Los intereses creados y el acuerdo de los ERTE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso dar lustre a la firma del acuerdo que permite prolongar los ERTE hasta el 30 de junio e impide los despidos durante los seis meses siguientes. Para ello convocó en La Moncloa a los agentes sociales y se hizo acompañar por la cuarta parte de su gabinete (el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias; la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño; las ministras de Hacienda y Trabajo, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, y el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá) como muestra palpable de su interés por que reflejara un gran paso en el diálogo social.

El pacto, en efecto, satisface al Gobierno, porque le da mucho aire en medio de los ataques de la derecha, y a los sindicatos, a los que proporciona certeza sobre una figura que se consolida como solución ante la amenaza de despidos masivos. Sin embargo, no parece que entre los empresarios haya unanimidad, a juzgar por el encontronazo que se produjo en el comité ejecutivo de la CEOE y cuya trascendencia deslució el rutilante acto casi inmediatamente después de celebrarse. Al parecer, hubo muchos intereses creados para que se conociera la división interna en la patronal con el punto de mira puesto más en desprestigiar al Gobierno de Sánchez que en disparar contra la patronal presidida por Antonio Garamendi, que tuvo que lidiar los días después las embestidas desde distintos frentes mediáticos.

El conflicto surgió tras la divulgación solo unas horas después de la firma de un comunicado de la patronal catalana Foment del Treball, cuyo presidente fue de los más activos en el citado comité ejecutivo. Josep Sánchez Llibre, que intervino dos veces, se ha esforzado por subrayar que en ningún momento ha habido deslealtad. Se sustenta en que se cuidó mucho en destacar como premisa en el comunicado “su total apoyo al proceso negociador de CEOE”. Lo duro vino después. Para el dirigente catalán, que pidió que constara su discrepancia, el acuerdo es “insuficiente y perjudicial” para los intereses de las empresas y confía en que “puedan adoptarse medidas adicionales como la revisión de las obligaciones y sanciones en los seis meses posteriores a la reanudación de la actividad”.

También fueron contestatarias la patronal madrileña CEIM, presidida por Miguel Garrido, las patronales de automóviles Faconauto y Anfac y las de hostelería y comercio. Un ramillete que, aunque se quedó en clara minoría, fue suficiente para que se propagaran conatos de rebelión en Diego de León, 50. En todo caso, supone un acicate para que los dirigentes patronales que ocupan esa sede tengan en cuenta sus peticiones para negociar con más fuerza, como sostiene Sánchez Llibre, que al igual que Garrido es vicepresidente de la CEOE.

Se considere que ha habido rebelión, conato o nada, lo que toca ahora es no jugar al victimismo o a hacer campañas, según fuentes empresariales que critican que haya “disensión cuando deberían estar más unidos que nunca”. Esas fuentes añaden, y en eso coincide Foment, que lo que hay que hacer es negociar. Se ha abierto un espacio para debatir el futuro de los sectores más afectados. La patronal tiene previsto plantear la necesidad de constituir mesas negociadoras para la recuperación en turismo, transporte, industria y educación, que han tenido un impacto evidente en la crisis, y empezar a hablar desde esas bases.

Hay quien piensa que Sánchez Llibre le dio más argumentos a Garamendi para afrontar con más fuerza la negociación. Pero también hay quien echa más leña al fuego y se remite a unas declaraciones que hizo Garamendi: “El martes iba un decreto al Consejo de Ministros y el viernes volvía a ir. Y ni el martes ni el viernes fue porque, igual a un catalán no le gusta, pero un vasco dijo que no y ese vasco soy yo. Eso ha permitido que podamos mejorar muchísimo un decreto que prácticamente hacía imposible que las empresas sobrevivieran”. Una frase que quizá se sacó del contexto general, pero que avivó la llama encendida por el comunicado de Foment.

El lunes hay comité ejecutivo de la patronal catalana y, con probabilidad, se debata la situación. Hay empresarios que quieren que el dirigente vasco se disculpe, lo que no se contempla en Madrid. Ya se verá si después arrecia la tormenta. Dependerá de si Sánchez Llibre hace valer esa lealtad institucional y calma los ánimos o cede. El exdiputado de CiU tiene por detrás la presión de Pymec y de la Cámara de Barcelona, respaldadas por el independentismo, que junto a la Generalitat han tratado de meter baza. Intereses creados.

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