El juez obliga a Guindos a declarar en persona en el ‘caso Popular’

José Luis Calama, juez de instrucción de la Audiencia Nacional, ha rechazado las pretensiones de Luis de Guindos de declarar por escrito en la investigación que mantiene abierta por las presuntas irregularidades que acabaron con la quiebra del Banco Popular y su posterior venta al Banco Santander por un euro. En un auto fechado este jueves, el magistrado descarta la argumentación del actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), citado como testigo. Según arguyó el antiguo ministro de Economía con Mariano Rajoy (PP), este nuevo cargo le ha obligado a trasladarse a vivir a Fráncfort (Alemania) y, "teniendo en cuenta los tiempos necesarios para el desplazamiento" a Madrid, "tendría que desatender" sus responsabilidad profesionales "durante, al menos, un día".

"Por ello, con el objeto de evitar los perjuicios [de mi viaje], solicito que mi declaración como testigo pueda practicarse por medio de informe escrito", expuso De Guindos al juez, en base a un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé esta posibilidad para los exministros si el tema sobre el que versará el interrogatorio lo conocieron por "razón de su cargo". Un precepto que Calama rechaza en este caso, pues "instaura un privilegio procesal que debe ser objeto de interpretación restrictiva desde una óptica constitucional".

Así, "se mantiene la citación de Luis de Guindos para el próximo 2 de abril, pudiendo [él] sugerir otra fecha —entre marzo y junio de 2020—", apostilla el instructor en su auto, donde no cierra la puerta para que se acoja al derecho a declarar por escrito que le asiste. Eso sí, el magistrado le dice que, entonces, debe expresárselo "de forma taxativa".

Más información

Guindos: “A veces hay más política en un banco central que en los Gobiernos”

El pasado noviembre, el magistrado reactivó la investigación del caso Popular con una batería de citaciones. Además de la del exministro de Rajoy, llamó a declarar como testigos a Elvira Rodríguez, expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); Luis Linde, exgobernador del Banco de España cuando cayó el banco; y Sebastián Albella, que fue asesor del Popular a través del despacho Linklater y actualmente presidente de la CNMV.

Las pesquisas se centran en cómo se hizo la ampliación de capital de mayo de 2016, un año antes de que el banco pidiera la intervención del BCE porque no podía abrir las oficinas ante la falta de liquidez. Tras la quiebra, en julio de 2017, el Popular dejó a miles de accionistas y bonistas sin sus ahorros. Por lo que se han presentado multitud de querellas por fraude de inversores, falsedad de cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública contra los exconsejeros y la auditora PWC.