Cerco a los santuarios fiscales de las empresas

Reino Unido, Suiza, Luxemburgo y Países Bajos. Según la ONG Tax Justice Network, son los malos en la película de los tributos perdidos: entre los cuatro suman el 72% de los impuestos que en 2016 el resto del mundo dejó de cobrar a las multinacionales por su culpa. En total, 1,3 billones de dólares de beneficios corporativos que tributaron a tasas mínimas y fuera de los países donde se generaron.

La ONG británica de justicia impositiva publicó su análisis el pasado 8 de julio a partir de unos datos difundidos horas antes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Parecen malas noticias pero según Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, son el símbolo de un cambio radical y muy positivo: hasta este año, el detalle de la actividad y los beneficios que las multinacionales informan en cada país nunca se había hecho público.

Difundir esa información es fundamental para identificar a los países que se benefician de una competencia desleal en impuestos a costa de sus vecinos. “Aunque por ahora sea información agregada en la que aún no podemos ver el detalle de cada empresa, se trata del mayor paso hacia adelante en términos de transparencia impositiva de las multinacionales, por fin podemos empezar a vislumbrar la silueta de estos gorilas en la niebla”, explicó Cobham a EL PAÍS. “Ya no hay marcha atrás, una vez que identificas a los países que te están robando los impuestos, a ti y a todos los demás, crece la presión política para hacer algo, y la calidad de estos datos va a ser cada vez mejor”.

La presión comenzó hace siete años, cuando el G20 encargó a la OCDE que desarrollara un estándar para detallar las actividades de las multinacionales país por país. Uno de sus frutos es la negociación, liderada por la OCDE, de un impuesto digital internacional que grave a las grandes plataformas tecnológicas en los países donde generan sus ingresos, independientemente de las maniobras financieras que hagan para derivar sus beneficios hacia territorios de baja imposición.

Gran revolución

De materializarse, el impuesto digital significaría una revolución copernicana en la forma en que las multinacionales calculan sus impuestos. Hasta ahora, el principio contable ha sido permitir que las operaciones entre filiales de distintos países sean deducibles. Para calcular los beneficios de una filial en España, por ejemplo, hay que restar los gastos en que esa filial ha incurrido por bienes o servicios proporcionados por otra filial en otro país. Conocido como el principio de separate entity (entidad separada), entró en vigor a principios del siglo XX, cuando la globalización se limitaba casi exclusivamente al intercambio de bienes y a nadie se le había ocurrido aún lo de montar una matriz en Holanda para cobrarle al resto de filiales cantidades astronómicas en concepto de intereses, asesoramiento o derechos de marca.

La innovación conceptual que implica el impuesto digital de la OCDE ya se discutió y descartó hace 100 años, dice Cobham, y consiste en lo siguiente: considerar a la multinacional como una sola entidad contable para luego dividir sus beneficios totales entre los diferentes países que contribuyeron a generarlos, con las ventas o el número de empleados como posibles criterios de reparto.

En el caso concreto del impuesto digital, la intención de Europa es que Google o Facebook, por citar solo dos, contribuyan al fisco en función de sus ingresos en cada país. El problema de esta propuesta es que necesita cambios radicales en los tratados impositivos internacionales y para eso hace falta un gran acuerdo entre naciones. Como explicó a este diario Pascal Saint-Amans, responsable de las negociaciones en la OCDE, para llegar a ese entendimiento EE UU exigió que el impuesto no se limitara a las grandes plataformas tecnológicas, estadounidenses en su mayoría, y pidió que se incluyera en el tratado a todas las multinacionales con mecanismos similares para eludir su responsabilidad fiscal.

Según Saint-Amans, las capitales europeas accedieron porque entendieron que “algo había que ceder” y “que hacía falta una solución más amplia” pero, a pesar de ello, la negociación se estancó. En su opinión, por la presión que otras multinacionales estadounidenses ejercieron sobre el Gobierno de Donald Trump cuando de repente se vieron metidas en el mismo saco que Google. Habrá que esperar, dice Saint-Amans, a que EE UU celebre sus elecciones presidenciales para cerrar el acuerdo: “Es un poco frustrante porque no llegaremos a la solución a finales de año, como habíamos programado, pero vamos a seguir avanzando con los detalles y a tratar de tener terminado antes el acuerdo del pilar dos de la negociación”.

El pilar dos al que se refiere es el otro gran cambio que se está gestando en el sistema de imposición corporativa: un tipo mínimo global para gravar las ganancias de las empresas que en estos momentos de la negociación oscila en torno al 12,5%. En este caso, el acuerdo es más sencillo porque no hace falta convencer a los que se portan mal. Si Luxemburgo, por ejemplo, decidiera atraer a una empresa de origen español con un impuesto de sociedades del 10%, este pilar dos permitiría a la Agencia Tributaria en Madrid recaudar el 2,5% restante de los beneficios declarados en el Gran Ducado.

A la espera del acuerdo de la OCDE, Francia mantiene en suspenso la aplicación de su propio impuesto digital mientras en España un proyecto de ley similar está ahora en la Comisión de Hacienda del Congreso. Según el economista francés de la Universidad de Berkeley Emmanuel Saez, para que de verdad represente una amenaza a los paraísos fiscales el impuesto no puede limitarse a las grandes tecnológicas. “En El triunfo de la injusticia, el libro que Gabriel Zucman y yo publicamos en 2019, proponemos una solución bastante parecida a la de la OCDE pero aplicada a todos los sectores industriales”, sostiene.

Otro signo de cambio de época es el mensaje que la Comisión Europea envió este 15 de julio al Parlamento Europeo comunicándole que un artículo del tratado de funcionamiento de la Unión permite terminar con el dumping fiscal de varios países miembro sin que haga falta unanimidad.