El papel de las entidades locales ante la pandemia

Aunque las competencias en Sanidad y Servicios Sociales residen en su mayor parte en las Comunidades Autónomas, no hay que olvidar que no pocos municipios cuentan con diferentes tipologías de centros de mayores, así como servicios de atención a la dependencia y residencias. Igualmente juegan un papel relevante en la atención a los más desfavorecidos, así como conocen de primera mano las necesidades y estrecheces de sus pymes y autónomos.

Ante esta situación, y en muchos casos a través de plenos y comisiones telemáticas, se han tomado un gran número de decisiones con las que apoyar a los ciudadanos y a su tejido productivo.

Solo como ejemplo, a continuación, se recogen algunas de las acciones puestas en marcha hasta ahora.

 Ejemplos de medidas tomadas por algunos ayuntamientos y diputaciones

Fuente: www.elsectorpublico.es

Además de los aplazamientos tributarios, que están siendo la medida más común, también se observa cómo en ayuntamientos de tamaño medio o grande, así como en diputaciones, se están aprobando medidas para complementar el soporte dado por el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas a Pymes y autónomos, principalmente a través de apoyo y asesoramiento legal o transferencias directas de recursos.

Además de esto, los procesos de desinfección de las instalaciones municipales, así como los que sin duda se llevarán a cabo en los colegios antes de su reapertura, están corriendo en muchos casos a cargo de los entes que gestionan la limpieza a nivel supramunicipal, por lo que el papel de las Diputaciones en gestión y centralización de recursos y servicios es clave en el momento actual.

La cara b de este aumento del número y frecuencia de servicios, es la necesidad de mayores recursos para su financiación. Sin embargo, las entidades locales enfrentan esta crisis desde una situación de solvencia muy robusta. Liquidaron el ejercicio 2019 con un superávit equivalente al 0,3% del Producto Interior Bruto y cuentan con elevada liquidez en sus cajas ya que la situación superavitaria viene produciéndose desde 2012 y que, debido a los límites que impone la regla de gasto, dichos recursos no se han utilizado en una buena parte. Esto contrasta fuertemente con la situación del resto de administraciones que, en conjunto, aún no han podido recuperar el equilibrio presupuestario previo a la crisis financiera de 2008.

La habilitación legal, a través del Real Decreto 8/2020, para que las entidades locales puedan destinar el superávit correspondiente al año 2019 a financiar gastos de inversión en Servicios Sociales y promoción social, ha dotado de cierta flexibilidad a su gasto, pero no es suficiente. Sería necesario dotar competencialmente a los ayuntamientos para que puedan hacerse cargo de gastos en áreas que no son de su competencia, como puede ser empleo o educación, algo que ya apuntaba la Federación Española de Municipios y Provincias en un decálogo de medidas enviado al Gobierno para su discusión el pasado mes de abril. Esta diseminación en la capacidad de decisión y gasto derivaría costes hacia administraciones menos presionadas financieramente y son acciones que podrían ser coordinadas a través de organismos supramunicipales como Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares.

Es vital también, sobre todo desde el punto de vista de las cuentas públicas, que se trabaje en soluciones contables que permitan excluir del cómputo de la regla de gasto y el déficit público el uso de superávit de ejercicios anteriores, en el entendido de que son recursos de los que ya se dispone y no suponen una carga adicional para los presupuestos.

Por último, no hay que olvidar que las entidades locales son un perceptor de recursos europeos por lo que sería muy útil el poder realizar, al igual que en las regiones, una reordenación de los fondos y proyectos europeos para el periodo 2021 – 2027, orientando esos fondos a la reconstrucción de las economías locales afectadas.