La Generalitat pide al Gobierno que salga de Bankia para evitar interferencias

El Gobierno catalán no quiere que el Estado, a través del Frob, se mantenga en el capital de la entidad resultante de la fusión entre CaixaBank y Bankia, que pretende crear la principal entidad bancaria que opere en el mercado bancario español. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamado en una entrevista a Efe que en el caso de que salga adelante la operación, “debería haber un calendario claro de cómo el Estado sale del accionariado”, que culminara con una salida lo más rápida posible, “para evitar cualquier sospecha de interferencias políticas”.

Está previsto que El Frob, actual propietario de más de un 60% de las acciones de Bankia mantenga un capital de en torno del 14% en la nueva entidad, lo que le convertiría en el segundo accionista tras la Fundación Bancaria La Caixa, que vería diluirse su actual 40% en CaixaBank hasta el 30%.

“No es normal ni usual que el Estado, en este caso el FROB, tenga una participación tan significativa en una entidad tan significativa”, sostiene Aragonès, que concluye que “probablemente las autoridades de la competencia y los supervisores bancarios estarán encima y tendrán que resolver esta anomalía”.

“El ritmo y los calendarios los va a marcar el regulador, pero para tener garantías de la máxima competencia y para evitar cualquier sospecha de interferencias políticas debería haber un calendario claro de cómo el Estado sale del accionariado de lo que podría ser el primer banco del Estado”, ha considerado el vicepresidente de la Generalitat.

A su entender, esa salida ordenada del Estado debería producirse “en el tiempo más rápido posible”. Preguntado por si teme interferencias políticas, ha respondido que “no debería ser así”, pero ha apuntado: “Por desgracia, hemos visto que en muchas empresas de sectores regulados acaba habiendo este tipo de interferencias con presencia de determinados expolíticos en los consejos de administración”.

La posición de la Generalitat es antagónica a la que mantiene, por ejemplo, Unidas Podemos, que no solo es partidaria de que el Estado continúe en Bankia para recuperar los recursos públicos inyectados en la anterior crisis y todavía no recuperados, sino que además está en contra de la fusión al entender que será otro paso en la concentración bancaria y la reducción de competencia.

La Cámara de Comercio de Barcelona, que forma parte del patronato de CaixaBank, ha manifestado su intención también de oponerse a la fusión, si bien su decisión tendrá poca repercusión por su escaso peso en la fundación y porque la decisión se tomará en el consejo de administración.