La CNMC augura un proceso de fusiones como consecuencia de la pandemia

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha augurado este viernes la aceleración del proceso de concentraciones empresariales en España como consecuencia de la covid-19. Fernández, que hacía su primera comparecencia pública, ha subrayado además que el organismo que preside pondrá toda la vigilancia para que se garantice la competencia y los derechos de los consumidores.

“Somos conscientes de que en la situación postcovid de crisis las consolidaciones van a ser necesarias, pero, por supuesto, vamos a garantizar que la competencia siga existiendo y los consumidores no se vean afectados”, ha manifestado ante el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en un acto realizado este viernes en Madrid y retransmitido de forma telemática y en el que este ha apelado por la colaboración efectiva entre el ministerio y la CNMC.

Fernández ha reivindicado que “el funcionamiento eficiente de los mercados no debe entenderse como un objetivo en abstracto”, sino en los “beneficios reales” consecuencia del mismo y el bienestar de los consumidores. Por su parte, Garzón ha anunciado que modificará la definición de consumidor vulnerable, lo que seguramente supondrá cambiar las condiciones del bono social eléctrico. Además, ha llamado la atención sobre los “abusos y fraudes” cometidos con los teléfonos 902. Y ha asegurado que desde el ministerio se ha puesto en marcha “una consulta pública” con objeto de modificar la ley para prohibir estos teléfonos.

El total de consumidores vulnerables (descuento del 25% en la factura de electricidad) era de 677.309 en julio de 2020. Como consumidores vulnerables severos (descuento del 40% en la factura de electricidad) se contabilizaban 624.688, y en riesgo de exclusión social (no pagan factura de electricidad) un total de 6.348.

Fusión bancaria

En el trasfondo de las declaraciones de la responsable de la CNMC se ubica la fusión entre CaixaBank y Bankia, la primera desde la pandemia y en proceso de ajuste para dar lugar a un banco con 650.000 millones de activos, el primero a nivel nacional.

La Ley de Defensa de la Competencia plantea el procedimiento de control de concentraciones en dos fases. En la primera, de un máximo de un mes, se analizará la operación, y el consejo del organismo decidirá si la operación puede autorizarse o requiere un análisis más en profundidad. En este caso, se pone en marcha una segunda fase, que incluye la consulta a terceros interesados. Asimismo, el consejo puede imponer condiciones que complementen o, incluso, que sustituyan los compromisos propuestos por el comprador.

En ese sentido, la fusión de las dos entidades produce el solapamiento de parte de su red de oficinas (unas 1.400 están en el mismo distrito postal) por lo que Competencia puede imponer un repliegue en determinadas regiones donde cuentan con fuerte presencia (caso de Madrid o Comunidad Valenciana).