Pepe Álvarez: “La gestión del ingreso mínimo vital es caótica y no lo cobra nadie todavía”

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha denunciado este miércoles que la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) es “caótica” y que “no lo cobra nadie todavía”, por lo que el sindicato va a poner en marcha una plataforma de gestión de reclamaciones que podría llevar a movilizaciones. Hasta el 7 de agosto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social había aprobado 3.966 solicitudes para percibir la ayuda, el 0,57 % del total, según recoge la respuesta a una consulta planteada por la Asociación Víctimas del Paro. Los datos que maneja UGT apuntan a que, de las 714.000 solicitudes presentadas, solo se han resuelto 32.629 (4.148 de forma positiva y 28.481 han sido rechazadas), además de las 75.000 reconocidas de oficio a los perceptores de la prestación familiar. Pero no tiene constancia de que nadie lo haya cobrado aún.

“Podríamos decir que no está funcionado”, lamenta Álvarez en una entrevista con EFE, al tiempo que califica de “inhumano” que haya personas sin ingresos desde marzo, un problema “insoportable” que relaciona con la saturación de la Administración. El secretario general ha avanzado que el sindicato creará una plataforma en su página web para que las personas que hayan solicitado la prestación puedan autorizar a UGT a presentar reclamaciones, una vía que también servirá “para organizar a las personas e ir a movilizaciones si es necesario”.

Con los rebrotes de coronavirus “la situación económica no va a mejorar en la medida que esperábamos”, admite, por lo que insta a adoptar medidas para mantener el tejido productivo y garantizar recursos a los colectivos vulnerables.

Prórroga de los ERTE

“Hoy nadie duda de que es necesario dar continuidad a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)” por fuerza mayor vinculados a la pandemia más allá de septiembre, asegura, una cuestión que se abordará en una próxima reunión de la comisión de seguimiento que celebrará en Baleares. Álvarez reclamará “que no se ponga límite en el mes de diciembre”, sino que en ese mes la comisión vuelva a evaluar si los trabajadores se han reincorporado a sus puestos de trabajo o es necesaria una nueva prórroga. También pedirá que no se rebaje la prestación de desempleo de los afectados por ERTE del 70 % al 50 % de su base reguladora cuando lleven seis meses en esa situación, como estaba previsto, porque “hay gente que se está quedando atrás”.

Álvarez no cree que prorrogar los ERTE sostenga empresas zombi, como apuntó el Banco de España ―”no sé qué valor tiene para un empresario y sus trabajadores mantener una empresa en ERTE si no tiene perspectivas de futuro”, razona―, sino que insta a vigilar los “bastantes casos” de fraude que existen.

Regulación del teletrabajo

Respecto a la negociación de la futura ley de teletrabajo, Álvarez sigue a la espera de la nueva propuesta del Gobierno y, aunque admite que podría no llegarse a un acuerdo con la patronal, cree que “la CEOE tiene que ser consciente de que el teletrabajo hay que regularlo” para dar estabilidad.

Más optimista se muestra sobre la puesta en marcha de un nuevo subsidio para las personas que han agotado su prestación, que espera que se materialice en forma de acuerdo o propuesta del Gobierno en septiembre y que incluya una “prestación formativa” para facilitar la reincorporación al mercado de trabajo.

De cara a la reincorporación a los puestos de trabajo, cree que las empresas, “en general, no” están preparadas para proteger a sus empleados frente al virus, por lo que defiende un acuerdo con la patronal que podría incluir el uso de la aplicación “Radar COVID” como propone la CEOE “con control sindical”.

En el nuevo curso político, el diálogo social tendrá que centrarse en el “cambio de modelo productivo” del país, que cuenta con la ventaja de que “ahora hay medios” procedentes de Europa y que, en su opinión, pasa por una transición ecológica, potenciar la industria y defender los sectores considerados estratégicos.

También insiste en derogar la reforma laboral de 2012, que “es incompatible” con el nuevo modelo productivo que se pretende implantar y que ha llevado a que algunos ciudadanos “no se van a hacer la prueba del covid porque si les sale positivo tienen miedo de su futuro laboral”.

A nivel interno, Álvarez aún no ha decidido si se presentará a la reelección de su cargo en el próximo congreso confederal de UGT, previsto para noviembre, y que finalmente se celebrará en mayo del próximo año en Valencia, un retraso que concuerda con el periodo de confinamiento.