Gibraltar prohíbe los despidos y garantiza un salario de 1.260 euros para trabajadores afectados por el virus

Hace días que la frontera de Gibraltar con España es un erial. Las cámaras en directo del paso fronterizo dibujan un escenario tan inerte como inédito. La quietud impuesta por el confinamiento del coronavirus a ambos lados de la Verja se ha convertido también en un brutal frenazo económico que amenaza a los trabajadores en el territorio con la tercera renta per cápita más alta del mundo. El Peñón anunció el martes un giro de timón en una economía poco dada al intervencionismo: el Gobierno prohibirá los despidos y garantizará un salario mínimo de 1.260 euros para todos los empleados afectados.

“Una inyección en el brazo” o “un salvavidas”, como lo definió el martes el ministro principal, Fabián Picardo, que beneficiará también a los 14.322 trabajadores transfronterizos, según la cifra contabilizada por su Gobierno. De ellos, 9.090 son empleados españoles que, con el cierre de multitud de empresas del sector servicios, se veían abocados a un paro sin medidas especiales de ayuda, al no poderse acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo decretados por España. El plan de ayudas público –denominado Términos de Asistencia a Empresas y Empleados o BEAT por las siglas de Business & Employee Assistance Terms– tendrá una vigencia de un mes prorrogable y Picardo espera que las ayudas estén “diseñadas y calibradas” para poderse pagar a finales de abril.

El BEAT trabajará en dos direcciones en relación con los trabajadores. Por un lado, la autoridad laboral de Gibraltar prohibirá a las empresas todo despido realizado a partir del pasado 15 de marzo, salvo circunstancias especiales. “Eso es clave porque algunos de hostelería ya habían empezado a despedir”, razona Manuel Triano, secretario comarcal de CC OO en el Campo de Gibraltar. Por otra, inyectará a las compañías afectadas por el decreto de cierre –como el comercio, la hostelería o las obras que en el Peñón sí han sido paralizadas– el montante neto de 1.150 libras (1.260 euros) por trabajador a jornada completa.

El importe –que se ajustará al número de horas dado de alta– es el salario mínimo interprofesional en el Peñón y para un transfronterizo español supone una cantidad similar a la que recibe un parado por la máxima prestación por desempleo española. En la práctica se trata de “un permiso retribuido, ya que los empleados estarán dados de alta, pero el salario sería pagado por el Gobierno de Gibraltar”, explica el secretario comarcal de CC OO. Triano se muestra especialmente satisfecho con una medida que, aunque Picardo no ha querido cuantificar, el sindicalista estima que tendrá un coste de “unos 25 millones de libras”, ya que también engloba medidas a empresas o autónomos, como ayudas directas o exenciones fiscales.

El Gobierno de Gibraltar desconoce por ahora cuántos trabajadores se verán beneficiados por una medida canalizada a través de las empresas afectadas, a las que ya ha pedido lealtad para evitar cualquier tipo de estafa. Serán estas compañías las que tendrán que facilitar, a través de un formulario online, los datos de todos los trabajadores que tenían de alta a fecha del pasado 15 de marzo. Lo que es seguro es que buena parte de los 9.090 empleados españoles trabajan, precisamente, en los sectores más dañados por esta crisis. De ahí que Triano sea claro: “Esto es dar una guantada sin mano a todo el que apuesta en los asuntos de Gibraltar por la confrontación y no por la concordia y entendimiento”.

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