El Gobierno accede a abonar los retrasos en las nóminas de los funcionarios de la Administración General del Estado
El Ministerio de Función Pública acuerda incorporar a los 40.000 trabajadores que permanecían al margen del IV Convenio Único a pesar de su aprobación en 2019
Buenas noticias para los funcionarios y trabajadores públicos de la Administración General del Estado. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha acordado este lunes abonar los retrasos en las nóminas del personal laboral así como aplicar la subida de salario correspondiente recogida en el IV Convenio Único de la AGE, que había quedado paralizado desde 2019. La directora general de la Función Pública, Isabel Borrel, ha firmado este lunes un acuerdo con los sindicatos UGT y CSIF, que supondrá el encuadre dentro del nuevo marco que fija el convenio de cerca de 35.000 trabajadores que permanecían al margen. Si bien el acuerdo no se ratificará hasta el próximo jueves en el seno de la Comisión Negociadora del Convenio, desde CSIF esperan que “el pago de las cantidades adeudadas, correspondientes a 2019 y 2020, sean abonadas antes de que concluya el año”.
UGT, por su parte, también ha celebrado el acuerdo y a través de un comunicado se ha reafirmado en que los adeudos pendientes se llevarán a cabo durante el presente año. “En el propio texto del acuerdo se recoge literalmente ‘El abono de los importes económicos derivados del encuadramiento contenido en el presente acuerdo comenzará a aplicarse en el año 2020”, asegura. Igualmente, matiza que “de un total de 34.244 puestos de trabajo ocupados, hemos acordado el encuadramiento del 99,49% de los mismos, es decir 34.069 puestos [...] y se han dejado a estudio, con el compromiso de resolución en un plazo máximo de un mes, un total de 175 puestos de trabajo, lo que supone un 0,51% del total”.
Los retrasos en las nóminas de los trabajadores de la AGE orbitaban entre los 357 y 1.325 euros, según datos de los sindicatos, y que ante lo que consideraban una “injusticia” habían diseñado un calendario de protestas que ha quedado anulado tras alcanzar este acuerdo. El programa de movilizaciones, que contemplaba como epítome una manifestación el próximo 30 de septiembre frente al Ministerio de Hacienda, se amparaba en la paralización de la entrada en vigor de un convenio aprobado en 2019 y que parecía destinado a la congelación hasta la presentación de los Presupuestos para 2021.
Sin embargo, tras las 29 reuniones que se han llegado a cabo entre el Gobierno y representantes sindicales en los últimos meses y la amenaza de un paro por parte de este colectivo de trabajadores, se ha acordado activar el convenio a pesar de que todavía no existe un diseño definitivo de los presupuestos. “El acuerdo alcanzado es importante para una mejor gestión del personal en la AGE y avanzará en la ordenación del trabajo y en la prestación de servicios públicos de mayor calidad”, aseguran desde el ministerio.
Además de la actualización del convenio, Gobierno y sindicatos también han acordado la puesta en marcha de un concurso de personal abierto y permanente, la negociación de las condiciones de acceso a la jubilación parcial y los procesos de cambio de régimen jurídico del personal, así como una revisión del sistema complementario de retribuciones. Con este acuerdo se reduce la brecha salarial existente dentro de la AGE, y que los sindicatos venían denunciando en los últimos meses.
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