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Fórmulas para sacar a la economía española de la crisis del Covid-19

Debido a sus características económicas, España saldrá previsiblemente peor parada de la recesión que otros países

Al elevado coste en vidas humanas que está suponiendo la pandemia del Covid-19, hay que sumarle el todavía difícilmente calculable golpe que tanto el virus como las medidas aprobadas para tratar de contenerlo asestarán a la economía española. El pasado jueves, el dato del PIB correspondiente al primer trimestre mostró una contracción del 5,2% respecto al trimestre anterior. La caída, la mayor de la serie histórica, se produce a pesar de que el estado de alarma entró en vigor el 16 de marzo.

Tras el mazazo del primer trimestre y teniendo en cuenta la mayor incidencia del confinamiento en el segundo, la recesión es inevitable. En la primera jornada celebrada de forma telemática de Foro Futuro, el observatorio de tendencias económicas organizado por CincoDías con la colaboración de Banco Santander, los expertos han tratado de esbozar qué cabe esperar en el siguiente gran frente de batalla en la lucha contra el virus: el frente de la reconstrucción de la economía.

“Esta crisis afecta especialmente a la economía española, que se nutre fundamentalmente de la globalización de las personas, no solo con el turismo, sino en general de toda actividad asociada con esto; espero equivocarme, pero es importante que tengamos claro que vamos a ir a una crisis sin precedentes con una caída brutal del PIB y del empleo y con una explosión del déficit y de la deuda”, prevé Fernando Fernández, profesor de Economía del IE Business School.

Además de por la intensidad del turismo en la economía, España se verá afectada de forma más intensa por otros factores. Antonio Cortina, director adjunto del Servicio de Estudios Corporativos del grupo Santander, explica que, según los datos de diferentes estudios de movilidad, el confinamiento en España ha sido más intenso que en otros países. “También por el peso excesivo de los contratos temporales en el mercado de trabajo, por la estructura de un tejido empresarial mayoritariamente compuesto por compañías más pequeñas que en la eurozona, y por la importancia de algunas actividades productivas como la automovilística”.

Santiago Carbó, catedrático de Economía de Cunef y director de estudios financieros de Funcas, se muestra preocupado por las derivadas de esta crisis. “¿Tendremos una tensión de deuda soberana a partir de octubre?¿Cómo nos afectará eso? No olvidemos que la presión en la deuda soberana frenó la economía enormemente en anteriores crisis”, recuerda. En su opinión, “la presión sobre nuestra deuda repuntará por mucho que el BCE compre”.

Al igual que otros factores, la presión sobre la deuda dependerá en gran parte de las perspectivas sobre la recuperación económica. Francisco Pérez, catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València y director del Institoto Valenciano de Investigación Económica (IVIE), opina que la demanda no podrá actuar con normalidad en muchos sectores debido a las medidas de precaución que obligará a adoptar el virus. “Esto hace que, desde mi punto de vista, aún siendo posible una recuperación rápida, lo que no cabe pensar es que vaya a ser instantánea”, asevera.

Agujero en las cuentas públicas

El hecho no descartable de que los mercados pierdan la confianza en la deuda española es todo un desafío, ya que, en ese caso, el Presupuesto del Estado se ve obligado a destinar más dinero al pago de intereses, restándolo a otras partidas. Fernando Fernández estima que, fruto del agujero en las cuentas públicas provocado por esta dura crisis, la deuda pueda escalar hasta suponer entre un 120% y un 130% del PIB desde el 95% actual. “La buena noticia es que vamos a financiar esos niveles de deuda a tipos sustancialmente bajos, pero es una ingenuidad asumir que vamos a ver tipos muy cercanos al 0% y al 1% en los próximos tres o cuatro años; en algún momento seremos conscientes de que hay que financiar a nivel mundial una cifra de deuda brutal, y eso va a suponer subidas en los tipos”. Fernández fija entre el 4% y el 5% del PIB la cantidad de dinero que tendremos que destinar al pago por el servicio de la deuda.

Entre las medidas que los expertos reclaman para hacer frente a esta crítica situación, Carbó habla de la necesidad de un plan fiscal integral. “Vamos a requerir inversiones contundentes en materia sanitaria y hay que volver a apostar por la ciencia; harán falta ingresos, por lo que habrá que subir los impuestos”, advierte. El catedrático se lamenta de la competencia desleal que ciertos Estados de la UE hacen en materia fiscal, y añade que, dado que todos los países necesitarán más ingresos, puede ser una oportunidad para llegar a acuerdos europeos en esta materia.

En el lado del gasto, Car­bó menciona elevar el “gasto productivo”, preparar estímulos y reformar la Administración ante la existencia de “puestos que probablemente no sean necesarios”. El experto se detiene en las pensiones. “Hay que afrontar con realismo las cuestiones pendientes: las pensiones son insostenibles. Ya lo eran hace 10 años, ¿vamos a seguir haciendo esto: manteniéndolas igual de insostenibles en un contexto mucho peor? No digo que se haga un daño irreparable a las pensiones, pero sí buscar una sostenibilidad que ahora no tienen”.

Para Francisco Pérez, la parálisis de tres meses plantea problemas de supervivencia tanto para empresas como para personas. “Se toman medidas muy pronto, pero creo que es necesario preguntar cuántas de ellas se van a traducir en que el dinero llega a aquellos agentes económicos cuya capacidad de supervivencia o de pago se quiere preservar”.

Antonio Cortina ­incide en la importancia de ­tener preparada una política para afrontar posibles confinamientos selectivos. El analista echa en falta mayor coordinación política, algo que daría más certidumbre al sector privado y fortalecería a España a la hora de proponer iniciativas en Europa. “En el medio plazo, lo esencial, dada la dimensión del riesgo, es que haya una amplia base política para hacer las reformas”, destaca.

Decisiones valientes

“El defender la globalización y no caer en autarquías será clave en la recuperación” para Fernando Fernández, quien antes que hablar de más gasto o más impuestos prefiere poner sobre la mesa el crecimiento. El profesor indica que España necesitará crecer cerca de un 3% en un futuro, lo que implica impulsar políticas que flexibilicen el mercado laboral. “Nadie habla de la sostenibilidad de los funcionarios; España es el único país del mundo en el que el salario medio del sector público está por encima del sector privado. Esto no puede ser y es una fuente de vulnerabilidad futura”.

Fernández sostiene que será vital diseñar políticas que permitan compatibilizar el crecimiento con proteger a los trabajadores de la desa­larización en el mercado de trabajo. Pero, sobre todo, cree que será necesario que los políticos adopten decisiones valientes: “Crecimiento y decisiones difíciles. Lo contrario es engañarnos. El futuro va a estar muy complicado para una economía como la española”.

Ingreso mínimo vital ¿una buena respuesta?

Entre las medidas económicas que el Gobierno está preparando se encuentra la aprobación del ingreso mínimo vital. Inicialmente, se hablaba de una renta de 500 euros para todos los ciudadanos que no tuvieran ingresos. Según el tiempo ha ido avanzando, la cifra ha disminuido hasta los 430 euros. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, prevé que este ingreso mínimo llegará al Consejo de Ministros en la segunda quincena de mayo.

“Quizás una ayuda temporal pueda ser necesaria; yo no estoy de acuerdo en crear una ayuda permanente”, enfatiza Santiago Carbó, quien expresa una idea con la que coinciden el resto de expertos: “Hay familias muy perjudicadas que necesitan ayuda, pero creo que se ha aprovechado el momento actual para crear una figura permanente que a mí me deja muy preocupado en un país en el que en determinadas zonas territoriales ya hay desincentivos suficientes al trabajo”.

Antonio Cortina lo considera necesario, pero cree que el hecho de que tenga visos de ser permanente la convierte “en una acción más política que económica”. “Dependerá de su diseño para que no desincentive el trabajo; sin tener claro cómo se define, es complicado opinar”, reconoce.

Francisco Pérez tampoco ve la necesidad de hacerlo permanente, pero recuerda que hay parte de la población a la que no le llegan en este momento las ayudas que tienen que ver con el Estado productivo. “Hay una parte de las personas que esperaban ser contratadas en este segundo trimestre y no lo van a ser; si no tenían derecho a desempleo, quedarían fuera de ayudas sin la renta mínima”.

La postura más crítica con la medida la adopta Fernando Fernández, al definir el ingreso mínimo vital como “una pésima idea en el peor momento posible”, y tildarlo de “apuesta política por comprar voluntad y populismo barato”. “Significa un desincentivo completo al trabajo y pone en duda la solvencia de las cuentas públicas españolas”, critica.

En su opinión, no ayudará a los nuevos pobres de esta crisis, que serán los trabajadores que pierdan el empleo. “Es mucho más fácil reforzar los mecanismos actuales de distribución de renta que ya funcionan que generar nuevos mecanismos que, para cuando los pongamos en marcha, ya habrá pasado lo peor”, valora.

Para el desempleo en la actividad turística, Fernández considera que se podría solventar permitiendo que aquellas contrataciones que se iban a hacer se planteasen vía ERTE. “El problema de la renta mínima es que le llega un cheque a todo el mundo independientemente de su situación laboral; es difícil de poner en marcha y, además, entramos en el tema de la complementariedad con las prestaciones autonómicas”, concluye. 

El Estado entrando en las empresas

Liquidez

Entre las medidas para combatir los daños económicos, el Gobierno español anunció préstamos garantizados por el Estado por valor de hasta 100.000 millones de euros. Los expertos coinciden en la importancia de que llegue esta liquidez para evitar la muerte de parte del tejido productivo. Si bien, algunos de ellos consideran que esta cifra puede resultar insuficiente ya que en términos absolutos es menor que la movilizada por otros países de nuestro entorno.

Participación

Tanto Santiago Carbó como Fernando Fernández ponen sobre la mesa la necesidad de que el Estado entre en el capital de algunas de las empresas golpeadas vía préstamos participativos. Carbó especifica que no necesariamente se habla de nacionalizaciones, ya que sería algo temporal. “Todos tenemos el ejemplo de las aerolíneas porque es el caso más obvio”, señala Fernández.

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