La Inspección de Trabajo obliga a Amazon a dar de alta a 4.000 falsos autónomos

El gigante del comercio electrónico tendrá que pagar unos seis millones de euros por cotizaciones impagadas

Vista general de los almacenes de Amazon en Madrid. Esta campaña de Navidad trabajan para la empresa en España 2.600 empleados, 1.000 más que la campaña de Navidad de 2015.
Vista general de los almacenes de Amazon en Madrid. Esta campaña de Navidad trabajan para la empresa en España 2.600 empleados, 1.000 más que la campaña de Navidad de 2015.Álvaro García

La Inspección de Trabajo ha obligado a Amazon a dar de alta a 4.056 repartidores que el gigante de comercio digital tenía trabajando en Madrid y Barcelona como falsos autónomos, según fuentes conocedoras de los expedientes y del sindicato UGT. Además, la Administración le reclama a la empresa 6,16 millones de euros por las cotizaciones impagadas durante este tiempo.

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Spain’s Labor Inspectorate forces Amazon to give 4,000 false freelancers work contracts

La batalla contra los falsos autónomos se ha convertido en uno de los elementos más importantes de las actuaciones de la Inspección en los últimos años. La más sonada, sin duda, ha sido la de los expedientes que se han levantado contra Deliveroo y Glovo en muchas ciudades españolas por recurrir a este modelo laboral en lugar de contratar a los repartidores (riders, en la jerga del sector). También Amazon ha recurrido a este tipo de trabajadores y ha sido aquí donde ha llegado el golpe de la Inspección.

Las actuaciones de la Inspección de Trabajo se remontan a finales de 2017 y han continuado hasta principios de 2020. Se dividen en tres expedientes que afectan a dos filiales del gigante del comercio electrónico en España: Amazon Spain Fullfillment y Amazon Road Transport. En el caso de la primera filial, la cifra de falsos autónomos que detecta la Inspección ascienden a unos 3.261, entre Madrid y Barcelona, por los que reclama más de 5,16 millones. En la segunda firma, las actuaciones solo se habrían dado hasta ahora en Barcelona; en ellas los trabajadores afectados han sido 805 y la cantidad reclamada casi un millón.

“Estamos en completo desacuerdo con la resolución y presentaremos una apelación. Asimismo, estamos cooperando plenamente con las autoridades laborales en su investigación”, ha señalado la empresa a este periódico. “Desde Amazon, estamos orgullosos de poder ofrecer una amplia variedad de oportunidades en toda España en la red de distribución, incluyendo un pequeño porcentaje de autónomos que colaboran con nosotros repartiendo paquetes de forma independiente, con la opción y la flexibilidad de realizar entregas en las franjas horarias que mejor les convengan y obtener así ingresos adicionales”, han añadido.

Esta decisión llega unas semanas después de que el Tribunal Supremo zanjara el debate sobre si los riders son o no asalariados. La sentencia del alto tribunal, partiendo del caso de un repartidor de Glovo, señalaba que en ese caso la empresa “no se limita a prestar un servicio electrónico de intermediación consistente en poner en contacto a consumidores (los clientes) y auténticos trabajadores autónomos, sino que realiza una labor de coordinación y organización del servicio productivo”. Esta afirmación ha dado pie entre los juristas a señalar que ese fallo va más allá del caso concreto de Glovo.

A estas actuaciones de la Inspección sobre Amazon, hay que sumar las demandas que presentó el sindicato UGT contra la empresa estadounidense en Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao y, la última, en Zaragoza. Ahora la central que dirige Pepe Álvarez, tras la sentencia del Supremo, ha solicitado que se lleve a cabo “una actuación generalizada para acabar con los incumplimientos de dicha normativa y se garantice la aplicación del convenio colectivo correspondiente a la actividad de tales empresas”.

Para acotar este recurso a autónomos que, según la Inspección, deberían ser asalariados, el Ministerio de Trabajo ha anunciado una nueva regulación que clarifique los límites entre ambos tipos de trabajadores, especialmente en lo referente a quienes trabajan en las plataformas digitales. UGT, en cambio, no ve necesaria esta nueva regulación, ya que defiende que “la normativa actual es herramienta suficiente para evitar el fraude laboral, de manera que una nueva regulación solo permitiría que las plataformas pudieran influir en el poder legislativo para conseguir las modificaciones necesarias para consolidar un modelo sin derechos laborales y sin aportar a Seguridad Social”.

Sobre la firma

Manuel V. Gómez

Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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