Berlín alerta del riesgo de descarrilamiento del fondo europeo de reconstrucción

La gran fuerza del fondo de recuperación europeo estriba en su montante: 750.000 millones de euros para oxigenar una economía asfixiada por el virus. Pero también en la velocidad con la que se espera fluya ese dinero hacia unas capitales que en ciertos casos cuentan con escaso margen para aplicar estímulos o financiar la ingente factura de la pandemia. Sin embargo, las urgencias a pie de calle no se están viendo correspondidas institucionalmente. La aprobación del plan de reconstrucción es parte de un paquete mayor de 1,8 billones en el que también está el Presupuesto de la UE. Y el choque entre el Consejo y el Parlamento Europeo, con este último presionando para que los Gobiernos gasten más en investigación y desarrollo, proporcionen un calendario legal para los nuevos impuestos europeos, y vinculen la entrega de fondos al cumplimiento del Estado de derecho, está entorpeciendo las discusiones.

Así lo ha advertido en un comunicado Michael Clauss, embajador ante la UE de Alemania, país que ostenta la presidencia rotatoria. “Sin un acuerdo global rápido entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el marco financiero plurianual, corremos el riesgo de retrasar también el Fondo de Reconstrucción. El tiempo apremia; Europa debe cumplir su palabra de apoyar a las personas y regiones particularmente afectadas por la crisis del coronavirus lo antes posible”.

Para salir del atolladero, el diplomático germano, que reconoce estar “muy preocupado”, ha pedido negociar a tiempo completo. También los fines de semana. La lucha de poder es patente. El Parlamento Europeo insiste en que nada impide discutir por separado el fondo de recuperación, el presupuesto y los impuestos europeos. Pero el Consejo se niega en redondo y quiere que formen parte de un mismo paquete. Con la maratoniana negociación de verano para aprobar el plan de reconstrucción en la memoria, no quiere perturbar el frágil juego de equilibrios cuidadosamente tallado durante las cuatro noches de infarto de julio. Entonces, el pacto pareció saltar por los aires varias veces, y se culminó entrelazando el fondo de recuperación y el Presupuesto, con cesiones cruzadas en ambos paquetes para salvar el veto de Holanda o Hungría. El precio a pagar fue que el mecanismo para congelar fondos de países que socavan el Estado de derecho quedó descafeinado. Igual que el Presupuesto.

La Eurocámara empuja con fuerza tanto en esos dos frentes como en el de garantizar que se activen los impuestos para recaudar recursos propios —tasas como la del plástico, la digital, la del comercio de emisiones y la del carbono en frontera entre otras—. El Parlamento no quiere quedar relegado a un rol de mera comparsa que se limita a asentir a todo lo que digan los Estados. Cree que ya ha cedido lo suficiente al aceptar recortes en su posición inicial del Presupuesto. Y reclama incrementos en partidas que considera claves, como los programas Erasmus y Horizon. Pero el grupo de los frugales, encabezado por Holanda, no está dispuesto a aportar más dinero. Algo parecido sucede con el intento del Parlamento Europeo de castigar económicamente a Hungría o Polonia por sus incumplimientos en el Estado de derecho. Y sin su consentimiento, la maquinaria no puede ponerse en marcha.

La presidencia alemana de la UE no quiere reabrir un melón que costó muchos sudores cerrar, por lo que planea hacer concesiones en materia de Estado de derecho para calmar al Parlamento, pero las condiciones en ningún caso tendrán la contundencia de un artículo 7 encubierto. Si la Eurocámara no se aviene a razones, aún juega a favor de los Estados una baza fundamental: el reloj. ¿Cuánto tiempo están dispuestos los parlamentarios a bloquear la entrega de los urgentes fondos contra la pandemia? Países como España ya han incluido en sus planes presupuestarios 20.000 millones de euros provenientes de las ayudas europeas. E incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó esta semana a Bruselas para pedir que los desembolsos sean más rápidos. Cualquier retraso conllevaría, por tanto, fuertes presiones a sus eurodiputados por parte de las capitales más golpeadas por la pandemia para allanar el acuerdo cuanto antes.

“Me sorprende esta presión de la presidencia alemana”, confiesa la eurodiputada socialista Eider Gardiazabal, que forma parte del equipo negociador del Parlamento Europeo. “Son varios dosieres, por eso resulta tan complejo”. En su opinión, desvincular las negociaciones del Presupuesto y del plan de recuperación facilitaría las cosas: el primero va más avanzado y podría sacarse adelante en breve; el de recuperación, tan ansiado para dar alivio a las maltrechas economías, necesita aún un desarrollo. “No es solo decir que son 750.000 millones de euros, sino que hay que descender al detalle, ver cómo se va a gastar y cuáles son las grandes áreas en las que se quiere trabajar”. ¿Las conversaciones corren riesgo de descarrilar realmente? “Esto es solo una forma de presión del Consejo al Parlamento porque quieren que aprobemos lo de julio y ya. No podemos aceptarlo directamente. Ya dijimos que había que negociar con los 705 diputados elegidos democráticamente”.

En cuanto al otro escollo, la vinculación de los fondos al respeto al Estado de derecho, Gardiazabal explica que la posición del Parlamento Europeo es muy clara, pero también flexible y abierta a la discusión. Y este punto es precisamente el que podría desatascar todo. “Pero no podemos empezar a negociar porque el Consejo aún no tiene una posición común fijada”. A la espera de que la presidencia alemana se saque un último truco de la chistera, la eurodiputada recoge el guante lanzado por el embajador germano. “Estamos dispuestos a negociar. Incluso en fin de semana. No sería la primera vez. De hecho, lo típico es acabar a las siete de la mañana”.