Un Gobierno zahorí

A España le urgen todos los recursos financieros imaginables. Llegarán. Pero el grueso de los subsidios europeos (los 140.000 millones del plan de recuperación) no estará disponible hasta 2021.

Y el Gobierno, ratificó el presidente Pedro Sánchez el martes, descarta emprender una gran reforma fiscal —ergo, todo alza sustantivo de impuestos— hasta la recuperación del nivel del PIB prepandemia: ¿2023? Lógico, dañaría la reactivación.

Así que ahora mismo solo le queda una opción: ejercer de zahorí, detectando todo euro disponible (como si fuera agua, metales o petróleo), rastrillando recursos, vaciando cajones para la estabilización, primero, y el relanzamiento, enseguida.

Ya está en la labor. El Tesoro despliega agilidad al endeudarse en los mercados: ha cubierto el 79,2% de la emisión a largo plazo que prevé para este año. Y a un tipo de interés formidable (por lo barato), el 0,283%, el martes. ¡Bendito BCE!

Para eso el Gobierno no necesita el apoyo de nadie. Pero sí le convendría —a todos— un respaldo político de amplio espectro en otras operaciones de rastreo.

España ha sido el país más madrugador en pedir crédito —20.0000 millones, también baratos— a la Comisión a cuenta del programa SURE, para financiar los ERTE y los apoyos a los autónomos, el “rescate a los trabajadores”, en resumen, sanchista.

Convendría que esta medida se dotase de trascendencia estructural, acelerando la consagración de la posibilidad permanente de acogerse a este mecanismo.

Y revolucionar las políticas activas de empleo, refundando los institutos públicos de empleo (estatales y autonómicos), ese fracaso cósmico en recolocar a los parados: ¿No merece esa tarea una sesión de la Conferencia de presidentes? El Gobierno zahorí no puede ir en esto solitario.

También ha necesitado apoyo externo para movilizar los 14.000 millones de euros procedentes de los superávit municipales y obligatoriamente embalsados en cuentas bancarias ociosas. Se podrá discutir el pacto alcanzado (5.000 millones a los municipios; 9.000 al Gobierno, relajo en la regla de gasto local y algunos fondos compensatorios), desde la perspectiva de su verdadera pertenencia, los variopintos contribuyentes locales.

Pero no desde la urgencia de habilitar un uso activo de ese dinero hasta ahora inerte. Lo ortodoxo habría sido una reforma constitucional exprés del artículo 135, añadiendo a la exigencia del equilibrio presupuestario municipal: “Salvo en circunstancias temporales y extraordinarias”. ¿La apoyaría la oposición?

¿Apoyaría acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que guarda 24.000 millones para España, ahorrándole —pues practica tipos de un tercio de los que logra España— 1.300 millones? ¿O embestiría tildando el préstamo de “rescate”?

Sánchez no debiera temblar por eso. Cuenta con un estratégico y rotundo apoyo exante, el de Ciudadanos. Su intelectual, Luis Garicano, patrocinó con brillantez la idea en este periódico (”No es un rescate”, 26/5/2020). ¿O acaso hay que rechazarlo por despreciable derechismo?