La pequeña Talanga a orillas del río Ter

Girona se ha convertido en una pequeña Honduras. Los nacionales del país centroamericano son, según el último padrón municipal, el mayor colectivo de extranjeros de la ciudad gerundense: algo más de 5.300 empadronados; cinco de cada 100 habitantes, según los datos de la oficina estadística catalana (Idescat). En toda la provincia son casi los 13.000, con un patrón por género prácticamente idéntico al del conjunto del Estado: dos de cada tres son mujeres. La comunidad hondureña en Girona se ha multiplicado por más de 80 en los 20 últimos años, cuando apenas había 150 personas residiendo permanentemente a orillas del río Ter.

El origen de este curioso fenómeno migratorio se remonta a cuatro décadas atrás, cuando unas monjas de Tossa de Mar (La Selva) viajaron hasta Talanga (norte de la capital, Tegucigalpa) para contratar a mujeres que pudieran cuidar a ancianos. Cinco hondureñas llegaron a Tossa, pero sólo dos se quedaron: la primera fue Rafaelita Rivera, y 43 años después el boca a oreja y las reagrupaciones familiares han convertido a los nacionales de este país en una de las mayores comunidades en la provincia.

Las llegadas, claro, ya no se limitan a Talanga: llegan de prácticamente todos los rincones del país, pero en la Asociación Cultural de Hondureños en Girona se siguen refiriendo a la ciudad como “la pequeña Talanga”. “Las cifras de hondureños aquí son, en realidad, mucho mayores que las oficiales: hay mucha situación irregular”, subraya el presidente de la agrupación, Delmer Villanueva, ya con dos décadas a sus espaldas en la capital gerundense. Han sido tres las oleadas migratorias desde el país centroamericano: en 2000; en 2009 –a raíz del golpe de Estado-; y en 2017 con el “gran fraude electoral”, apunta Villanueva. Y, aunque las cosas van a mejor con el paso del tiempo, sigue siendo “muy difícil conseguir el permiso de residencia: para poder iniciar los trámites tienen que haber estado tres años empadronados y necesitan un contrato laboral”.

Saady Suazo tiene 33 años y se quedó en Honduras con su padre hasta 2015. Su madre y sus dos hermanos ya habían viajado a Girona y él se les sumó “por la inseguridad: estudiaba y trabajaba en un centro comercial y casi cada mes me asaltaban. Esperaba que la situación cambiara, pero al final vine”, explica. Ahora trabaja en una parada de verduras del mercado y toda la familia se ha trasladado a vivir a Salt porque los precios son más asequibles. “No pensamos irnos: no hay planes de vida en Honduras”. En su país, dice, los jóvenes solo tienen tres opciones: “hacerse pandillero, huir a EE UU o España o hacerse de los “guardianes de la patria”, que son la Policía Militar del Orden Público”. En Honduras, añade, la media de edad de la población es menor de 35 años porque “hay niñas de 11, 12 años criando a sus hijos y la esperanza de vida es de unos 60 años. No se construyen hospitales pero si batallones”.

Álex y su familia vivían en Tegucigalpa. Primero emigró su padre, luego su madre con su hermana mayor y finalmente, en 2006, él —tenía seis años— y su hermana pequeña. El destino elegido por la familia fue Girona: era donde estaba una de sus tías desde tres años antes, lo que permitió a sus padres encontrar trabajo con cierta facilidad. 14 años después, ha vuelto a ver a su familia por primera vez este verano. “Hay mucha delincuencia. No puedes estar del todo seguro: siempre hay ese miedo a que te pueda pasar algo”. Piensa volver alguna vez pero “no a vivir, porque tengo mi vida en Girona”. Sus padres sí lo harán, cuando sean mayores, como Susana, que llegó a España en 2007 después de que la empresa en la que trabajaba cerrase. Empezó a trabajar cuidando a una anciana y, cuando falleció, su hija le pidió que se quedase haciendo las tareas del hogar. “Me regularizaron la situación y ya tengo la doble nacionalidad”, dice como un gran logro. 13 años después sigue trabajando para mandar dinero a su país y solo ha regresado tres veces: en 2011, en 2017 y hace unos días. Su intención es volver cuando tenga “arreglado” todo el papeleo de la jubilación. Rubi García, 16 años en Girona —en los que ha trabajado prácticamente de todo: cuidando mayores y niños, limpiando, pintando...—, denuncia la “explotación laboral en el ámbito doméstico”: viven internas, “24 horas al día toda la semana por 600 euros”. Solo ha ido una vez a su país, hace dos años. Habían asesinado a su hermano.