Podemos cuestiona la fusión pese el beneplácito del Ministerio de Economía

A la fusión entre CaixaBank y Bankia, que depende del visto bueno del fondo de rescate (FROB) —que tiene el 61,8% de Bankia— que controla el Ministerio de Asuntos Económicos, le salió ayer un enemigo interno: Unidas Podemos. La formación morada se opuso a la operación e incluso el ministro de Consumo, Alberto Garzón, reclamó más información. Los argumentos se centran sobre todo en la preocupación por que el Estado no recupere el dinero del rescate a Bankia. El ministerio de Nadia Calviño ha tutelado la operación, que tiene su beneplácito.

”Necesitamos más información del proyecto”, señaló ayer Garzón, aunque también precisó que la mejor manera de recuperar los recursos públicos que sirvieron para rescatar al grupo BFA-Bankia “es manteniendo la participación pública”, que se verá drásticamente recortada tras la fusión. Reaccionó así también el secretario de Derechos Sociales —dependiente de la vicepresidencia que pilota Pablo Iglesias— y responsable de temas económicos de Podemos, Nacho Álvarez. Su negativa a la operación fue más contundente todavía que la de Garzón, al considerar que el Estado “no debe abandonar su participación en el capital, reprivatizando la entidad”.

Además, Álvarez cargó contra la idea de crear el primer banco español a través de una fusión que profundizará la creación de un sector bancario más concentrado y oligopolístico que amenaza a la competencia de mercado. “De la última crisis salimos con una importante concentración bancaria. Seguir profundizando la oligopolización del sector financiero no es una buena noticia para la competencia del mercado, ni para la propia estabilidad del sector financiero”, señaló en Twitter.

El criterio de Unidas Podemos no coincide plenamente con el mensaje que lanzó el Ministerio de Economía en la madrugada del viernes, cuando trascendieron las negociaciones entre CaixaBank y Bankia. Entonces señaló que el FROB analizaría la eventual fusión y tendría en cuenta factores como la generación de valor y la optimización en la recuperación de las ayudas del rescate.

Mientras el socio de Gobierno ponía en duda los beneficios de la operación y llamaba a frenarla, el PP la consideraba “positiva” para la economía y para fortalecer al sector financiero, si bien reclamó “transparencia”, en palabras la vicesecretaria de acción sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez. La diputada también pidió proteger a clientes y trabajadores y urgió a la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, a que acudiera al Congreso para informar.

Anhelo catalán por la sede

El anunció volvió a mostrar el anhelo del Govern de la Generalitat de Cataluña de que CaixaBank vuelva a instalar su domicilio social en Barcelona, después de que en octubre de 2017, en pleno órdago independentista tras el referéncum, la entidad decidiera trasladarlo a Valencia. Tanto el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, como el nuevo consejero de Empresa de la Generalitat, Ramon Tremosa, expresaron de forma tibia el deseo del Govern de que CaixaBank, que si fructifica la fusión se convertiría en el mayor operador bancario de España, volviera a Barcelona. El primero dijo que sería “bueno”, mientras que el segundo utilizó un “me gustaría” mientras criticaba a Bankia por considerarla “una anomalía en el sector público europeo” por el control que ejerce el FROB en su capital.

Mientras, el presidente valenciano, Ximo Puig, destacó la operación como “un hito muy positivo para la Comunitat Valenciana” y señaló: “Lo lógico y lo razonable sería que la sede de la entidad resultante estuviera en la ciudad de Valencia”. Una afirmación a la que se le sumó la patronal de la comunidad.