caso villarejo

Iberdrola reconoce que no ha encontrado toda la documentación relativa a Villarejo

La empresa descarta que pueda ser imputada y asegura que la contratación del comisario cumplió sus normas internas

Oficinas de Iberdrola.
Oficinas de Iberdrola.

Iberdrola asegura en una nota publicada este viernes en su página web que la investigación que encargó a PwC sobre la contratación con las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo no ha identificado ninguna conducta ilegal ni contraria a sus normas internas, definidas en su sistema de gobierno corporativo. La empresa reconoce, sin embargo, que no ha podido hallar toda la documentación relacionada con estos trabajos. Un ejemplo de ello es un pago de 52.200 euros a Cenyt, la principal compañía de Villarejo, del que no consta factura; y por tanto se desconoce qué servicios se retribuyeron con esa cantidad ni en qué fecha se prestaron.

La nota explica que la falta de documentación responde a varios motivos: “la naturaleza de los servicios prestados”, el tiempo transcurrido -la empresa señala que el plazo establecido legalmente para la conservación de la documentación es de seis años- y “la falta de colaboración de determinados exempleados”, sobre los que no ofrece más información. Iberdrola asegura que su unidad de cumplimiento contrató los servicios de PwC para realizar una investigación independiente, “sin supervisión ni control por parte de órganos internos o de abogados externos”. La eléctrica subraya así las diferencias con BBVA, que también encargó un informe forense a PwC, pero a través del despacho Garrigues, que les defiende de la causa penal. El BBVA está imputado como persona jurídica, a diferencia de Iberdrola, que únicamente tiene imputados a exdirectivos.

La eléctrica ha identificado 17 pagos a Cenyt, la principal empresa de Villarejo. De ellos, 14 pertenecen a Iberdrola y tres a Iberdrola Renovables. “Los pagos”, señala la empresa en la nota, aprobada en el consejo de administración celebrado el pasado 24 de febrero, “se han efectuado de conformidad con los procedimientos internos vigentes en el grupo en cada momento”. Este procedimiento consistía en que cada servicio y su correspondiente factura fueran aprobados “por persona debidamente autorizada en razón de la materia”. Posteriormente otra otro responsable (llamado controller) ajeno al solicitante debía dar el visto bueno. La nota añade que no hay pruebas ni indicios de que los servicios no fueran prestados.

Iberdrola no ha hecho público el informe forensic de PwC ni ha especificado si incluye limitaciones al alcance. La pieza separada que investiga la contratación de Villarejo por parte de Iberdrola dentro del conocido como caso Villarejo sigue bajo secreto de sumario. La nota de la compañía incluye un anexo con el concepto de los 17 pagos a Cenyt que constan en sus registros. En ellos no aparecen referencias directas a ninguno de los trabajos que supuestamente encargó la eléctrica al comisario. Según relata la compañía en la nota, a partir del 8 de octubre de 2019 se publicaron en los medios noticias referidas a supuestos encargos que describían contenidos o finalidades presuntamente ilegítimos. Ese mismo día, añade, se inició una investigación interna que todavía está en curso.

Los “supuestos encargos” son, según ha publicado El Confidencial, la operación Arrow (para eliminar la oposición municipal y de los ecologistas en la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz) y el espionaje al presidente de ACS y del Real Madrid Florentino Pérez para evitar el asalto de la constructora al consejo de administración de la eléctrica en 2009. Pérez se ha personado en la causa a raíz de estas informaciones. En el procedimiento consta también un documento interno que acusa a la dirección de la compañía, y en concreto a Ignacio Sánchez Galán, de ordenar espionajes y usar facturas falsas para pagar los encargos. En esta nota, Iberdrola no lo menciona, pero en otras ocasiones ha afirmado que le ha sido “imposible” localizar ningún rastro de ese documento. El firmante de ese documento, José Antonio del Olmo, ha declarado como testigo en la causa.

Iberdola asegura también en la nota que, “a esta fecha”, los hechos “no pueden considerarse jurídicamente relevantes”, es decir, que descarta ser imputada como persona jurídica. El impacto de lo conocido hasta ahora se circunscribe, añade, “al ámbito reputacional”.

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