Las lagunas del ingreso mínimo vital

El ingreso mínimo vital (IMV) aprobado recientemente es una medida razonable para afrontar una crisis, pero no es una buena idea como política permanente, especialmente en el caso de España. Muchos países han experimentado con políticas de este tipo, y su experiencia en general ha sido que beneficia a los que lo reciben, pero no incentiva la búsqueda de empleo legal. Es decir, aunque no aumenta el paro, tampoco lo reduce.

Es fácil entender por qué. Un ingreso garantizado crea incentivos para no trabajar o para trabajar en la economía sumergida. En un país donde el paro y la actividad sumergida ya figuran a la cabeza de Europa, estos incentivos pueden agravar problemas serios ya existentes. Con menos sueldos legales bajará la recaudación, y por tanto habrá menores recursos para financiar el propio subsidio y otros programas sociales. España se verá abocada a un déficit estructural aún mayor que el actual.

El IMV también va a reducir la aceptación de los trabajos peor pagados por parte de los españoles. Como resultado aumentará la necesidad de contratar inmigrantes para cubrir esos puestos. Conforme estos inmigrantes vayan legalizando su situación en España podrán acceder al IMV, y esto a su vez generará nuevamente demanda de inmigrantes. Aunque la inmigración trae muchos beneficios a un país con baja natalidad como España, la historia enseña que superado un cierto umbral, la reacción populista está casi garantizada.

Hay políticas que funcionan mejor para asegurar una renta digna para los más vulnerables. Una de las más atractivas es dar un subsidio a los salarios más bajos, condicionado a que trabajen dentro de la legalidad. Esto disminuiría el paro y aumentaría la recaudación al desincentivar la economía sumergida. Se conseguirían los mismos objetivos que con el IMV, pero reduciendo sus efectos negativos. Aunque el IMV propone la retirada del subsidio al encontrar empleo, las condiciones no son claras y una administración laxa dejaría a los perceptores sin incentivos para buscar trabajo formal.

Para que el Estado de bienestar sea sostenible hay que incentivar el trabajo y proteger la capacidad recaudatoria. Esa es la lección que hay que aprender. Un país con paro, economía informal y déficit estructurales tan altos como España, y que ya empieza a resentir la inmigración, debería de pensarse muy bien las consecuencias de una política que sin duda va a agravar estos problemas. Adoptar el IMV de manera permanente es un error, sobre todo cuando existen opciones que consiguen los mismos objetivos sociales sin los efectos secundarios mencionados. El problema no es su coste, estimado en 3.000 millones de euros al año, sino que al desincentivar el trabajo, el coste aumenta. Ese efecto, mucho más difícil de evaluar numéricamente, no se puede ignorar.

Gayle Allard es profesora de Economía de IE Business School