La UE planea doblar su presupuesto para financiar la recuperación

A tiempos extraordinarios, respuestas extraordinarias. La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, planea una ampliación sin precedentes del presupuesto comunitario y destinar los nuevos recursos a un histórico plan de reconstrucción de la economía europea. El proyecto aspira a doblar el umbral de gasto de la UE, elevándolo hasta el 2% de la renta nacional bruta (RNB) de la UE. El presupuesto actual, de 153.620 millones de euros en 2020, equivale al 0,904% de la RNB de los 27 socios.

La ampliación temporal del techo de gasto del presupuesto hasta el 2% ofrecerá, según fuentes comunitarias, un margen de unos 100.000 millones de euros para el Fondo de Recuperación que se espera poner en marcha en las próximas semanas o meses. Ese margen presupuestario, además, se explotará con un sistema de apalancamiento similar al del llamado plan Juncker, el programa de inversión que con una base inicial de 33.500 millones (de la UE y del Banco Europeo de Inversiones) ha movilizado 500.000 millones de euros entre 2014 y 2020.

El respaldo del presupuesto comunitario al futuro Fondo de Recuperación es consecuencia directa del acuerdo alcanzado el pasado jueves por los ministros de Finanzas de la zona euro (Eurogrupo). El críptico lenguaje del comunicado posterior a la videoconferencia de los ministros alude a que dicho fondo “proporcionará financiación a través del presupuesto de la UE” y anuncia, para después de la próxima cumbre europea, el debate sobre los “instrumentos financieros innovadores” que se utilizarán para alimentarlo.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha convocado la cumbre para el 23 de abril, fecha en la que, si hay acuerdo, se dará el pistoletazo de salida para la ampliación del presupuesto comunitario y para el diseño definitivo del fondo. Pero la premura de tiempo ha hecho que los técnicos de la Comisión Europea empezasen a elaborar las propuestas nada más acabar las turbulentas reuniones del Eurogrupo, que se prolongaron durante tres días (de martes a jueves).

Von der Leyen recogió de inmediato el testigo y anunció que “la Comisión Europea responderá con un plan de recuperación y un Marco Financiero reforzado al llamamiento [del Eurogrupo] a favor de una acción decisiva”. Y los servicios de la Comisión han trabajado durante este fin de semana de Pascua en una propuesta que las fuentes consultadas no dudan en calificar de revolucionaria, tanto por el alcance de los recursos que pretende movilizar como por los artificios legales que serán necesarios para superar el corsé presupuestario de la UE.

La opción inicial, barajada en los primeros compases de la crisis, apuntaba simplemente a la posibilidad de agotar el margen presupuestario de las cuentas actuales. El presupuesto de 2020 equivale al 0,904% de la Renta Nacional Bruta de la UE, muy lejos de techo total de los recursos propios, fijado en el 1,20%. Esa opción ya habría generado varios miles de millones de euros para el futuro apalancamiento.

Pero la dimensión de la recesión, con las mayores caídas de PIB en algunos países desde la Segunda Guerra Mundial, y el riesgo de que la recuperación condene a la zona euro a una brecha insalvable entre las economías de sus socios, ha llevado a las instituciones comunitarias a revisar al alza la ambición de sus planes. “Es imperativo que crezcamos juntos y no aparte y que protejamos el mercado interior”, señaló el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, tras el acuerdo de los ministros de Finanzas europeos.

Las estimaciones manejadas por la Comisión apuntan que la crisis del coronavirus generará unas necesidades de, al menos, 1,8 billones de euros. Pero no se descarta que puedan ser incluso mayores. Algunos analistas apuntan que para Italia el impacto supondrá hasta 40 puntos de PIB en deuda (es decir, casi 700.000 millones de euros) y para España, podría ascender a 20 puntos (casi un cuarto de billón de euros).

Esas cifras desbordan todas las previsiones de gasto contempladas por la UE desde 1988, fecha en que se adoptó el primer marco financiero plurianual. El techo de gasto nunca ha superado el 1,335% de la RNB. La nueva situación obliga también a estirar las costuras legales de los sistemas de financiación de la UE, basados en dos grandes principios: que el presupuesto de la UE no puede incurrir en déficit y que la UE no puede financiar el déficit de los Estados miembros.

Pero, según fuentes comunitarias, la fórmula del fondo anclado en un presupuesto excepcional y temporal cuadra las objeciones de los países contribuyentes netos (como Alemania y los Países Bajos) con las demandas de los países más castigados por la pandemia, como Italia o España.

La fórmula permite captar cientos de millones de euros en los mercados financieros dentro de un marco legal conocido y aceptado por todos los socios, como es el presupuesto comunitario. La emisión comunitaria de bonos no implica una mutualización de la deuda, rechazada por Berlín y La Haya, pero permite una financiación en buenas condiciones (la calificación crediticia de la UE tiene triple A en varias agencias) y evita una sobrecarga de números rojos en las cuentas nacionales.

El plan, sin embargo, también presenta inconvenientes. El primero, que requerirá una dura negociación en el Consejo, sujeta a vetos nacionales, sobre el alcance y duración del presupuesto extraordinario. Antes de la Covid-19, el Consejo ya fracasó en la cumbre europea de febrero en su intento de cerrar las cuentas para el período 2021-2027 y, en aquel momento, no parecía haber consenso para llevar el gasto común más allá del 1% de la RNB.

El segundo inconveniente es la posible tardanza en la llegada de los recursos, bien porque se retrase el acuerdo sobre el presupuesto o porque tarden en llegar los proyectos necesarios para que el Fondo de Recuperación proceda al desembolso.

Fuentes comunitarias apuntan que el proceso se puede acelerar mediante la negociación de una suerte de marco financiero bis o paralelo al de 2021-2027. Ese segundo marco sería temporal, centrado en la crisis del coronavirus y no afectaría al montante de los presupuestos a largo plazo, que podrían seguir limitados al 1% como desean los llamados países frugales.

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