El diálogo social se complica a la vuelta del verano

La negociación con sindicatos y empresarios fue donde el Gobierno encontró un terreno más abonado durante los meses más duros de la pandemia. Mientras en el Congreso le resultaba cada vez más complicado sacar adelante el estado de alarma, en el diálogo social ha logrado pactar las sucesivas prórrogas de los ERTE y firmar un acuerdo por el empleo que supuso todo un aval a las puertas de la cumbre europea donde se negoció el multimillonario fondo de reconstrucción.

Pero la agenda del diálogo social prevista para la vuelta de las vacaciones es más compleja y heterogénea. Agentes sociales y Gobierno ya no hablarán solo de medidas que amortigüen el impacto de la pandemia y reparto de ayudas. Ahora es el turno de regulaciones y reformas legales, temas en los que sindicatos y patronal no tienen por qué ir en la misma dirección, lo contrario —con los matices propios de cada parte— a lo que sucedía con los ERTE. Y eso en medio de un desplome económico de magnitudes desconocidas en tiempos de paz.

Estos son los temas, tras hablar con todas las partes, que están en la agenda para la vuelta de las vacaciones:

Teletrabajo. El mismo día que acabó la negociación de la última prórroga de los ERTE, el Gobierno puso sobre la mesa la regulación del teletrabajo, que ha vivido una edad de oro forzada durante el confinamiento. Las conversaciones avanzaron mucho en julio, pero en agosto la patronal pidió un tiempo muerto durante las vacaciones. El resto de participantes lo concedieron con mala gana y algo de sorna. La semana pasada, fuentes de la negociación confirmaron que se prevé una reunión para el próximo martes. “Está perfilado el texto. Habrá acuerdo a poco que la patronal tenga voluntad”, apunta Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC OO. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, también es optimista: “No debería tardar mucho”. En CEOE, por su parte, solo hacen una valoración descriptiva del estado de la negociación, admiten avances y creen que aún quedan “elementos de mejora”. Se trata, desde la perspectiva empresarial, de hacerlo atractivo a las dos partes. Uno de los escollos es la propia definición de teletrabajo, establecida para los que desarrollen esta modalidad un mínimo del 20% de la jornada, una definición que los empresarios quieren acotar más.

Nueva prórroga de los ERTE. El 30 de septiembre vence la última prórroga de los ERTE y ya está previsto un encuentro entre Gobierno y agentes sociales para el próximo viernes. Varios ministros se han mostrado partidarios de prolongarlos. Pero hay que bajar al detalle: por ejemplo, las deducciones en las cuotas a la Seguridad Social, que han sido el obstáculo en cada ronda. Y esta vez se añadirá uno nuevo: en las prestaciones ordinarias de desempleo, a partir del séptimo mes la paga baja del 70% de la base reguladora (un indicador próximo al salario) al 50%. Para la mayor parte de ERTE —los aprobados en marzo, abril y mayo, que cuentan con la ayuda extra aparejada— esa frontera se superaría a partir de octubre. Nadie entra en este punto, solo los sindicatos lo enuncian. También se apunta a otro frente del que siempre se ha hablado: el sector turístico.

“La estructura de la medida ya está armada, no creo que haya problemas ahí, pero hay que hablar del turismo en sentido amplio”, apunta Vicente, de CC OO. Ese “sentido amplio” es una expresión en la que caben hoteles y restaurantes, pero también comercio, empresas auxiliares e, incluso, zonas que han sufrido más el embate de la crisis económica del coronavirus, como Baleares.

Reforma laboral. Derogarla, cambiarla o dejarla como está se ha convertido en una nueva causa que divide a España. Y el debate en torno a esto puede subir la temperatura política —ya muy alta—. Así pasó en mayo, cuando los partidos que forman el Gobierno pactaron con Bildu derogarla “de manera íntegra”. Pero no es esa derogación total lo que se plantea a la vuelta del verano. Se trata, más bien, de retomar las conversaciones en los cuatro aspectos que se negociaban cuando estalló la pandemia. Por eso la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, dice que “habría que empezar por la reforma”. Habrá que despejar antes la incógnita de La Moncloa y el Ministerio de Economía. En Trabajo, en cambio, no hay duda alguna. El pacto de Gobierno es claro a favor de una derogación parcial por ahora, y ese es el argumento al que se remite. Pero la pandemia y el fondo de recuperación europeo han trastocado el escenario.

Hasta marzo se había avanzado en dos temas: devolver la prioridad del convenio sectorial frente al de empresa en condiciones económicas y la prórroga indefinida de los convenios hasta su renovación (ultraactividad). “El debate ya está hecho”, apunta Vicente, quien, como Antoñanzas, reconoce mucha distancia aún en otros puntos como la subcontratación y los mecanismos en los incumplimientos legales de convenios. CEOE no comenta este punto, aunque es conocida su postura: con la crisis, no es momento de tocar la reforma laboral.

‘Riders’ y falsos autónomos. La agenda de Trabajo señalaba que la propuesta de regulación para aclarar la condición de asalariados de los repartidores estaría presentada antes de agosto. No ha sido así a pesar de que la consulta pública del anteproyecto de ley echó a andar al mismo tiempo que la del teletrabajo. En los sindicatos no tienen dudas del motivo: la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se resiste a una nueva regulación, aunque las reiteradas sentencias judiciales consideran mayoritariamente que son falsos autónomos. Para los sindicatos, esta norma debe ser más ambiciosa de lo que plantea Trabajo. “Quedarse solo en los riders es insuficiente”, plantea Antoñanzas. “Si solo se va a hacer esto, se quedará cojo y el problema saldrá por otro sitio”, añade, Vicente, de CC OO.

Negociación colectiva y salarios. En 2020 finaliza el acuerdo de negociación colectiva que guía las conversaciones de convenios; el último se pactó en 2018. A esta mesa no está invitado el Gobierno, ya que se negocia a dos bandas. El último pretendía dar un impulso a los salarios, sobre todo a los más bajos, ya que reclamaba que el sueldo más bajo en convenio no fuera menor a 1.000 euros mensuales. Ese pacto —y las importantes subidas del salario mínimo en los tres últimos años— han dado un impulso muy significativo a los sueldos. Pero ahora el escenario ha cambiado radicalmente.

Los sindicatos —los únicos que responden a este tema— son conscientes de que la actual crisis no permite continuar la senda iniciada hace dos años. Pero tampoco conceden que haya que volver a la moderación salarial antes de empezar a negociar. Tanto Antoñanzas como Vicente apuntan que no todos los sectores están en la misma situación, que no es igual el turismo que la distribución. Sin embargo, la representante de CC OO sí admite un punto: “¿Qué entendemos por moderación? No es lo mismo pactar un aumento de sueldos del 2% si los precios suben más de ese porcentaje, que si caen como ahora”.

Además de estos temas, hay otros que también pueden abrirse a la vuelta de vacaciones. Como las pensiones. Aunque en este campo las negociaciones son aún más complicadas, porque no se habla a tres bandas (sindicatos, empresarios, Gobierno). En la reforma de la Seguridad Social hay que sumar al Pacto de Toledo y los diferentes grupos parlamentarios que lo componen.