La crisis del petróleo y el coronavirus ponen a la industria energética de México en un escenario inédito

Andrés Manuel López Obrador miraba a la cámara sonriente desde una estación de combustibles en Oaxaca y presumía, el fin de semana, de los precios bajos de la gasolina. La sonrisa del presidente mexicano esconde la compleja caída de la industria petrolera mundial en las últimas dos semanas por disputas geopolíticas y el avance del Covid-19 en algunos países, así como los efectos de la reforma energética de 2014. El futuro para el sector petrolero de México luce incierto y el impacto que la debacle internacional de los precios del crudo tendrá en las finanzas públicas del país latinoamericano es, todavía, incalculable.

A principios de marzo la guerra de precios entre Rusia y la OPEP dio el primer golpe a la industria petrolera de México, dominada principalmente por su compañía estatal: Pemex. Una semana más tarde la expansión del Covid-19 a través de Europa y la incertidumbre en los mercados llevaron al barril de crudo a una de sus caídas más históricas. La mezcla mexicana alcanzó la semana pasada su precio más bajo en 18 años cuando se situó en 14,54 dólares por barril. En los últimos días el crudo mexicano se recuperó pausadamente hasta situarse en 16,84 dólares. Ante una pérdida de más del 50% de su valor en los dos últimos meses, se avista un panorama complicado para el Gobierno mexicano que aún depende en buena parte de las exportaciones petroleras.

Pemex lleva varios años buscando la fórmula para detener su endeudamiento: 110.000 millones de dólares, al final de 2019. La Administración de López Obrador diseñó una ruta en la que la petrolera gozó de la reducción de impuestos y de una inyección de recursos públicos desde el año pasado. La pregunta sobre si el Estado mexicano seguirá incentivando a la compañía estatal es una incógnita una vez que el contexto ha cambiado tan drásticamente. “El impacto [de la crisis] será mayor [en México] que en otros países debido a la disminución en los precios del petróleo que resultará en un deterioro todavía mayor en el balance de Pemex lo cual terminará afectando a las finanzas públicas”, advierte un informe del BBVA Research.

Las dudas sobre si Pemex podrá soportar el vendaval crecen con el paso de los días. Las agencias calificadoras, que ya habían puesto en duda su capacidad para adquirir deuda, están a un paso de rebajarle la nota de inversión a bono basura. “Pemex es la petrolera estatal más vulnerable a la fluctuación del precio del barril de petróleo”, señala la agencia Fitch Ratings. Una de las principales preocupaciones es que la petrolera mexicana sigue apostando a la producción, al mismo tiempo que obtener cada barril es menos rentable. “Al precio actual del barril mexicano por debajo de los 20 dólares, el negocio del upstream [exploración y producción] no genera suficiente liquidez para cubrir los costos operacionales y financieros (...) la compañía tendrá que apoyarse en el negocio del downstream [refinación y petroquímica] y que los impuestos a la gasolina sirvan al Gobierno para cubrir algunos de estos costos”, apuntan desde Fitch. El Gobierno, en un cálculo optimista, estima que producir un barril de la mezcla mexicana de exportación cuesta 14,2 dólares.

Al llegar al Gobierno, López Obrador replanteó el orden de la industria petrolera de México. Desde su perspectiva, Pemex debía tomar un papel primordial en la escena energética, a pesar del descenso de su producción y su compleja situación financiera. El presidente mexicano apostó por el aumento de la producción de la estatal y congeló las subastas para que compañías extranjeras no participaran en la extracción de petróleo. La reforma energética, que abrió el sector energético a la iniciativa privada, quedó flotando en el limbo. El político se mostró en contra de los cambios a la Constitución en 2014 y prometió, durante su campaña presidencial, detener todos los planes de apertura de la industria en México.

México importa alrededor del 70% de los combustibles que consume, principalmente de Estados Unidos. Con este dato, la decisión del presidente mexicano ha sido comenzar la construcción de una refinería de 8.000 millones de dólares en el Estado de Tabasco e impulsar el crecimiento de otras seis refinerías que ya existen en el país. El escenario actual complica la posibilidad de desarrollar estos planes. “Cuesta menos un barril de gasolina que el petróleo que sirvió para obtenerlo”, plantea Gonzalo Monroy, consultor en energía. Con la caída en los precios del petróleo y la crisis económica que se atisba, la estrategia para mantener a flote a la petrolera tendría que cambiar, señala el experto. “Podrían por decreto congelar el precio de la gasolina y captar más impuestos para preservar las finanzas públicas, así como dejar de meter dinero a las refinerías e importar todo el combustible”, propone.

Antes de la reforma energética, los precios de los combustibles en México eran fijados por el Estado y solo existía un distribuidor de combustible: Pemex. Daba igual la estación a la que cualquier mexicano fuera, la carga siempre iba a costarle lo mismo. Desde 2017, decenas de empresas gasolineras entraron el mercado y los precios comenzaron a fluctuar condicionados por el precio del barril del petróleo en el mundo, así como la oferta y la demanda. El Estado mexicano recoge por cada litro dos impuestos: el IVA y el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS). El fin de semana López Obrador se apuntaba un tanto por la baja en los precios de los combustibles sin explicar el contexto: “Decidí que bajar de precio para que nos ayude a temperar, a que no se sienta tanto la crisis económica”, dijo. El destino de la industria petrolera de México nunca antes había estado tan lejos del control del Estado.