Patronales y sindicatos cargan contra el Gobierno por falta de sensibilidad con la automoción

El Gobierno tiene un nuevo incendio en la industria de la automoción. Hay irritación en patronales y sindicatos por el trato que creen recibir, al considerar que sus propuestas no están siendo escuchadas y se está poniendo en riesgo el futuro a medio plazo del sector. La sensación de falta de sensibilidad y diálogo gubernamental ha sido constante durante el actual mandato, pese a algunos acuerdos de mínimos, pero la negativa a evitar la subida del impuesto de matriculación en plena caída de ventas ha agrandado la brecha. El sector sopesa dar una respuesta conjunta.

Las ventas de vehículos en España acumulan una caída del 35% en lo que va de año y Faconauto, la patronal de concesionarios, considera que si el impuesto de matriculación sube como consecuencia de la entrada en vigor del WLTP —la nueva homologación de emisiones contaminantes que entró en vigor hace dos años y que en España lleva dos años con moratoria— se prolongará la reducción de matriculaciones el próximo año y, en consecuencia, la necesidad de reducir plantillas. PSA, el único grupo que se ha manifestado abiertamente contra el fin de la moratoria, ya ha advertido que el aumento medio de un 5% en el precio final de compra afectará a un 75% de los coches fabricados en España, lo que supone “un mensaje negativo para nuestra casa matriz de consecuencias imprevisibles”.

Ya no convence la posibilidad manifestada por el Gobierno de prorrogar hasta el año que viene como compensación el Plan Renove de ayudas a la compra de vehículos. El sector las considera un fiasco por la escasa cuantía por vehículo comprado —incentiva vender el coche en vez de desguazarlo, opinan—, por la necesidad de que cada cliente se gestione su subvención y por el impacto en la declaración de la renta. Apenas se ha consumido un 11% de los 250 millones que se pusieron a disposición.

Desde el Ministerio de Trabajo se defiende que el fin de la moratoria se conocía desde hace meses y que es una cuestión en la que participan diferentes ministerios. Pero defienden la existencia de una “comunicación fluida y constante” con el sector.

El del WLTP es el colofón a un enfado que se larva desde hace meses. Patronales y Gobierno pactaron en junio un plan de impulso en el que acordaban inversiones por valor de 3.750 millones de euros. Más allá de las ayudas para la renovación del envejecido parque automovilístico, la industria considera que no se ha llevado a cabo ninguna medida.

“Estamos muy preocupados por cómo se está llevando a la práctica. Encontramos diferentes obstáculos que impiden que podamos trabajar en la recuperación del sector a corto plazo y en su transformación a la industria a medio y largo plazo”, se queja el presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos, que hace especial hincapié en la subida que sufrirá el impuesto de matriculación a partir del 1 de enero si no se produce ningún cambio de última hora: “Esta subida ocurre en un momento crítico para la industria. No va a favorecer en absoluto la recuperación de la automoción, sino todo lo contrario. Es una medida difícil de entender y de asumir”. “No tiene sentido que, en una situación tan complicada, no den un año más como han hecho otros países europeos”, remacha Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, en referencia a Francia y Portugal.

Desde que en junio suscribieron el plan de rescate, tanto patronales como sindicatos se han considerado desatendidos y acusan al Gobierno de actuar de forma unilateral. El más claro ejemplo, señalan, es el plan comunicado por la ministra de Industria, Reyes Maroto, en el que se comprometía a que 10.000 millones de euros procedentes del mecanismo europeo de reactivación Next Generation fueran a la automoción. Fuentes del sector critican que una parte de esos recursos no son para la industria y que otros, pese a serlo, no tienen en cuenta las urgencias, el corto plazo.

Pero sobre todo duele que la presentación se hiciera en la segunda reunión de la Mesa de la automoción, un foro de diálogo que apenas se ha reunido dos veces en dos años y en el que todavía no han podido conversar sobre las necesidades del sector. “Si hubieran convocado el grupo de fiscalidad de la mesa de la automoción ahora nadie estaría enfadado”, afirma Joaquín Ferreira, responsable de motor de CC OO, el único de los consultados que no critica el fin de la moratoria del WLTP al considerar las necesidades financieras del Estado. “Podemos estar de acuerdo con el Gobierno en lo básico, pero no en cómo se implanta y es ahí donde tenemos que tener una discusión. Nos parece una barbaridad que el Ministerio de Transición Ecológica esté marcando las pautas de Industria”, se queja el secretario general de automoción de UGT-Fica, Jordi Carmona.