La ‘doctrina Guedes’ pone Brasil en venta

El Gobierno brasileño quiere venderlo todo. No es una licencia periodística ni un intento de enganchar al lector: son palabras literales del zar económico de Jair Bolsonaro, el ultraliberal Paulo Guedes, y del propio secretario general de Privatizaciones, Salim Mattar, una figura cuya mera existencia es una declaración de intenciones. Más allá de la retórica, ya se han puesto manos a la obra, demostrando que van con todo en un plan privatizador iniciado en tiempos de Michel Temer, pero que ha ganado fuerza con el nacionalpopulista en el poder. El objetivo autofijado de recaudar 20.000 millones de dólares (17.860 millones de euros) en 2019 a través de la venta, parcial o total, de paquetes accionariales en empresas o activos titularidad del Estado se ha quedado corto: hasta finales de septiembre, las autoridades brasileñas se habían desecho de participaciones en compañías por más de 19.000 millones, había licitado infraestructuras por 6.000 millones y subastado derechos de exploración de materias primas —sobre todo, petróleo— por 12.000 millones. Aunque con más trabas de lo que le habría gustado a la nueva Administración, en el último trimestre del año —un periodo para el cual aún no hay datos disponibles— la cifra ha seguido engordando.

El argumentario para la venta de los activos públicos que quedan en manos del Estado descansa en dos pilares. El primero, fiscal: hacen falta más ingresos para reequilibrar las cuentas públicas y aminorar una deuda que se acerca peligrosamente al 80% del PIB. El segundo, el que más pesa, puramente ideológico: Guedes, fiel a la doctrina de la Escuela de Chicago, está plenamente abonado a la idea de que el sector privado es, por definición, mejor gestor que el Estado y esgrime que la venta de activos públicos disminuirá la corrupción. Las ansias privatizadoras, nacen, en boca del propio superministro de Economía, de la “disfuncionalidad” de las propias empresas públicas de la que culpabilizan al PT de Luiz Inácio Lula da Silva.

En el horizonte del mandatario ultraderechista emerge un objetivo: obtener más de 320.000 millones de dólares en privatizaciones y subastas de infraestructuras —de pozos petroleros a carreteras, aeropuertos y puertos— durante su mandato. Solo en el año recién estrenado, Mattar ha anunciado la voluntad del Gobierno de deshacerse de su participación en 120 empresas, un número que podría más que duplicarse de lograr el visto bueno del Senado —un extremo que no está nada claro, dada la controversia política y la resistencia social— para la venta de Electrobras y sus filiales. Más allá del holding eléctrico estatal, Guedes y su equipo han dado un paso al frente para la venta del puerto de Santos —el mayor de América del Sur y el segundo más importante de América Latina— y de sus acciones en la firma de telecomunicaciones Telebras. Una lista de la que ya formaban parte el servicio postal (Correios) o la Casa de la Moneda y a la que se acaba de sumar el 21% del gigante cárnico JBS, aún en manos del Estado a través del banco de desarrollo BNDES y que saldrá al mercado aprovechando su buen momento bursátil, en pleno auge exportador a China.

Fiel a la Escuela de Chicago, cree que el sector privado es el mejor gestor

El movimiento con JBS se parece mucho al que el Gobierno quiere llevar a cabo con la petrolera Petrobras: seguir deshaciéndose poco a poco de su posición accionarial, aún superior al 42%. En paralelo, el Congreso ya ha movido ficha para facilitar la entrada de dinero privado en el sector de depuración de aguas en un país en el que casi la mitad de la población, unos 100 millones de personas, aún no tienen acceso a este servicio básico. Son las señas de identidad con las que Bolsonaro quiere presentarse ante los inversores a finales de enero en el Foro de Davos, donde tratará de explotar la imagen de un Brasil que ha dejado atrás los días de la recesión y redoblará los guiños a los inversores.

Ante el bombo y platillo con el que el Gobierno está vendiendo el proceso, prudencia. “Sobre el papel se ve impresionante, pero la ejecución será muy difícil. Es una operación, sobre todo, de puertas afuera y conviene rebajar expectativas”, dice Aldo Musacchio, de la Universidad de Brandeis. “La experiencia nos demuestra que hay que tomarlo con un grano de sal”. En la misma línea, Lourdes Casanova, directora del Instituto de Mercados Emergentes de la Universidad de Cornell llama a la cautela y advierte de dos riesgos: la creación de monopolios privados, como ha sucedido en otros países latinoamericanos, y la debilitada capacidad negociadora de Brasil tras haberse autoimpuesto un objetivo concreto de privatizaciones. “Siempre hay que vender desde una posición fuerte. Cuando estás obligado y el comprador lo sabe, te presiona”. Tampoco lo ven claro la mayoría de brasileños: más de las dos terceras partes de los consultados en agosto por Datafolha se mostraba contrario al plan de privatizaciones.

La deuda pública aprieta y hay que obtener recursos de forma rápida

“Es cierto que el Gobierno ha logrado superar su objetivo de recaudación de este año, pero sobre todo por las concesiones, especialmente de petróleo y gas. La única opción de privatización total es Electrobras, para la que esperamos que logre la aprobación del Congreso en 2020 o 2021”, subraya Chris Garman, de Eurasia. “En resumen: el progreso ha sido positivo, pero lejos de lo que Guedes prometió en campaña”. Algo más optimista se muestra Alberto Chong, profesor de Economía en la Georgia State University y autor de Privatizaciones en América Latina: mitos y realidades, que prevé “un aumento relativamente inmediato en la calidad de los servicios públicos de la mayoría de empresas privatizadas, una mejora palpable en la cobertura de los servicios” y, eso sí, “el despido de trabajadores de las ex compañías estatales”.

De cumplirse finalmente las cifras proyectadas por Brasilia, no hay precedentes cercanos de una ola privatizadora de esta envergadura. Entre 1991 y 2001, el sector público transfirió el control de 119 empresas o participaciones en compañías. Obtuvo 68.000 millones de dólares y redujo su deuda en 18.000 millones, según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), unos números que convertían a la operación en una de las mayores transferencias de activos públicos de la historia. “Ahí sí se vendieron las joyas de la corona: Vale, Petrobras, Siderbras...”, destaca Musacchio. Pero incluso después de aquel movimiento, el gigante sudamericano tiene 418 empresas de titularidad pública, según la Fundación Getulio Vargas, uno de los mayores think tanks brasileños. Casi 140 de ellas están en manos del Gobierno central y un centenar, dentro del radar privatizador de Bolsonaro. Fiel a su estrategia de mano dura, su titular de Infraestructuras, Tarcísio Gomes de Freitas, ya ha dejado caer que en los casos en los que sea imposible vender se optará directamente por la liquidación. Todo sea por cumplir su misión: encoger al máximo el tamaño del Estado.