Pisos para 25 temporeros, jornadas laborales de 11 horas, control de tarjetas y nóminas irrisorias

La Guardia Civil ha liberado a 61 personas sometidas a explotación laboral que trabajaban como temporeros en distintas campañas de recolección de cítricos en las provincias de Castellón, Valencia y Lleida. La operación ‘Bravos’, como la ha llamado la policía, ha acabado con la detención de cinco personas y la desarticulación de una organización delictiva especializada en la trata y explotación laboral de ciudadanos del este de Europa, principalmente de Rumanía y Bulgaria.

La red llevaba nueve años captando trabajadores y trasladándolos a España. La Guardia Civil calcula que habría trasladado a España más de mil personas para explotarlas en unas condiciones inhumanas y próximas a la esclavitud. Una vez en el destino se les obligaba a pagar una cuota a la organización por la gestión de los documentos, el transporte al puesto de trabajo y el alquiler de la vivienda: pisos de tres habitaciones y totalmente insalubres en los que llegaron a estar hacinados hasta 25 temporeros.

Además, los trabajadores tenían prohibido salir de casa, salvo para ir a trabajar y en compañía de algún miembro de la organización, y se les imponían jornadas de casi 12 horas diarias, con apenas 15 minutos para comer y sin ningún día semanal de descanso. La red controlaba además las tarjetas de crédito de las víctimas, retirando “a su antojo” el dinero de sus cuentas bancarias, ha informado la Guardia Civil.

A los cinco detenidos se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal y trata de seres humanos con fines de explotación laboral, entre ellos sus cabecillas, un matrimonio rumano de 49 y 45 años residente en Castellón y con antecedentes por los mismos hechos. Cuatro de las personas arrestadas ya están en prisión. También han sido liberadas 21 víctimas, que elevan a 61 el total de temporeros explotados por la red y que en la mayoría de casos ha podido regresar ya a sus países de origen.

Todas las víctimas compartían lugar de procedencia (Rumanía y Bulgaria) y estaban en situación de vulnerabilidad económica y personal. El gancho pasaba por ofertarles un contrato de trabajo en España con remuneración en metálico por los trabajos realizados, así como una vivienda digna y gratuita durante la vigencia del contrato laboral.

“Ante situaciones personales dramáticas, en la mayoría de casos provocadas por una escasez de ingresos con los que poder pagar productos básicos de primera necesidad como medicamentos o comida, no dudaban en aceptar la oferta, llegándose a pagar ellos mismos el traslado a nuestro país en autobús o incluso por vía aérea, a pesar de su precaria situación”, señalan desde la Guardia Civil.

Una vez en España, eran distribuidos en casas de la red y los cabecillas informaban a los temporeros de la necesidad de disponer de determinados documentos para poder trabajar legalmente en el país, como el NIE. Gestiones por las que les cobraban 20 euros sin llegar a entregarles jamás los papeles tramitados. Además, les prohibían “salir bajo ningún concepto de las casas donde se alojaban, salvo para ir a trabajar”. También se les anunciaban los pagos que debía hacer de forma periódica a la red: 3 euros diarios en concepto de traslado al lugar de trabajo o el de otros 75 euros mensuales por la vivienda.

El engaño a los trabajadores respecto a las condiciones ofertadas en un principio se extrapolaba también a su jornada laboral: desde las 7.30 horas hasta las 18.30 horas, de lunes a domingo, con un descanso de 15 minutos para comer y contemplándose como único descanso laboral el de los días con inclemencias meteorológicas. Por convenio, en la recolección citrícola el capazo de fruta se paga a 1,20 euros pero incluye solo el traslado desde el árbol al camión. Sin embargo, las víctimas de esta red debían también subir y apilar las cajas en el vehículo, una labor que compete a cuadrillas diferentes.

También se les ofreció el cobro del salario en metálico, pero finalmente eran obligados a abrir una cuenta corriente a la que supuestamente transferirían la nómina. El matrimonio que lideraba la red actuaba como mediador entre los temporeros y la entidad bancaria, y aprovechando el desconocimiento del idioma de los trabajadores, facilitaban a la sucursal su propia dirección para recibir notificaciones y las tarjetas de crédito y débito contratadas por las víctimas. “Todo ello permitía al matrimonio retirar a su antojo el dinero ingresado por las empresas de trabajo temporal en las cuentas corrientes de los trabajadores en concepto de nóminas, que son las que posteriormente contratarían legalmente a las víctimas”, apuntan desde el cuerpo de seguridad.

Una vez que tenían el control de ese dinero, remitían la mayor parte del mismo a su país de origen para blanquearlo. Mientras, a las víctimas les pagaban en metálico “cantidades irrisorias”, descontándoles también sumas “totalmente desproporcionadas” en conceptos de deudas contraídas por los temporeros, que los mismos nunca llegaban a entender.