El Gobierno saca la artillería contra el virus
El Ejecutivo busca movilizar unos 200.000 millones de euros para proteger a familias, empresas y autónomos
España tendrá su bazooka contra la crisis del coronavirus. Alemania ha aprobado uno por valor de 500.000 millones, el 15% del producto interior bruto alemán. Francia otro de 300.000 millones, el 12% de su PIB. Y España no podía quedarse atrás. Este martes, el Gobierno por fin echó el resto. El presidente Pedro Sánchez anunció uno de 100.000 millones, el 8% del PIB, consistente en avales públicos a préstamos para empresas. Se añaden otros 18.000 dedicados a reforzar la sanidad, a retrasar impuestos a empresas y a proteger a los trabajadores y familias vulnerables. Y unos 80.000 millones en coberturas de riesgo, moratorias de hipotecas y facturas que pondrá el sector privado. En total, se busca movilizar una artillería de 200.000 millones para evitar que la economía se pare.
El parón que implica el estado de alarma hará que la economía se dirija directa al hoyo de la recesión. Un banquero lo comparaba con el impacto de un meteorito. “Son días muy duros”, admitió Sánchez cuando salió a explicar el segundo paquete de alivio. La tesis del Ejecutivo es que el golpe será temporal pero hay que atajarlo para que no cause un daño más permanente. El plan está pensado para que la caída tenga una forma de V y no de una L, explicó el presidente.
La primera preocupación es que esta crisis transitoria se convierta en algo mayor porque la banca cierre el grifo y las empresas se vean forzadas a cerrar por carecer de liquidez. El problema consiste en que las entidades ya están muy justas de capital y con grandes dificultades para captarlo en unos mercados en pánico. En esas circunstancias, enfrentados con el riesgo que supone una empresa sin ingresos, los bancos podrían verse obligados a cortar la financiación para evitar provisionar y no perder solvencia. De ahí que las entidades y la patronal reclamasen al Ejecutivo que aprobara cuanto antes un programa de avales masivos igual al que han puesto en marcha en Alemania o Francia. De esta forma, las entidades no tendrán que provisionar y podrán mantener el crédito. El circulante para aguantar estos meses estará garantizado.
Al Gobierno le costó reaccionar. En un principio solo barajaron unos 20.000 millones en avales pensando en los riesgos que entrañaba para el déficit público el impago de los créditos. Pero la banca, la CEOE y el Banco de España pusieron la cifra en los 100.000 millones, una cantidad que sale de establecer las mismas coberturas que ha puesto Alemania. Berlín cubre hasta un 80% del riesgo de los préstamos a pymes. En España se hará con un porcentaje similar. Y se deja una parte del riesgo a los bancos para que se pongan las pilas y gestionen bien esos préstamos. Tras este respaldo a la banca, la Bolsa celebró los planes del Ejecutivo acelerando su subida hasta un 6%.
Una vez taponado es a vía de agua, al Gobierno le preocupan las secuelas de esta crisis. “No vamos a escatimar ningún esfuerzo. Tenemos que proteger a nuestras familias, empresas, autónomos con un escudo social que solo pueden forjar los poderes públicos”, dijo un Sánchez que aún tiene reciente en su memoria las heridas que dejó el crac de 2008.
La reunión del Eurogrupo del lunes concluyó que los países hiciesen cuanto puedan para contener el golpe. Traducción: que cada país aguante su vela y rezar para que el BCE compre deuda para aguantar la de todos. De modo que el Gobierno salió este martes con todo siguiendo la estela del resto de países. Ya había anunciado el aplazamiento de impuestos de las empresas, que supone una inyección de 14.000 millones. Otros 2.800 millones se adelantaron a las comunidades para la gestión de la crisis sanitaria. Y ahora se brindará una moratoria hipotecaria para personas vulnerables durante la emergencia sanitaria. Se prohibirá cortar suministros como agua, luz, gas y telecomunicaciones. El Consejo de Ministros debatió además si ampliar la moratoria a los alquileres, pero no hubo acuerdo en ese punto, informan fuentes oficiales. “No vamos a dejar a nadie atrás”, declaró Sánchez.
También se agilizará la adopción de los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) y cuando sean de fuerza mayor tendrán efecto retroactivo al día en que empezó el estado de alarma. Mientras dure la emergencia, aquellas personas sometidas a los ERTE podrán cobrar los subsidios sin haber cotizado el mínimo exigido y el tiempo de paro no se contará para prestaciones futuras. Las empresas que los apliquen tendrán una exoneración de cuotas siempre que mantengan el empleo. Y los autónomos afectados contarán con una prestación extraordinaria por cese de actividad.
Los trabajadores que tengan a su cargo a dependientes por razones de edad, enfermedad o discapacidad podrán reducir su jornada hasta el 100% o reorganizarla para poder afrontar el cierre de colegios y centros de atención. “Se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal cuando las circunstancias lo permitan”, subrayó el presidente.
Y se destinan 600 millones para servicios sociales de comunidades y Ayuntamientos, 30 millones para el desarrollo de una vacuna y 25 millones para la digitalización de pymes.
Durante este trance también se blindará a las grandes compañías para evitar que sean compradas por otras de fuera de la UE aprovechando los desplomes en Bolsa.
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