El ‘caso Bankia’: el crimen perfecto, un asesinato sin culpable

A lo largo de 442 páginas, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desgrana múltiples razones por las cuales los gestores de Bankia no han cometido falsedad contable en las cuentas de resultados de 2010 y marzo de 2011 ni estafa a los inversores en la salida a Bolsa.

Los magistrados sostienen que todo el proceso estuvo bajo el control de los supervisores. El Banco de España ejerció su supervisión de manera “exhaustiva”, y la entidad recibió el “beneplácito” de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del fondo de rescate del Estado, el FROB, y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que le dio el aprobado sin problemas en los exámenes de solvencia. Con este brillante expediente, todos aprobaron las cuentas de Bankia y su salida al parqué, que no ocultó sus riesgos a los inversores, en opinión de la Audiencia.

Sin embargo, el hecho cierto es que la entidad que presidía Rodrigo Rato no sobrevivió ni un año por sus propios medios: empezó a cotizar en julio de 2011 y en mayo de 2012 perdió el 83% de su valor bursátil y fue intervenida con 22.424 millones de euros de los contribuyentes.

Sin contar con el beneficio del sesgo retrospectivo, se debe reconocer la dificultad de la situación por la extrema volatilidad e incertidumbre sobre las perspectivas económicas en una crisis que estuvo a punto de hacer saltar por los aires a la moneda única. Pero Bankia no fue el único banco que vivió en aquellos tiempos revueltos y otros competidores no sucumbieron a la tormenta financiera.

Los magistrados también hablan de la inestabilidad de aquellos años pero insisten de manera reiterada en que todo el procedimiento de salida a Bolsa se hizo bien. Sin embargo, no explican por qué con esa aparente salud, bajo tanta vigilancia, el que fuera el tercer banco de España se hundió provocando un daño sin precedentes a la sociedad española. Es decir, la sentencia dice quién es inocente, pero no señala a los responsables del mayor fiasco de la crisis financiera española, aunque quizá lo hace de manera indirecta: fallaron los controladores.

Es probable que Bankia tuviera sus problemas antes de mayo de 2012. Resulta difícil explicarse cómo el propio Banco de España auspició la fusión de Caja Madrid con Bancaja, creando un banco sistémico que acumuló un riesgo en el ladrillo tóxico de dimensiones difíciles de digerir. Pero quizá más complicado es entender cómo el supervisor en abril de 2012, un mes antes de que saltara Rato de la presidencia, afirmó que era “viable” y aprobó sus planes de recapitalización.

Tampoco es fácil entender por qué el Gobierno socialista empujó a Bankia a Bolsa con lo que amplificó el problema colocando sus acciones entre 225.000 clientes. La táctica de reducir las exigencias de capital para los bancos que salieran a Bolsa y dejar en manos de los gestores la realización de provisiones se demostró fallida. La exigencia legal de sanear las inversiones inmobiliarias morosas, implantada después por el Gobierno del PP, y seguido ya en la legislación europea, se ha demostrado más eficaz.

La sentencia exculpatoria también deja en entredicho la fiabilidad de la contabilidad bancaria. Los magistrados afean a José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, que reformulara las cuenta de 2011 en mayo de 2012. Esta operación, que sirvió para elevar la petición de ayudas públicas, supuso transformar 300 millones de beneficios de Bankia en casi 3.000 millones de pérdidas. Y ambos eran legales, vienen a sostener los magistrados. Difícil de entender. “La contabilidad es un chicle”, dijo Francisco González, expresidente del BBVA, en la instrucción del juicio oral, aunque este asunto supuso un rife rafe entre Rato y Goirigolzarri.

La sentencia deja frentes abiertos sobre el caso Bankia. Incluso por qué el Tribunal Supremo determinó que la entidad debía devolver 1.900 millones de los contribuyentes a los que compraron sus acciones si les advirtieron de los riesgos y todo se había gestionado bien.

La banca es un negocio regulado porque capta el dinero de los contribuyentes y porque sus problemas se convierten en los de los contribuyentes en la mayor parte de las ocasiones. Por eso, los supervisores son la salvaguarda social. Y esta sentencia quizá complica más que los ciudadanos entiendan lo que pasó en Bankia, algo que puede abrir el debate sobre si hubo responsabilidad de los supervisores.

Los analistas y financieros más veteranos creen que el fiasco de Bankia fue un error en cadena de esos supervisores y de los gestores, que no aplicaron la prudencia bancaria que no se enseña en las universidades.

El 27 de julio de 2012, en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Irene Lozano, entonces diputada de UPyD, hoy presidenta del Consejo Superior de Deportes, definió el caso Bankia: “Ha sido el crimen perfecto, en el que todo parece un accidente y nadie es culpable”.