El juez investiga supuestos pagos de Iberdrola a Villarejo a través de una empresa interpuesta

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, investiga el supuesto pago por parte de Iberdrola al comisario jubilado José Manuel Villarejo de, al menos, 337.000 euros a través de una empresa interpuesta, según revelan documentos del sumario a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Los investigadores sospechan que la compañía eléctrica giró en 2004 facturas a Castellana de Seguridad SA (Casesa), a la que subcontrataba trabajos de seguridad, para encubrir pagos al policía por sus servicios presuntamente ilegales.

Un informe interno de la propia Iberdrola de aquel año y uno reciente de la Agencia Tributaria apuntan en esa línea, según destaca la Fiscalía Anticorrupción en un escrito de febrero conocido ahora, tras levantarse el secreto de sumario. Este dinero sirvió presuntamente para pagar al comisario -en prisión desde noviembre de 2017- por el bautizado como Proyecto Arrow, que tenía como objetivo neutralizar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

El escrito de Anticorrupción destaca que, según las bases de datos de la Agencia Tributaria, Casesa recogió en su declaración de 2004 el pago a Cenyt de 256.360 euros y de otros 81.200 euros a Cenyt Data. La Fiscalía destaca que estos datos desmienten la versión dada por los dueños de Casesa en sede judicial, en la que siempre ha negado cualquier relación mercantil con las sociedades de Villarejo. Y, además, que confirma parte del contenido de un informe emitido por la Dirección de Administración, Control y Regulación de Iberdrola en diciembre de 2004.

Según este documento interno, la compañía eléctrica detectó entonces “facturas anómalas” de su departamento de seguridad corporativa. En concreto, hablaba de pagos a Casesa que, en realidad, no se correspondían con servicios prestados por esta compañía, sino por “un tercero a quien Iberdrola no puede pagar directamente”. Un exdirectivo de la compañía, José Manuel del Olmo, ha declarado en tres ocasiones como testigo ante el juez García-Castellón para ratificar el contenido de este informe y la supuesta existencia de un presunto circuito diseñado por la eléctrica para efectuar los pagos a Villarejo. En estas comparecencias, Del Olmo aseguró que parte de la cúpula de la eléctrica estaba al tanto del este sistema de facturas falsas. El magistrado ha pedido, a instancias de Anticorrupción, abundante documentación contable a Casesa, que esta compañía ya ha entregado, según fuentes jurídicas.

Este viernes, Iberdrola declinó comentar los datos del sumario conocidos ahora y se limitó a recalcar su colaboración con la justicia. Sobre la existencia de los pagos, fuentes de la compañía recordaron que Iberdrola ya admitió el pago, entre 2004 y 2017, de 17 facturas a Cenyt, la empresa de Villarejo, por un importe cercano a un millón de euros. Pero insisten en que la compañía no hizo pagos a Villarejo a través de una empresa interpuesta. Y añaden que la investigación interna no ha detectado más transferencias.