El Gobierno reabre la licitación pública
Levanta la prohibición contenida en el decreto del estado de alarma para reactivar la economía
El Gobierno ha acordado retomar la licitación de obra pública tras levantar la suspensión a este tipo de procedimientos que se incluyó en el Decreto del pasado 14 de marzo por el que se estableció el estado de alarma en el país.
De esta forma, el Ejecutivo vuelve a promover obras públicas casi dos meses después de paralizar los trabajos que no estuvieran justificados. “El Gobierno ha acordado que se levante la suspensión que se estableció en el decreto del estado de alarma para que se pueda volver a licitar obra pública sin necesidad de motivarlo como sucedía hasta el momento”, anunció este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
“Además, se permite que las administraciones puedan realizar anticipos de los contratos que se han suspendido por la emergencia sanitaria, una medida que beneficiará a un muy importante número de proveedores del sector público”, añadió la también ministra de Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El reinicio de la licitación de obras públicas se enmarca en el objetivo que el ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, se ha marcado para erigir a la construcción en una de las palancas de la recuperación económica, y atiende a las quejas de varias comunidades autónomas y ayuntamientos que habían exigido ese levantamiento.
Asimismo, ha asegurado que “intentará” no paralizar obras de infraestructuras “estratégicas” y que estén “próximas a su conclusión” a consecuencia de la crisis, si bien apunta a la posibilidad de revisar los plazos de ejecución de otras.
No obstante, el sector de la obra pública ya saldó con un desplome del 32,2% el primer trimestre del año, si bien apenas el periodo comprende quince días de paralización del sector. En concreto, las distintas administraciones públicas lanzaron contratos de obras entre enero y marzo por un importe de 3.436 millones de euros, lo que implica un recorte de unos 1.640 millones en relación a un año antes, según los datos de la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan.
De esta forma, la licitación de obra rompió la tendencia de crecimiento que venía registrando, toda vez que al cierre de 2019 encadenó tres ejercicios consecutivos al alza y marcó un máximo desde 2010 con un volumen de 18.544 millones de euros.
El decreto de estado de alarma paralizó toda la contratación pública salvo en cuatro segmentos: los contratos de servicios sanitarios; los de servicios de seguridad, limpieza o mantenimiento de sistemas informativos; los que garanticen la seguridad de las infraestructuras y los que son adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos.
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