Vivienda: derecho en tiempos de paz, obligación en período de guerra
Se debe contemplar la cesión de suelo para vivienda social en régimen de alquiler como una prioridad
Estamos en guerra. Aunque esta afirmación pueda ser discutida, así se expresan los organismos que gestionan la lucha contra la pandemia mundial que nos está asolando. El enemigo es la covid-19; sus mejores aliados, la sorpresa y el desabastecimiento; las armas de destrucción masiva, cada uno de nosotros como posibles portadores. Por ello, la mejor defensa ante este adversario es quedarnos en casa, en nuestro hogar. Quienes lo tengan.
Aunque pueda parecer una aseveración excesiva, recordemos que en un momento en el que solo la higiene y el confinamiento están logrando reducir el porcentaje de contagios, hay miles de familias en nuestro país abocadas a vivir con otros familiares o conocidos por no poder acceder a un domicilio propio. Sin hablar de aquellas personas que viven en infraviviendas.
La vivienda, ese derecho constitucional vacío de contenido para la gran mayoría de la población y herramienta especulativa para una escasa minoría, que por otra parte da tan mala imagen a un sector de la construcción lleno de matices, se convierte en solución a la pandemia.
Es en estas angustiosas circunstancias cuando nos damos mayor cuenta de la importancia que supone tener un hogar. Pero, ¿pondrán, por fin, las diferentes administraciones y grupos políticos en sus respectivas agendas el derecho a la vivienda digna? Es decir, llegar a materializar una cuestión realmente trascendental para el conjunto de la sociedad, especialmente para la ciudadanía con menos recursos.
Si bien es cierto que desde el Gobierno central se están aprobando medidas y ayudas para contribuir a minimizar el impacto social y económico que sufrimos, no deja de ser un hecho que la cuestión de la vivienda jamás se ha abordado con el rigor requerido. Se pueden realizar acciones coyunturales, siempre que tengamos en la agenda política la normalización de un derecho básico que hasta la fecha no ha tenido nunca ese tratamiento.
Es necesario modificar el actual modelo de negocio de la vivienda, el cual además está caduco, hacia otro capaz de cubrir las demandas del conjunto de la sociedad, dando cumplimiento al artículo 47 de nuestra Constitución.
Un nuevo modelo pasa por entender que se trata de un derecho social básico para la propia existencia y desarrollo del individuo en la sociedad. Por consiguiente, son los poderes públicos los que están obligados a llevar a cabo todas las políticas necesarias para poder ejecutar dicho derecho, garantizando a su vez no solo la posibilidad de acceder a una vivienda, sino que ello vaya acompañado de una serie de componentes que hagan factible hablar de vivienda digna, como son la accesibilidad, la eficiencia energética o la movilidad.
Se debe contemplar la cesión de suelo para vivienda social en régimen de alquiler como una prioridad, manteniendo el control de los requisitos de acceso a estas viviendas en los organismos públicos. Ello permitiría que el precio de la vivienda, así como el alquiler, estuviera en parámetros equilibrados a la renta de las familias, a su nivel de ingresos, no produciéndose escaladas de precios que ahogan a la población, por cuanto se ampliaría y mejoraría el parque residencial.
De igual forma, la política de vivienda debe ir acompañada de una nueva forma de concebir el sector de la construcción. Se debe priorizar un modelo sostenible ecológica y energéticamente teniendo presente las cuestiones sociales, frente a la actual fórmula casi exclusivamente de construcción expansiva, que en muchos casos deja el centro de las ciudades vacío de vecinos. Se trataría, por tanto, de realizar una verdadera apuesta por la rehabilitación integral a través de ayudas a los propietarios, pero también de obligaciones, como para los que quieran poner en alquiler sus inmuebles, con unos requisitos mínimos de calidad y comportamiento de la edificación. Todo ello permitiría hacer cumplir la Constitución, reforzar nuestra economía para salir de esta crisis creando actividad y empleo de calidad, así como ponernos en el buen camino para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030.
Vicente Sánchez Jiménez es secretario general de CC OO de Construcción y Servicios.
