Prestaciones e impuestos redujeron un 40% la desigualdad de las rentas entre 2013 y 2017

Las prestaciones públicas y los impuestos han contribuido, entre 2013 y 2017, a reducir en un 40% las desigualdades en la distribución de la renta de los hogares, según un estudio publicado este lunes por Fedea. El peso de cada partida en esta rebaja no ha sido sin embargo el mismo: las prestaciones monetarias del Estado, con las pensiones a la cabeza, son las que más han contribuido al efecto redistributivo del sistema, mientras que el impacto de los tributos ha sido más limitado que el de otras prestaciones en especie. En concreto, el análisis incorpora los efectos del gasto sanitario y educativo.

Según Fedea, las prestaciones públicas monetarias redujeron las diferencias en las rentas primarias (antes de impuestos y prestaciones) en un 29% durante el lustro analizado. Los impuestos, por su parte, solo contribuyeron con un 2% adicional, principalmente gracias al IRPF, el tributo más progresivo del sistema, que compensa el efecto regresivo de otras figuras.

El gasto público en educación y sanidad ―que ha sido incluido en esta quinta edición del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones de Fedea entre los hogares españoles― rebajaron aún más los desniveles entre hogares, beneficiando más a los núcleos con menores ingresos, con entre un 8% y un 8,5% adicional de disminución en la desigualdad de las rentas primarias.

El efecto conjunto se recoge en el índice de Gini —un número entre 0 y 1 que mide la desigualdad, donde 0 es equidad—. Esta variable, antes de prestaciones e impuestos, se situó durante todo el periodo analizado en el entorno del 0,58, aunque experimentó un descenso a partir de 2015, cuando la economía ya había vuelto a rodar tras el embate de la Gran Recesión. Tras aplicar las prestaciones monetarias, los impuestos y finalmente los efectos del gasto sanitario y educativo, el índice se reduce hasta el 0,35.

El gasto sanitario, más progresivo que el educativo

El informe, firmado por Julio López Laborda, Jorge Onrubia y Carmen Marín, detalla que el efecto redistributivo del gasto sanitario es sensiblemente superior al del gasto educativo. La razón es que este último es menos progresivo y más reducido, ya que su impacto en la disminución de desigualdades se concentra casi exclusivamente en la educación no superior.

En concreto, entre 2013 y 2017, la tasa media efectiva del gasto público en educación ―es decir, el cociente entre el gasto público imputado a los hogares por esta prestación y su renta― se ha mantenido en un 6,7% de la renta bruta, beneficiando más a los hogares con menos capacidad: para los hogares del quintil más bajo este porcentaje se situó en el 20% en 2013 y cayó por debajo del 15% en 2017. Por el contrario, para las familias con las rentas más elevadas esta tasa fue del 2,3% en 2017. El informe concluye que el gasto público educativo ha reducido en conjunto la desigualdad en la distribución de la renta en un 3,97% en 2013, y un 2,42% en 2017.

También el gasto sanitario sigue la misma dinámica ―su tasa media efectiva decrece a medida que aumenta la renta bruta de los hogares―, pero su impacto en la reducción de las desigualdades es mucho más intenso. Según el estudio de Fedea, su tasa media efectiva se situó en el entorno del 38% para los hogares de renta más baja durante todo el periodo analizado, mientras que para las familias del percentil más alto estuvo por debajo del 2,5% de su renta bruta. En conjunto, esta prestación en especie “pasó de reducir en un 9,86% la desigualdad en la distribución de la renta neta en 2013 (después de impuestos y prestaciones monetarias), a un 10,08% en 2017”, reza el informe.

Si se considera el efecto conjunto de ambas prestaciones, la tasa media efectiva está en el entorno del 18% de la renta bruta en todo el periodo analizado. En cuanto a su impacto agregado en las diferencias entre hogares, el gasto público en educación y sanidad ha reducido la desigualdad, después de impuestos y prestaciones monetarias, en un 12,30% en 2013, porcentaje que se ha reducido hasta el 11,58% en 2017.