Las renovables pagarán hasta ocho veces más en México tras la subida de tarifas del Gobierno

México ha decidido subirle la factura a las empresas renovables. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dado a conocer este miércoles las nuevas tarifas de transmisión: el costo que las renovables deberán pagar para el traslado de su energía será de entre cuatro y ocho veces superior al actual. La subida era uno de los reclamos de la CFE, la eléctrica paraestatal responsable de la transmisión, que se consideraba injustamente tratada. La medida amenaza con afectar a la mitad de toda la capacidad eólica y solar instalada y ahonda la incertidumbre de la iniciativa privada, principal impulsora del auge de la industria verde en el país.

Las empresas afectadas iniciaron operaciones antes de la reforma energética de 2014 y operaban dentro de un esquema conocido como “autoabasto” por el que suministraban a fábricas o comercios. A cambio de invertir en infraestructura para conectar las plantas con la red y como incentivo para el desarrollo de las renovables en el país, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un organismo público autónomo, les concedió tarifas especiales para el traslado de su electricidad a los consumidores. Las tarifas no se actualizaban desde hacía varios años y la CFE quería cobrarles más. Este miércoles se ha sabido cuánto.

La tarifa pasa de 0.051 pesos por kilowatt hora en junio a 0.27 pesos para la alta tensión, y de 0.101 pesos a 0.89 pesos para la baja tensión, el salto más significativo. La medida, que no menciona fecha de entrada en vigor, aumenta los costos de 52 plantas eólicas y solares que producen unos 4.200 MW y acumulan una inversión de alrededor de 8.700 millones de dólares, según un informe reciente del experto Víctor Ramírez. Pese a suponer apenas un 2% de la electricidad producida, los proyectos agrupan a alrededor del 45% de la capacidad instalada total de energía eólica y solar en el país. Además, hay otros 2.179 MW en construcción que serán potencialmente afectados, con una inversión de casi 5.000 millones de dólares.

Un directivo de una de las empresas líderes del sector afirma que el incremento hará “menos atractivo” el esquema de autoabasto y pondrá en peligro la solvencia de los proyectos. “No van a ser capaces de hacer frente a sus obligaciones financieras con los bancos. No es raro que el proyecto esté endeudado en un 70% u 80% de la inversión”, explica. La subida de las tarifas cambia, a mitad de partido, uno de los fundamentos con que se planearon las centrales.

El impacto, además, puede llegar a las empresas, desde tiendas a fábricas, que se suministraban a partir de estas plantas y que, de acuerdo a estimaciones del sector, representan más del 10% del PIB. Al incrementarse los precios de la electricidad, aumentan los costos de su operación. Víctor Ramírez ve un doble efecto, inflacionario y de empleo. “Van a tener que incrementar los precios finales de los productos y servicios que ofrecen y eso también puede sacarlas del mercado”, explica. El experto apunta a que, como resultado, algunas empresas pueden abandonar el esquema de autoabasto en favor de la CFE.

El anuncio se da unas semanas después de que la CRE aprobara el aumento de las tarifas, sin publicar el monto exacto del mismo. Los anteriores cargos, apuntaba el organismo, “no reflejaban los costos justos y proporcionales por la prestación del servicio”. Los argumentos son los mismos que esgrime la CFE. Su director, Manuel Bartlett, ha repetido en varias ocasiones que busca “piso parejo” respecto a las productoras privadas. La transmisión pagada por algunas renovables es menor al costo real, asegura Bartlett, y eso ha acarreado a la CFE pérdidas de 22.920 millones de pesos en los últimos tres años, algo más de 1.000 millones de dólares al cambio de este miércoles.

Si bien las autoridades ya habían manifestado su intención de aumentar las tarifas, la dimensión y lo súbito del incremento ha disparado las alarmas. “Se podría haber hecho de forma paulatina y no de golpe o esperar a que terminaran los contratos que tenían una fecha de caducidad”, sostiene Ramírez. El golpe tarifario amenaza con ahondar la batalla legal en la que está inmerso el Gobierno mexicano tras una serie de decisiones de disputada legalidad para reforzar la eléctrica estatal en detrimento de los productores privados.

Hasta ahora, cada uno de los cambios regulatorios ha sido llevado a los tribunales por las empresas afectadas y luego suspendido. En un momento en que el Banco Mundial prevé un caída del 7,5% del PIB mexicano para este año, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, advirtió hace dos semanas que con el cambio de reglas “va a seguir lastimándose la atracción de inversiones” y anticipó nuevos amparos judiciales. “Nos llevará a que una enorme cantidad de personas, de empresas y contadores de servicios que se sienten afectados por esta medida y que pedirán al poder judicial por esta solución”, dijo.