Cuando al otro lado de la taquilla no queda nadie

Paradas de tren fantasma y apeaderos abandonados marcan el paisaje del valle de Sanabria. Esta comarca de Castilla y León, situada a 100 kilómetros al noroeste de Zamora, recibió a principios de este año la noticia del cierre del último punto de venta presencial de billetes de tren que quedaba. Desde aquel día la taquilla de la estación de Puebla de Sanabria ha permanecido con la persiana bajada, la calefacción de la sala de espera apagada pese a las bajas temperaturas y los baños cerrados. Un pequeño cartel, inadvertido en una de las puertas que conectan con el andén, ofrecía un número de teléfono como alternativa para adquirir billetes. Ni rastro de la máquina de autoventa que Renfe prometió en sustitución. El motivo de la empresa: su escaso uso.

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“No es solo el tren”, explica Raúl Barrado, alcalde de Malpartida de Plasencia, una localidad extremeña de 4.000 habitantes que también se vio afectada, como otro centenar de municipios. “Hay que sumarle el cierre de oficinas bancarias, centros de salud, tiendas de ropa, de comida…”. Negocios que se extinguen más rápido que sus usuarios ante la caída de clientes o se reducen a un servicio digital para reducir costes, como propuso Renfe. “La gente se está quedando sin otra alternativa que irse de aquí”, lamenta Barrado.

Al igual que la venta de billetes, la opción digital ha ganado peso también en el mundo bancario ante el cierre continuo de cajeros —seis oficinas al día en el tercer trimestre de 2019— que ya en 2017 había dejado a más de 1,2 millones de españoles sin un banco en su localidad. A falta de un dato más actualizado, todo apunta a que esa cifra ha aumentado. Más de 20.000 sucursales han desaparecido desde 2008, y más de la mitad de los municipios de España no tienen ni oficinas bancarias ni cajeros, según el Banco de España.

El móvil se ha convertido en la herramienta básica para gestionar las cuentas en estos lugares, pero la brecha digital lo convierte en un recurso inútil ante una población envejecida y sin recursos para aprender. “Llevamos años luchando para que se visualice que esto es un problema generalizado”, afirma Estefanía de Régil, fundadora del proyecto eMayores y responsable de formación de emancipaTic, asociación sin ánimo de lucro dedicada a instruir a personas adultas en el uso de las nuevas tecnologías. “Hay mucha gente de más de 60 años que solo sabe usar el móvil para llamar y mandar whatsapps. Otros no tienen ni smartphones y nadie les enseña a usar estos dispositivos”, cuenta desde su experiencia. “Ocurre en las grandes ciudades también, aunque es más frecuente en poblaciones rurales, donde faltan servicios y donde la alternativa digital no es que sea una opción, es que no les queda más remedio”.

Adif comenzó a restaurar el miércoles la venta presencial en el centenar de estaciones que, como Puebla, perdieron el servicio con el comienzo del año, ante las múltiples quejas de plataformas, sindicatos y alcaldes de los municipios afectados. Esta rectificación, de hecho, se convirtió en una de las exigencias clave para la formación del nuevo Gobierno, después de que el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, llevase dicha condición al entonces candidato a la presidencia Pedro Sánchez. “Es una demanda para toda España, no solo para Teruel. El tren es un servicio esencial y vertebra regiones del país muy empobrecidas y envejecidas”, afirma el partido, que ha solicitado que se realice un estudio de impacto y se busque una alternativa.

No obstante, el servicio seguirá “durante seis meses”, según Adif, hasta que Renfe termine de adaptarse a la privatización del tren. La compañía, única operadora de las vías hasta que en diciembre desembarquen la francesa SNFC y la italiana Trenitalia-Isla, ya advirtió que eliminará la venta presencial en las paradas con menos de 100 viajeros diarios, trasladándola a Correos, donde en muchas localidades abre solo una hora por la mañana.

Juan Eugenio Mena, extremeño de la plataforma en defensa del Tren Ruta de la Plata, asegura que el cierre no le sorprendió: “Con la excusa de que no somos rentables no hacen mas que recortar servicios y necesidades a los más desfavorecidos. A perro flaco, todo son pulgas”.

Uno de cada cuatro habitantes de la provincia de Zamora no tiene una sucursal bancaria en su localidad. En esa zona coincide la menor tasa de acceso al efectivo de España con la población más envejecida del país, con una edad media de 50,7 años, según el INE. Gestionar tu cuenta desde el móvil o realizar compras por Internet puede convertirse en una odisea en esta región.

“Lo de Internet aquí es africano”, resume el alcalde de Lubián, Felipe Lubián Lubián, cuyos apellidos denotan su origen en esta población zamorana de la Alta Sanabria. Mientras que la mayoría de España está a punto de entrar en la era del 5G, la conexión apenas llega a las localidades de su zona. Los datáfonos de los comercios fallan y muchos hosteleros no pueden ofrecer siquiera reservas online. Aun así, su pueblo ha sido de los más afortunados: al menos la sucursal que queda abre una vez a la semana, aunque la red cause continuos fallos que inutilizan las operaciones. En la misma comarca, el pueblo de Otero de Bodas no tiene ni cobertura telefónica desde hace mes y medio. La alternativa digital, directamente, no existe.

Al cierre de sucursales bancarias lo han seguido la desaparición de todo tipo de comercios. Casi 1,5 millones de personas viven en municipios donde no hay supermercados. La mayoría, según los datos de ASEDAS, la patronal de supermercados, vive en pueblos que no llegan a los 330 habitantes y donde uno de cada tres tiene más de 65 años.

La aldea asturiana de Carrandi es uno de estos ejemplos. Gabriel Sakc, de Cibervoluntarios, llegó a este antiguo pueblo minero perteneciente al concejo de Colunga el noviembre pasado como parte del proyecto de Expertclick, apoyado por la Asociación Española de Banca para combatir la brecha digital.

En esta pequeña población de montaña no quedan tiendas, gasolineras, ni farmacias. Hasta el servicio de misa ha desaparecido. Los autobuses pasan únicamente una vez por semana y la conexión a Internet funciona bien solo en el centro social, creado hace poco por los vecinos y en el que se concentra casi toda la actividad de la localidad. “Para este tipo de poblaciones, que están muy aisladas y sus habitantes tienen una alta dependencia, aprender a usar Internet es esencial. Muchos tienen problemas para desplazarse, y saber usar el móvil para pedir citas médicas o acceder a su pensión es vital. El problema es que la mayoría no sabe cómo.”, asegura Sakc.