Catarro como accidente laboral: la estafa de los 500.000 euros de un director en el puerto de Algeciras

Un catarro, una gastroenteritis o la picadura de una avispa mientras se está de caza difícilmente pueden considerarse accidente laboral. Pero justo así es como los camufló una trama de trabajadores del puerto de Algeciras para, supuestamente, estafar 500.000 euros a la Seguridad Social en apenas un año y cuatro meses. Los cinco investigados, entre los que se encuentra el director del centro de empleo de la estiba, están ahora acusados de un rosario de delitos que van desde el fraude y la falsedad documental al blanqueo de capitales, según ha informado la Policía Nacional en Cádiz.

Los investigadores de la denominada Operación Harpagón creen que el origen de la supuesta estafa se encuentra en el entramado “perfectamente organizado” creado por el director del Centro Portuario de Empleo (CPE), J. C. M. C.; con la colaboración estrecha del responsable del servicio médico de esta entidad, F. R. y la directora del centro médico portuario que gestionaba la aseguradora privada, R. S. Los tres han sido detenidos y puestos en libertad con cargos este miércoles, junto a otras dos personas más cuya identidad no ha trascendido y que figuran también como investigadas. Los cinco presuntamente colaboraron en la creación de una red de estafas, basadas en facturar a través de la mutua como accidentes de trabajo lo que eran contingencias comunes.

Tras esos supuestos accidentes laborales que remitían a la Seguridad Social se encontraban, en verdad, enfermedades como catarros, gastroenteritis o meteorismos de trabajadores que iban al centro médico portuario privado para tratarse de sus dolencias sin ser partícipes del engaño. “Facturaban y mezclaban todas las contingencias como profesionales, aunque no lo fueran. Con los datos que le daban, la mutua no podía darse cuenta. Tiene mecanismos de control por una declaración electrónica, pero a veces se hacían con retraso y eso facilitaba la trampa”, asegura una fuente conocedora del caso.

En esa confusión, los agentes han localizado la falsificación como contingencia profesional de la picadura de una avispa, pese a que el estibador declaró que se había producido fuera del horario laboral en un coto de caza. Además, incluían asistencias sanitarias que nunca se habían producido y que marcaron incluso en días festivos. También tiraron de la base de datos de empleados jubilados para justificar estas asistencias, como fue el caso del afectado por un tapón de cera en el oído. “Casi siempre eran accidentes sin baja”, puntualiza el conocedor del caso, dado que de esa forma el engaño era más sencillo.

Con el dinero que conseguían —a través de las mutuas— de la Seguridad Social, los investigados supuestamente buscaban hacer más rentable su centro médico. El CPE, de hecho, debía pagar unos 60.000 euros mensuales al seguro médico privado por el sostenimiento de este servicio, pero los investigadores detectaron que solo realizaron dos giros en un año y que el resto lo financiaban con esas contingencias pagadas como profesionales. “No es una cosa accidental ni un error, porque todo estaba perfectamente organizado para esto (…). Lo que hacían era sostener un servicio médico privado con dinero público”, añade la misma fuente.

El director del CPE se rodeó de personal de “su máxima confianza” —según sostiene la policía de la Comisaría de Algeciras— en una entidad participada por las principales empresas portuarias que funciona como una empresa de trabajo temporal que surte de estibadores a estas entidades. En ese centro tuvo incluso que contratar a personal administrativo para poder realizar presuntamente todo el volumen de facturas fraudulentas que necesitaba. Esa cantidad de documentación es en la que se ha basado una investigación “compleja” en el que han participado de forma coordinada la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), junto con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría de Algeciras (UDEF), apoyados por personal de la Policía Nacional adscritos a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Campo de Gibraltar (ORGA).

Aunque las pesquisas se han centrado en un lapso de un año y cuatro meses, la policía asegura que la actividad se estaba realizando desde 2014, por lo que la cantidad defraudada “podría triplicarse”. El volumen de la investigación ha obligado incluso a dividir la instrucción en dos juzgados. El de Instrucción Número 3 de Algeciras investiga a los cinco sospechosos por defraudación a la Seguridad Social, falsificación de documento mercantil, estafa y pertenencia a organización criminal. Por su parte, el 5 se encarga de de dirigir las pesquisas relacionadas con el supuesto delito de blanqueo que cometían al invertir lo estafado en pagar al seguro privado.