Telefónica cifra en 1.552 millones las deducciones fiscales bajo litigio

Telefónica ha cifrado en 1.552 millones de euros el impacto positivo acumulado que ha tenido en sus cuentas las deducciones fiscales que se ha aplicado entre 2004 y el cierre de 2019 por la compra de empresas extranjeras. Unas deducciones que han sido cuestionadas por la Comisión Europea que las considera ayudas ilegales del Estado y que están pendientes de varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia Europeo. Hacienda también reclama parte de esas deducciones aunque nunca ha detallado el expediente que se sigue contra la operadora por esta causa.

Se trata de las deducciones aplicadas en las correspondientes liquidaciones del impuesto sobre sociedades entre 2004 y 2019 por la amortización de los fondos de comercio (diferencia entre el precio pagado por una empresa y su valor en libros) procedentes de sus inversiones en la compra de la británica O2, las operadoras latinoamericanas BellSouth y Colombia Telecom (anteriores a 21 de diciembre de 2007) y la brasileña Vivo (adquirida en 2010), según consta en el informe financiero anual de 2019 que la operadora ha registrado en la CNMV junto a sus resultados.

Bajo el Gobierno de José María Aznar se introdujo el 1 de enero de 2002 un artículo que regulaba la posibilidad que las empresas españolas se dedujeran fiscalmente la amortización del fondo de comercio financiero generado en la adquisición de compañías extranjeras, que podría amortizarse fiscalmente en 20 años, a razón del 5% anual. No obstante, en 2011 y 2013 se modificó esta norma, y se redujo el importe de la amortización del fondo de comercio fiscalmente deducible del impuesto de sociedades del 5% al 1% para los ejercicios 2011 a 2015. El efecto de la medida fue temporal, porque a las empresas se les permitía recuperar el 4% no amortizado durante 5 años (20% en total) ampliando el periodo de deducción desde los 20 años iniciales hasta 25 años.

En relación con este incentivo fiscal, la Comisión Europea ha abierto en los últimos años tres expedientes contra el Estado español al considerar que este beneficio fiscal podría constituir una ayuda de Estado. Aunque la propia Comisión reconoció la validez del incentivo fiscal para aquellos inversores que realizaron sus inversiones en compañías europeas con anterioridad al 21 de diciembre de 2007 en la primera decisión y al 21 de mayo de 2011 en la segunda decisión para inversiones en otros países, en el tercero de los expedientes, finalizado el 15 de octubre de 2014, se pone en duda la aplicabilidad del principio de confianza legítima en la aplicación del incentivo para las adquisiciones indirectas, cualquiera que haya sido la fecha de adquisición, según precisa Telefónica en su informe anual.

La operadora también recuerda que existen dudas en los tribunales españoles sobre la calificación del incentivo como una deducción y su mantenimiento en el caso de transmisión posterior.

Telefónica señala que, a la fecha de formulación de las cuentas anuales de 2019, las tres decisiones continúan pendientes de una resolución definitiva. Las dos primeras fueron inicialmente anuladas por dos sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, recurridas posteriormente en casación por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y remitidas de nuevo al Tribunal General, en diciembre de 2016, que resolvió el 15 de noviembre de 2018, confirmando la aplicabilidad de la confianza legítima, declarando, no obstante, el fondo de comercio como una ayuda de estado incompatible con el mercado interior. Esta última sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal de Justicia. A su vez, la tercera decisión continúa todavía pendiente de sentencia en primera instancia.

Las deducciones fiscales cuestionadas por la Comisión Europea afectan también a otras multinacionales españolas como banco Santander, Iberdrola, Abertis y la filial española de la aseguradora francesa AXA.

Pleito con Hacienda

Pese a que esas deducciones se aprobaron bajo los anteriores gobiernos de PP y PSOE, el actual gabinete de Pedro Sánchez reactivó el caso y, basándose en la decisión de la Comisión Europea, Hacienda reclama ahora la devolución de esas deducciones a la compañía que preside José María Álvarez-Pallete.

Así lo refleja el informe que señala que la Agencia Tributaria recuperó en marzo de 2019 la amortización de fondos de comercio por la adquisición indirecta de participaciones en compañías no residentes de los años 2005 a 2015, y en noviembre del mismo año ha iniciado el procedimiento de recuperación de los años 2016 a 2018.

El informe no detalla el importe devuelto por la empresa a Hacienda limitándose a señalar que el resultado de la liquidación, una vez compensados créditos fiscales pendientes de aplicar por el grupo (bases imponibles negativas y deducciones) ha supuesto un pago de 1,4 millones de euros. La efectiva recuperación de esas ayudas es provisional, pendiente de los resultados definitivos de los recursos planteados contra las tres decisiones.

Asimismo, el documento remitido a la CNMV aclara que sin perjuicio de que la compañía entiende que le es de aplicación el principio de confianza legítima en relación con este incentivo fiscal, el grupo ha decidido seguir provisionando el importe amortizado fiscalmente en relación al fondo de comercio por la compra de algunas sociedades, principalmente Vivo, por un total de 352 millones de euros a 31 de diciembre de 2019.