El juez del ‘caso Villarejo’ cita a PwC por su informe forense del BBVA

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha llamado a declarar el 20 de febrero a tres directivos de la auditora PwC para que declaren en la pieza del caso Tándem (también llamado caso Villarejo) que investiga la relación del BBVA con las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017. El juez afea a la auditora que no haya identificado a las personas que hicieron la investigación forense para el banco. 

Tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado cita al socio de PwC responsable del departamento de Forensic en España, Javier López Andreo, y al senior manager de Forensic, Alberto García, para preguntarles sobre dos informes preliminares: el del 22 de marzo de 2019 sobre los “procesos de selección, adjudicación y contratación de Cenyt por el BBVA” y el del 11 de julio de 2019 sobre “los procesos de facturación, contabilización y pago de los servicios prestados por Cenyt para el BBVA”.

El juez señala en una providencia, a la que tuvo acceso EL PAÍS, que la auditora “ni siquiera ha identificado a las personas que han llevado a cabo la investigación forensic”, por lo que decide citar a los máximos responsables del departamento de investigación forense de la entidad. Se trata de la primera diligencia que ordena el magistrado desde que se levantara el secreto de sumario de esta pieza del caso Tándem, la número 9, la semana pasada.

Andreo y la gerente de Forensic de PwC, Leyre Zayas, son citados en calidad de testigos-peritos el mismo día, un cuarto de hora más tarde, para dar explicaciones sobre el “Informe de situación relativo a las medidas adoptadas para la prevención y detección de delitos por el Grupo BBVA”. Este informe es un trabajo de consultoría que aborda precisamente lo que falló en el banco y que permitió contratar a un comisario en activo durante 13 años. Estos informes se realizan habitualmente desde que una reforma del Código Penal en 2010 estableció por primera vez la responsabilidad penal de las empresas como personas jurídicas. En 2015 otra reforma concretó más la responsabilidad penal de la persona jurídica y se establecieron eximentes y atenuantes cuando la empresa contara con controles adecuados.

La pieza 9 del caso Villarejo investiga la contratación por parte del BBVA de empresas del comisario jubilado (Cenyt y V&V Developments entre ellas) del año 2004 al 2017. La entidad bancaria les pagó facturas por valor de 10,3 millones de euros por distintos trabajos, según ha descubierto hasta ahora la investigación. El primer contrato de la entidad financiera con el Grupo Cenyt, el entramado societario que dirigía Villarejo, data del 2 de diciembre de 2004, cuando aún era policía en activo, según la Fiscalía Anticorrupción, que cree que el banco ya conocía entonces “la naturaleza ilícita de todas las contrataciones”.

Los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa concluyen que “las diligencias judiciales practicadas hasta la fecha, especialmente la documental incorporada, los informes forensic preliminares y las declaraciones del investigado Antonio Béjar vendrían corroborando la solidez de los indicios delictivos en la contratación y en los pagos a Cenyt”. En ella habrían participado de forma “coordinada” múltiples áreas del banco. 

Tras saltar a los medios de comunicación el escándalo de las contrataciones al comisario jubilado, el BBVA encargó a sus asesores legales, Garrigues y Uría, una investigación interna sobre la relación del banco con Villarejo. Estos a su vez contrataron con PwC un análisis forense. El despacho Garrigues ejerce a la vez la defensa del banco presidido por Carlos Torres, que está imputado por persona jurídica. Todos los hechos significativos que han encontrado los expertos, capitaneados por la exfiscal Helena Prieto, socia de Garrigues, así como los del despacho de Uría y Menéndez y de PwC, se han enviado a la Audiencia, según el BBVA. Fuentes de PwC apuntan que en el escrito enviado a la Audiencia Nacional con los primeros requerimientos constaba el nombre de Javier López Andreo, aunque no el del resto de empleados que se piden ahora.