Sareb vende 75 viviendas a la Comunidad Valenciana
La tercera venta del banco malo en 2020 a una administración autonómica está valorada en 5 millones de euros y servirá para aumentar el parque público de la Comunidad
La Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) ha encontrado en este 2020 un nuevo perfil de cliente: las comunidades autónomas. Este lunes, el también conocido como banco malo ha firmado la tercera operación en lo que va de año con una Administración autonómica, y también la más importante hasta la fecha. La Comunidad Valenciana ha adquirido 75 viviendas, que pasarán a su parque público y social, en una transacción cuyo precio se acerca a los 5 millones de euros.
España es uno de los países europeos con menor porcentaje de vivienda social (un 2,5% del total del parque residencial, según estimaciones del Gobierno) y las comunidades autónomas son las principales encargadas de gestionar esa área, ya que tienen transferidas la mayoría de competencias en Vivienda. Aunque se están buscando fórmulas para la promoción de nuevos inmuebles, con colaboración público-privada, esta fórmula tiene el inconveniente de que tarda más tiempo en materializarse, frente a las adquisiciones que son inmediatas. En un momento en que la pandemia ha hecho más acuciantes aún las necesidades en vivienda, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana flexibilizó los fondos del plan estatal y aumentó las transferencias a las comunidades. No obstante, este tipo de operaciones son anteriores a la pandemia: en febrero, el País Vasco anunció la primera compra de viviendas públicas de una Administración autonómica a la Sareb y en mayo le siguió Canarias, aunque ambas transacciones (de 9 y 11 viviendas respectivamente) fueron muy inferiores en volumen a la anunciada ahora.
De las 75 viviendas adquiridas, 30 se encuentran en la provincia Castellón, 28 en la de Valencia y 11 están en Alicante y se hallan repartidas en 29 municipios. Conjuntamente suman un desembolso por parte de la Generalitat Valenciana de 4,93 millones. No obstante, según ha señalado la Conselleria de Vivienda en un comunicado, el sondeo para la compra fue mucho mayor. El banco malo ofreció 182 inmuebles por valor de casi 14 millones. Los técnicos de la consejería filtraron esa oferta y solicitaron presupuesto para las 75 viviendas finalmente adquiridas. La Sareb pedía inicialmente 5,98 millones, un importe que en las negociaciones se ha rebajado un 21%. Todas se sumarán al parque de viviendas de la Generalitat, que según el último catálogo publicado este mismo mes abarca 14.044 inmuebles destinados mayoritariamente al alquiler social.
Por su parte, Sareb ha destacado que “la Comunidad Valenciana es una de las regiones clave para el negocio”. El banco malo, llamado así porque es la sociedad a la que las entidades financieras transfirieron el ladrillo tóxico para limpiar sus balances tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, tiene en ese territorio más de 26.500 inmuebles (un 20% del total). Su valor neto, siempre según estimaciones de la sociedad con participación pública, supera los 2.100 millones de euros. Además tiene una cartera de préstamos (la mayoría de lo que transfirieron los bancos eran créditos de recuperación dudosa) valorada en 3.000 millones de euros.
Las comunidades autónomas no son el único cliente público que ha encontrado este año el banco malo. El Ayuntamiento de Madrid también le compró 16 viviendas y el de Badalona (Barcelona), dos. No obstante, sigue siendo más frecuente que las viviendas de la Sareb que engrosan los parques sociales lo hagan en régimen de cesión temporal. La sociedad creó para esto una cartera de viviendas que actualmente ronda los 10.000 inmuebles. En esta modalidad, por la que simplemente se cede el uso gratuito de la vivienda durante un tiempo, pero no su titularidad, se han firmado convenios con 13 comunidades autónomas y 26 ayuntamientos. No obstante, dichos acuerdos solo afectan a 2.819 casas, por lo que quedan 7.181 disponibles. Para Sareb, las cesiones temporales son una manera de aminorar el coste que generan los miles de viviendas que poseen (aunque no paguen alquiler, las Administraciones sí se hacen cargo de los gastos ordinarios del inmueble cedido).
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