Competencia impugna el último decreto del Gobierno vasco sobre los VTC

La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) impugnó en el pleno del pasado 30 de junio el último decreto del Gobierno vasco sobre los vehículos de transporte con conductor (VTC), según ha podido saber EL PAÍS. La CNMC ha declinado comentar la noticia. La normativa vasca, de diciembre de 2019, regulaba la prestación de este servicio con unas condiciones estrictas para compañías como Uber o Cabify y beneficiosas para el sector del taxi. La regulación permanece inactiva desde que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la suspendió justo en el momento antes de que fuese a entrar en vigor, de modo que se mantienen los mismos principios que rigen este servicio en toda España.

El Ejecutivo autonómico, conformado por una coalición entre PNV y PSE-EE, rechazó en febrero un requerimiento de modificación por parte de la CNMC sobre cuatro artículos. Asumió que era “el paso previo”, en palabras del portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, a que se presentara un recurso. La Autoridad Vasca de la Competencia también había solicitado modificar en el mismo sentido esta legislación, que ahora deberá analizar el Tribunal Contencioso-Administrativo. El TSJPV emitió una sentencia que paralizaba la normativa justo cuando iba a entrar en vigor, el pasado 21 de diciembre.

Los artículos de la normativa vasca que cuestionaba Competencia son el 2, el 3, el 4 y el 5, que aluden a la obligación de precontratar el servicio con al menos media hora de antelación y la prohibición de circular en busca de posibles usuarios. También exigían a los VTC permanecer estacionados con la disponibilidad visible y geolocalizar sus vehículos antes de ser contratados.

Erkoreka esgrimió entonces que esta legislación era “legítima, necesaria y proporcionada” a fin de mantener “un servicio público de interés general, como lo es el servicio de taxi, así como para alcanzar un equilibro entre los dos tipos de servicio de transporte urbano”.

Este Ejecutivo argumentó que al limitar determinadas capacidades al servicio de VTC se pretendía “evitar el fraude y mantener la pervivencia y estabilidad del servicio de taxi, que es un servicio público necesario y de interés general”.

Uber aterrizó en Bilbao a finales de 2019 con una veintena de coches. El teniente de alcalde y concejal de Transporte, Alfonso Gil, reaccionó acusando a la empresa de entrar “con nocturnidad y alevosía” y llegó a pronosticar que tendría “problemas” si actuaban como taxis. Fruto de su implantación se aceleraron los trámites del Gobierno vasco para elaborar el nuevo reglamento, que fue consensuado con el sector del taxi y que resultó en una legislación similar a la que se aprobó en ciudades como Barcelona y Valencia, donde Uber dejó de operar.

En el País Vasco sigue operando. El Gobierno vasco interpuso un recurso ante la decisión del Tribunal vasco de paralizar la regulación. Para este recurso “todavía se está aportando documentación complementaria”, según fuentes de la Consejería de Economía. La normativa que rige en Euskadi, por tanto, es la misma que en toda España, destacan estas mismas fuentes.

La decisión de Competencia se tomó en la sesión del pleno celebrado el pasado 30 de julio, que impugna así el decreto 200/2019 de 17 de diciembre de condiciones de prestación del servicio de arrendamiento de vehículos con conductor o conductora y con autorización de ámbito nacional (VTC-N) en la Comunidad Autónoma de Euskadi.