Atlantia cederá al Estado el control de sus autopistas en Italia

La concesionaria de autopistas italiana Atlantia, socia de ACS en la española Abertis, ha aceptado este miércoles reducir progresivamente su participación en su filial Autostrade per l’Italia, que será pública y cotizará en bolsa, en el marco de la disputa que mantiene con el Gobierno italiano desde el derrumbe del puente Morandi en Génova hace dos años. La propuesta ha sido acogida con optimismo por los inversores de Atlantia, cuyas acciones han ganado más de un 26% en la Bolsa de Milán durante la jornada de este miércoles.

Según ha informado el Ejecutivo italiano, el acuerdo entre ambas partes se ha alcanzado en la pasada madrugada y contempla que Atlantia, que posee el 88% de Autostrade per l’Italia, ceda el control de esta a la sociedad estatal Casa Depositi e Prestiti (CDP), que se hará con el 51 % del capital social. Atlantia, controlada por la familia Benetton al 30,25 % a través de Edizione Holding, quedará inicialmente como accionista minoritario con una participación de entre el 10% y el 12%. Ese porcentaje podrá diluirse aún más en una segunda fase, cuando Autostrade salga a cotizar y se permita la entrada de nuevos inversores.

El umbral de hasta el 12% no da derecho a los Benetton a tener un representante en la nueva junta directiva de Autostrade. El proceso para que el Estado se haga con el control de la gestora de autopistas comenzará el 27 de julio y no será inmediato, pues requerirá de entre seis meses y un año, ha indicado el ministro de Economía, Roberto Gualtieri, en declaraciones a los medios. El Ministerio de Economía y el de Infraestructuras acordarán ahora con Atlantia y Autostrade los detalles del proceso y limarán puntos esenciales, como una rebaja en las tarifas de los peajes.

La amenaza de la retirada de las concesiones para Autostrade sigue sobre la mesa y se llevará a cabo si no se llega a un acuerdo definitivo, ha asegurado esta madrugada el primer ministro, Giuseppe Conte. Este escenario sería nefasto y Atlantia ya ha advertido de que generaría problemas para pagar la deuda de 10.000 millones contraída por Autostrade y también para que Atlantia amortizara otros 9.000 millones. Una revocación de las concesiones tendría un impacto total de 19.000 millones con consecuencias negativas para los bancos, las instituciones financieras y hasta 17.000 pequeños ahorradores, poseedores de sus bonos.

El inicio de las desavenencias entre Atlantia y el Estado italiano arrancó en agosto de 2018 con el derrumbe del puente Morandi en Génova, una tragedia que costó la vida a 43 personas. Ese viaducto se encontraba en una vía gestionada por Autostrade, cuyas labores de mantenimiento se cuestionaron. El Movimiento 5 Estrellas, uno de los socios de Gobierno, culpa del suceso a la filial de Atlantia y quiere desde entonces retirarle las concesiones. La medida no es sencilla porque penalizaría enormemente a Autostrade, que posee los permisos de la mitad de las autopistas de peaje del país y gestiona una red de más de 3.000 kilómetros, y también porque el Estado debería pagar una penalización millonaria, ya que los contratos tienen validez hasta 2038.

En los últimos días, la ministra de Infraestructuras, Paola De Micheli (del Partido Demócrata, otro socio de Gobierno), ha reconocido públicamente que el nuevo puente de Génova, que está previsto que se inaugure a finales de julio o principios de agosto, seguirá gestionado por Autostrade hasta que Roma tome una decisión de una vez por todas. El Movimiento 5 Estrellas teme que inaugurar el nuevo viaducto sin solucionar la cuestión mine su credibilidad poco antes de las elecciones regionales que se celebrarán en septiembre. Eso ha llevado al partido más votado en las generales de 2018 a elevar el tono en los últimos tiempos para exigir una solución. En el acuerdo, Autostrade ha aceptado hacerse cargo de medidas compensatorias por valor de hasta 3.400 millones de euros.