Derrochar 6.000 millones en empleo

Se suceden los ciclos económicos con periodos de alzas y bajas de crecimiento, pero a España le resulta muy difícil bajar de la tasa actual del 14% de paro. Esto ocurre a pesar de que este país destina más de 6.000 millones de euros anuales a las llamadas políticas activas de empleo (PAE), unas políticas como la orientación y la formación encaminadas a incrementar la probabilidad de que la gente encuentre trabajo.

La cuestión está en que existe un gran desconocimiento sobre la utilidad y eficiencia de estas políticas con más de 30 años en vigor. En síntesis, gastamos una montaña de dinero público en resolver el problema más grave de nuestra sociedad, pero no tenemos ningún control ni idea sobre la eficiencia de las medidas.

Esta dramática incongruencia ha sido objeto de dos sustanciales estudios que fueron debatidos la semana pasada en el Círculo de Economía en Barcelona con la participación de sus principales impulsores. Desde el ámbito privado, el Institut Cerdà ha obtenido unas conclusiones inquietantes. Destaca que a las políticas activas de empleo se han dedicado 55.000 millones de euros entre 2007 y 2015, “una cifra cercana al coste del rescate bancario en España (60.000 millones de euros)”. Subraya que a pesar de este esfuerzo presupuestario “existe un grave déficit en la calidad y la transparencia de la información y, por tanto, en la rendición de cuentas”. No se realizan (o no publican) evaluaciones sistemáticas de la eficacia de estas políticas y “los resultados obtenidos no permiten evaluar de forma comparativa qué hubiera ocurrido si no se hubiesen aplicado”. El descontrol es absoluto en el Estado al no existir una autoridad única que publique los datos de las PAE transferidas a los Gobiernos autonómicos. Y remata: “Desde 2012 se ha producido un empobrecimiento de la información disponible”.

El trabajo del Institut Cerdà es un primer paso hacia la creación de un Observatorio sobre la Empleabilidad en España, que promueve el industrial Jordi Mercader, ex presidente del Instituto Nacional de Industria. Mercader apremia a continuar esta investigación porque “más de 6.000 millones de euros cada año nos interpelan y más de tres millones de desempleados nos lo exigen”.

Desde el sector público, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) llega a conclusiones similares. “No se puede saber exactamente cuánto nos gastamos en PAE”. El programa Prepara, orientado a los parados de larga duración, “no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral”. La Airef censura la estructura de gasto de estas políticas que dedican más del 40% a incentivar la contratación, más del doble que Alemania.

Su presidente, José Luis Escrivá, pone como modelo Australia, un país federal, pionero del Estado de bienestar, que ha logrado una alta eficiencia con la base de un contrato entre el Gobierno y el parado que busca activamente empleo y un perfil afinado de los demandantes de trabajo.