender las reformas de fondo, estructurales, necesarias (digitalización, I+D, educación, energía verde…) y no solo para compensar con gasto corriente subsidiado, justo pero insuficiente, los daños de la recesión.

Cierto que este debe continuar, incluso aumentarse. Lo recordó Cos el martes, en el Círculo de Economía de Barcelona: “Las empresas ya están muy endeudadas [con las facilidades y avales del ICO], y probablemente no tenga sentido endeudarlas aún más, debemos pensar en capitalizaciones y subvenciones directas”.

Pero a más soplar, más sorber. Discutir, preparar, diseñar y tener dispuesto el plan de reequilibrio —aunque aún no aplicarlo— es urgente para anticiparse a posibles turbulencias y evitar su impacto contra la deuda española cuando se acerque la recuperación.

Y por otras dos razones, apunta el gobernador. Una es la evidencia empírica de que “los multiplicadores fiscales [el mayor efecto de la inversión pública sobre el crecimiento económico] aumentan de forma significativa con una mayor credibilidad de la política económica”, y esta crecería con el plan: es una señal a los mercados, los compradores de deuda, de que se actuará con rigor inteligente, no con austeritarismo suicida.

Otra, que adelantar el anuncio del reequilibrio acredita seriedad, facilitando que la consolidación futura, siempre incómoda, “sea más gradual”. En su modo suave, sin asfixias, “necesitaría una década”.

Esta periodificación en diez años responde al cálculo de que el déficit estructural se acercará al 5% del PIB, como dijo el 23 de junio al Congreso: los tres puntos de 2019, a los que añadir aumentos por el endeudamiento, el ingreso mínimo vital, el aumento del gasto sanitario…

Reducirlo medio punto al año, lo mínimo previsto, sería un esfuerzo sensible. Pero factible sin estrangular el crecimiento, ni abocar a la desigualdad. Esa transición suave no se improvisa. Hay que abonarla persuadiendo antes a los tenedores de nuestra deuda. Convencer es más eficiente, y menos peligroso, que vencer.