Los trabajadores de Abengoa piden al Gobierno andaluz el dinero prometido para evitar la liquidación de la empresa

El tiempo se echa encima y los trabajadores de Abengoa no pueden aguantar más. Después de meses sin cobrar su nómina, 1.100 empleados del Campus de Palmas Altas (Sevilla), sede de la multinacional sevillana, han sido llamados a una huelga de trabajo este viernes, convocada por el sindicato UGT. A mediodía, cientos de empleados se han concentrado frente al Palacio de San Telmo de Sevilla, sede la Presidencia de la Junta de Andalucía, para visibilizar su penosa situación. Entre pancartas y cánticos han pedido al Ejecutivo autónomo los 20 millones necesarios, a los que se había comprometido hace tres meses, para evitar la quiebra de la empresa. El próximo jueves 15 de octubre expira el último plazo que Abengoa se puso para ejecutar su nuevo rescate financiero.

“¡Abengoa, solución!”, cantaban los manifestantes. La concentración en San Telmo tenía un objetivo: reclamar a la Junta de Andalucía el dinero necesario para que la empresa pueda subsistir y, con ella, todos los empleos en juego. El secretario general de UGT-FICA, Manuel Ponce, ha manifestado que “la compañía ha dicho por activa y por pasiva que si no consigue el aval de la Junta no podría llevar a cabo el plan de refinanciación, y eso hace peligrar la supervivencia de la compañía y de todas las sociedades”. “No podemos esperar a que pase lo que ha ocurrido en el turismo, en la hostelería. Entendemos que la Junta tiene que dar un pase adelante”, ha añadido.

Una trabajadora de la empresa, que prefiere no dar su nombre para evitar significarse, es consciente de la dificultad del proceso. “Yo entiendo que habrá más empresas en la misma situación, es complicado. Es una pena porque es una empresa muy grande. Todavía tenemos cosas punteras. Lo poco que había de I+D en Sevilla se perdería”. Y añade: “El mercado laboral con el tema covid está muy parado. No veo que con el cierre yo tuviera una fácil incorporación”.

Juan Antonio Caravaca, secretario general del sindicato Comisiones Obreras en Sevilla, ha subrayado durante su discurso a los asistentes que “no es de recibo que el Gobierno andaluz, con el argumento endeble de que no encuentra el procedimiento adecuado para encaminar esta ayuda publica, ponga en riesgo todo este empleo”. “Sería un crimen que la Junta diera la espalda a esta situación”, ha sentenciado. Según los sindicatos la concentración ha sido todo un “éxito” y esperan presionar a la Junta para que tenga la “sensibilidad” para llevar a cabo el rescate.

La huelga de este viernes se ha extendido de las ocho a las 13.30 en el centro de trabajo Palmas Almas. Ponce ha afirmado que, según sus delegados, las pagas restantes de agosto y parte de septiembre se han ingresado a lo largo de este viernes. Los 1.100 trabajadores representados por UGT pertenecen a las cinco sociedades del grupo: Abengoa Abenewco 1 SA, Abengoa Agua SA, Abengoa Energía SA, Abengoa Operation and Maintenance SA, y Simona IT SA.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, argumentó el pasado jueves durante la sesión de control en el Parlamento de Andalucía que “los problemas de Abengoa son de muy atrás, tal vez de una mala gestión”. Además, calificó de “trabajo encomiable” el realizado por los actuales gestores, y afirmó que la Cámara de Cuentas ha subrayado que en 2018 se constataron 120 millones de euros en avales de la Junta a empresas ejecutados y fallidos.

Las distintas filiales de Abengoa emplean a 13.000 personas, 2.500 de ellas en España, de los que el 80% trabajan en Andalucía. A finales del pasado marzo, en pleno estallido de la crisis del coronavirus, la compañía inició un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para en torno al 30% de su plantilla en España y para aproximadamente el 15% de sus empleados en el resto de países donde está presente, debido al impacto en su actividad por la pandemia. Desde que la compañía entrara en un preconcurso de acreedores en 2017, su plantilla ha sufrido ERTE continuados, retrasos en el pago de salarios y en plena pandemia, la obligación de trabajar de forma presencial.