Sistema financiero y productividad

No es un tema que aparezca en los titulares de los medios de comunicación, y las tertulias y debates públicos suelen pasar sobrevolando la idea. La productividad se ha convertido en un arcano —la medida de nuestra ignorancia la llamó el premio Nobel Robert Solow— cuyos determinantes son difíciles de medir y, por lo tanto de incidir en ellos. Y sin embargo, a largo plazo, prácticamente todo se reduce al crecimiento de la productividad. Sin esa tendencia al alza, el crecimiento económico termina por descansar en bases demasiado poco sólidas, y tarde o temprano termina acumulando desequilibrios de los que luego son muy dolorosos de corregir en situación de recesión económica.

España tiene un desempeño en materia de productividad muy poco halagüeño: de acuerdo con un estudio de la fundación BBVA, la productividad total de los factores se ha reducido en un 10% desde 1995, mientras que la evolución ha sido positiva para la Unión Europea y la Eurozona. Con una productividad menguante, deberemos invertir más capital y trabajar más para alcanzar mejores niveles de crecimiento económico, nuestros productos serán menos competitivos en el mercado internacional y el crecimiento económico será más frágil en el medio y largo plazo.

El recurso al capital riesgo puede ser una importante palanca de transformación en España

Los factores para este bajo crecimiento de la productividad son varios: aunque la inversión en capital material es robusta, España tiene serios problemas de inversión en intangibles, en innovación tecnológica y sobre todo en capital corporativo y humano, no sólo en el ámbito de los trabajadores, sino también en las capacidades gestoras de los equipos que lideran las empresas. El resultado es que nuestras compañías mantienen unos niveles de productividad muy bajos que no las ayudan a crecer. El porcentaje de firmas innovadoras en España se sitúa en el 13% del total empresarial, todavía siete puntos por debajo de la cifra alcanzada antes de la crisis, en 2009. De acuerdo con un informe del IVIE y la Fundación Cotec, España mantiene un importante retraso en la inversión en activos intangibles, situándose por detrás de Francia, Alemania o Finlandia, y a un nivel muy similar al de Italia.

Una de las claves se sitúa en el sistema financiero: en la medida en que la financiación empresarial sigue siendo el fundamentalmente bancaria, la exigencia de colaterales físicos y la ausencia de una adecuada contabilización de los intangibles en las políticas macroprudenciales a las que se someten las entidades, lleva a infrafinanciar las empresas basadas en intangibles y a sobrefinanciar las empresas con colaterales físicos, como maquinaria o inmuebles. El resultado de este proceso es un círculo vicioso en el que las empresas no encuentran la financiación para invertir en los intangibles —formación, innovación, reorganizaciones internas—, no pueden encontrar herramientas para mejorar su productividad, y no crecen.

Las soluciones financieras al reto de la productividad no son fáciles. Además de rediseñar el marco regulatorio, España debe promover mecanismos de financiación empresarial que permitan la inversión en intangibles, la profesionalización de la gestión empresarial y la generación de capital humano que permita a las pequeñas empresas crecer en el mercado nacional y en los mercados de exportación. Para ello, el recurso al capital riesgo puede ser una importante palanca de transformación: de acuerdo con el estudio realizado en 2018 por la Asociación de Capital Riesgo (ASCRI), a largo plazo las empresas participadas por el capital privado crean más empleo, crecen más rápidamente e invierten con más intensidad que las compañías no financiadas por este instrumento, incluso en fases recesivas del ciclo. En otras palabras, son empresas más productivas y profesionalizadas,

El mercado de capital privado y de capital riesgo en España mantiene un fuerte ritmo de crecimiento, con unas inversiones equivalentes al 0,5% del PIB en 2018, pero lejos de los líderes europeos. La intervención pública, a través del ICO, Cofides, Enisa y las Comunidades Autónomas, ha generado recursos públicos sobre los que apalancar inversiones privadas, pero el reto es la limitación en el origen de los proyectos. Son pocas las pymes con los medios y capacidades suficientes para acceder a este tipo de financiación, por lo que el objetivo de política pública debería ir preferentemente destinado a mejorar la capacidad de las pymes para recibir este tipo de financiación.

José Moisés Martín es economista y consultor