Trabajo contempla facilitar la contratación indefinida y reforzar los convenios colectivos

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha diseñado un paquete de medidas con las que pretender abordar los principales problemas del mercado de trabajo como son la temporalidad excesiva, la precariedad contractual y la fragilidad del vínculo entre la empresa y el trabajador. El diseño de todas ellas ha sido el tema de conversación imperante durante los encuentros que ha mantenido este jueves en Bruselas la ministra Yolanda Díaz, que se ha reunido con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y con el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicholas Schmit. Según confirman desde Trabajo, las propuestas de Díaz, que recogen desde la apuesta por la implementación del contrato indefinido para la mayoría de supuestos laborales, hasta una modernización de la estructura de negociación colectiva ―que se sumarían a una nueva subida del salario mínimo interprofesional― han sido bien recibidas por ambos comisarios, y califican los contactos establecidos como “positivos”.

Las líneas maestras de la propuesta del Gobierno, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, inciden, en primera instancia, en la necesidad de simplificar el arco contractual vigente, reduciéndolo tan solo a tres figuras: el contrato indefinido, que debería convertirse “en la forma habitual de contratación, generalizando su uso por parte de las empresas convirtiéndolo en la norma general de la relación laboral entre la empresa y la persona trabajadora”; el temporal, “que debe estar debidamente justificado por necesidades temporales que impiden que sean realizados por indefinidos”; y los de formación, con los que “se debe facilitar la incorporación al trabajo de personas con falta de experiencia laboral”.

Para que la fórmula ordinaria se centre en los contratos indefinidos, Trabajo contempla revisar y simplificar las bonificaciones a la contratación, “que deben restringirse a colectivos muy definidos y específicos de personas con graves problemas de empleabilidad y siempre subvencionando a contratos indefinidos”. Además, para no caer de nuevo en la temporalidad abusiva, ha desarrollado un plan específico permanente para la Inspección de Trabajo, que establecerá sanciones si se producen incumplimientos de la norma. En esta línea, se pretende dotar a las empresas de mecanismo de flexibilización en la contratación, como los han sido los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante la pandemia, que se adapten a las variaciones de la demanda.

Refuerzo de los convenios colectivos

En la senda de este refuerzo individual se sitúan los planes referidos a los convenios colectivos ―en España existen en la actualidad 4.359 en vigor que se distribuyen en 3.347 de empresa y otros 1.012 convenios de ámbito superior―, que se pretenden reajustar para que se mantengan los derechos laborales pactados una vez finalice su vigencia; del mismo modo que se pretende una modernización de la regulación de la contratación y la subcontratación entre empresas que acabe con en el uso de la externalización productiva, “que solo busca la reducción de costes laborales, porque afecta negativamente a la competencia cualitativa entre empresas e incide también en el incremento de la precariedad laboral”.

En cuanto al empleo de las ayudas europeas para reformular las políticas activas de empleo con las que llevar a cabo la transformación del mercado y sus empresas, el plan del Gobierno pasa por dirigirlas hacia la readaptación del capital humano (reskilling), una formación continua que promueva una recualificación del empleado y una apuesta por la digitalización.