Una legión de abogados para la boda financiera del año en España

El tiempo dirá si es la primera de otras fusiones de gran calado, pero, de momento, el anuncio de la unión entre Bankia y Caixabank alumbra la creación de un gigante que modificará el mapa bancario español. “Casarte en tiempos difíciles hace más importante elegir la pareja correcta”, aseveró la semana pasada Gonzalo Cortázar, consejero delegado de Caixabank. Pero no solo importa el con quién, también el cómo. El camino hasta el altar está plagado de complicados preparativos legales y trámites ineludibles. Todos ellos, bajo la mirada de los organismos supervisores.

Una fusión es una operación de gran complejidad que exige la contratación de una legión de abogados, auditores y asesores financieros, que deben hacer un trabajo concienzudo y a medida para que ningún cabo suelto arruine el enlace. Las compañías suelen apoyarse en grandes despachos para liderar una integración de estas características porque su oferta cubre todas las especialidades del derecho implicadas en la operación. Desde los aspectos regulatorios y corporativos básicos, hasta los temas de competencia, pasando por cuestiones fiscales, laborales, inmobiliarias o de marca.

Por otro lado, la norma es que los bufetes que pilotan la operación (en este caso, Garrigues por la parte de Bankia y Uría Menéndez por la de Caixabank) no comenten absolutamente nada sobre la misma. La confidencialidad manda.

Aunque cada proyecto es distinto, como apunta Víctor Manchado, socio de Linklaters, “normalmente es el equipo de mercantil quien coordina todos los frentes”. La rapidez y precisión con la que se funciona exige, asimismo, de una colaboración estrecha con la asesoría jurídica del banco, “que es quien más sabe de su negocio y su situación”, agrega Fernando Torrente, socio de Allen & Overy. Podría decirse, concluye Fernando Mínguez, socio de Cuatrecasas, que “la cantidad de recursos legales que consume una fusión es proporcional a su magnitud”.

Sin embargo, como en el amor, una unión empresarial tiene sus etapas. Así, en la fase preparatoria “solo interviene un grupo muy reducido de personas de total confianza”, revela Torrente. Su labor, absolutamente confidencial, es asesorar a los presidentes o consejeros delegados en las negociaciones y en la toma de decisiones sobre los términos fundamentales del proyecto. En estas reuniones se definen asuntos espinosos como la estructura de la nueva entidad, su denominación, la configuración del consejo de administración, el reparto de sillas y la ecuación de canje; esto es, la proporción en que las acciones de una sociedad serán intercambiadas por las de la nueva entidad. Después debe darse forma al proyecto, para lo que se requiere completar un minucioso análisis de auditoría económica y financiera, proceso conocido como due diligence (diligencia debida). Como afirma Manchado, este examen previo “es importante para entender y valorar los negocios, diseñar la operación y conocer posibles efectos adversos”. Unos riesgos que, en la medida de lo posible, intentarán minimizarse.

Incluso, apunta Torrente, hay espacio para plantear “cómo de defensiva es la operación frente a un intento de OPA”. En este proceso, una de las cuestiones fundamentales es que la ecuación de canje refleje los valores reales de ambas compañías. “Es una regla de protección del accionista minoritario”, subraya Mínguez, con independencia de que haya uno mayoritario, como ocurre con el FROB en el caso de Bankia. Una vez atados los términos de la fusión, estos se plasman en el proyecto que firman los respectivos consejos de administración y que, en el caso de la futura Caixabank, que absorberá a Bankia, ya ha sido comunicado a la CNMV.

Calendario

Son los gestores y sus asesores quienes establecen el calendario de la operación, que culminará con la inscripción de la entidad combinada en el Registro Mercantil. Se abre entonces un proceso más o menos reglado en el que los abogados juegan un papel fundamental. Estos deberán asegurarse de que la documentación está lista en tiempo y forma para conseguir las autorizaciones o beneplácitos regulatorios necesarios, los cuales varían en función del caso. Aunque es previsible, apunta Manchado, “que antes de anunciar la fusión hayan existido contactos con los supervisores y estos sean ya conocedores de la intención de llevar a cabo la misma”.

Para Mínguez, al tratarse de un proceso muy formal “todo es importante”. La labor de los asesores es la de asegurar que todos los pasos son correctos y acordes a los requerimientos legales. Un trabajo ingente pero silencioso en el que, según el socio de Cuatrecasas, la aspiración del equipo jurídico “es que no se note que hemos estado ahí”. El tiempo es también un factor decisivo, añade Torrente, que explica que cualquier circunstancia sobrevenida puede impactar “en negativo o en positivo”.

La integración jurídica de las entidades que participan en una operación de este tipo implica, a su vez, otras cuestiones importantes. En toda fusión se producen redundancias que hace necesario un ajuste de plantillas y oficinas. En este escenario, los abogados pueden aportar soluciones creativas en los distintos asuntos que se planteen más allá de la propia integración societaria. Así, por ejemplo, en el ámbito laboral pueden sugerir fórmulas para evitar los despidos masivos, como serían planes de prejubilación.