Embudos migratorios y desarrollo sostenible

El pacto de migración y asilo de la Unión Europea (UE), presentado el 23 de septiembre de 2020, está lejos de avanzar hacia la solución del problema migratorio al que se enfrenta la unión. Las llegadas de migrantes irregulares han continuado durante la pandemia, la cual ha complicado todavía más si cabe el complejo proceso de gestión de las demandas de asilo en los principales puntos de entrada. El contenido del pacto se centra en establecer un procedimiento exprés en frontera para acelerar la repatriación de quienes no tengan derecho a asilo y ofrece un menú “a la carta” a los países miembros de la UE. Se les propone elegir entre cooperar para reubicar migrantes, ofrecer ayuda logística en los puntos de entrada o colaborar financiando las expulsiones. El texto del acuerdo contiene 90 veces la palabra “retorno” pero sólo 14 la palabra “derechos”. A penas se incide en crear canales legales de migración y colaborar con los principales países de origen para fomentar vías seguras y amparadas por la ley para enviar y recibir migrantes.

El énfasis puesto en endurecer las reglas del juego contrasta con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), ampliamente venerados en las altas esferas políticas. En concreto, el ODS 10 aboga, entre otras cosas, por reducir la desigualdad entre países, contando entre sus metas con la 10.7: Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. La UE en su conjunto está fallando en comprometerse con esta meta. La realidad muestra que los populistas están utilizando la migración internacional como arma política, apelando al temor de las comunidades ante el cambio y minimizando los potenciales beneficios que esta genera.

La creencia de que los refugiados son una carga financiera para las arcas del Estado ha sido desmentida en un estudio publicado en Science Advances en 2018. Los autores, economistas del Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés, muestran que el gasto público generado por los demandantes de asilo es más que compensado por el incremento en ingresos fiscales neto de transferencias que los refugiados generan en el corto plazo. Asimismo, estudios académicos tienden a refutar la creencia popular de que estos son negativos. Además, los estudios indican que a pesar del riesgo de las devoluciones en caliente, la mayoría de los migrantes irregulares de África a Europa seguirán viajando en busca de sus aspiraciones. Los que consiguen un trabajo envían un tercio de sus ingresos a sus familiares, contribuyendo así al desarrollo económico en los países de origen.

Por tanto, cabría plantearse vías de acción que se centren menos en las políticas de detención y repatriación y más en la importancia de integrar la migración en los planes de desarrollo de los países de origen de los migrantes y en los planes de ayuda y cooperación de los países receptores. La Oficina de Crisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), propone tres campos de acción para compatibilizar la migración y el desarrollo sostenible. Primero, se requiere financiación y cooperación para abordar los factores estructurales en los países de origen que empujan a las personas a emigrar. En segundo lugar, se hace necesario facilitar la integración de los migrantes de forma ordenada, segura y regulada para transformarla en una ganancia productiva para las comunidades de acogida. Por ejemplo, creando más visados para cubrir las necesidades del mercado laboral en los países de la UE. Finalmente, es imprescindible conectar a las generaciones jóvenes invirtiendo en nuevas tecnologías que les permitan desarrollar capacidades y ser globalmente competitivos. Así se incrementarán sus opciones y se evitará que la migración sea la única vía de escape. El papel de las diásporas y de la ayuda al desarrollo puede ser crucial en este sentido. Un ejemplo práctico es la estrategia de la agencia Suiza de cooperación y desarrollo en Moldavia, la cual proporciona, para el periodo 2018-2021, asistencia técnica y financiera en tres áreas prioritarias: gobernanza local, salud y empleo.

El camino que queda por recorrer hacia una migración sostenible debe implicar no solo a los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales, sino también a los gobiernos nacionales y las comunidades afectadas en origen y destino. Ello contribuirá a generar un marco legal para la cohesión social, cultural y económica que sea compatible con el desarrollo económico y no deje en el olvido a los más desfavorecidos y vulnerables. El papel que está jugando la UE debería ser reconducido hacia la senda de los ODS.

Inmaculada Martínez-Zarzoso es profesora de las universidades Göttingen y Jaume I.