El presidente de la CNMC afirma que el recorte de la retribución "no se hace para que le guste a todo el mundo"

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha defendido hoy las circulares que emitió el supervisor el pasado mes de julio para el sectpor eléctrico y gasista en las que plantean un recorte de hasta el 18% para la retribución a la distribución de gas y del 7% para la de electricidad. Según Marín, se basan en criterios técnicos que "no buscan que le guste a todo el mundo".

Así lo ha declarado en la clausura del IV Foro Anual de Energía de El Economista y ha reiterado una vez más que la CNMC ha realizado esta propuesta porque la ley le obliga a ello, toda vez que las competencias en materia energética le fueron transferidas a raíz de una transposición de la normativa europea. Por esta razón, una vez que el Gobierno aprobó esta transferencia de competencias al regulador independiente, Marín Quemada considera que lo único que están haciendo es "cumplir con el mandato" para fijar la retribución a al electricidad a partir de 2020 y del gas a partir del 2021 durante un periodo de cinco años.

En cuanto a los criterios en los que la CNMC se ha basado para la elaboración de esta propuesta, ha defendido que son "estrictamente técnicos y económicos, ampliamente contrastados y utilizados por los reguladores europeos". Por ello, ha admitido que cuando se emplean criterios técnicos, "no se hace para que le guste a todo el mundo".

Frente a las quejas que ha suscitado en el sector gasista y eléctrico el recorte propuesto, ha resaltado que la elaboración de estas circulares se ha hecho "porque entra dentro del ejercicio de sus responsabilidades". Además, considera que la nueva regulación "va a proporcionar estabilidad jurídica y regulatoria", al mismo tiempo que cree que mantiene una retribución "razonable" para la inversión de las empresas afectadas y que "está alineada con las orientaciones de política energética". "Esta metodología aspira a incentivar no cualquier inversión, sino las que puedan satisfacer las necesidades del sistema", ha explicado.

El presidente de la CNMC esgrime que la bajada de costes va a repercutir en beneficio de los consumidores, no solo de los clientes particulares, sino también de todas las empresas de sectores tan importantes para la economía como el de la automoción, ya que abaratará una parte del recibo energético. En este sentido, Marín Quemada defiende que la institución que preside ha propuesto una regulación que sea capaz de "balancear distintos intereses", entre los que ha señalado en primer lugar el interés general, que tiene que resultar del equilibrio entre los consumidores y las compañías distribuidoras.

Por último, ha dejado claro que "de ninguna de las maneras las inversiones se van a dejar de retribuir", sino que todas aquellas que se encuentren en sectores regulados se van a retribuir para que se siga invirtiendo en el sistema y siga mejorando la competitividad de la economía española.

Postura de las empresas

En el citado foro, las principales empresas del sector energético coincidieron en pedir al Gobierno un marco regulatorio "estable" para acometer los desafíos de transición ecológica de las próximas décadas. La mayoría de los responsables de estas compañías vieron aspectos positivos en los objetivos fijados en el Plan Integral de Energía y Clima que ha presentado el Gobierno, pero consideraron que es preciso acompañarlo de un escenario fiscal y normativo que no dañe a la industria nacional.

En el caso de las petroleras,  los consejeros delegados Repsol y BP, Josu Jon Imaz y Luis Aires, pusieron el acento en referirse al debate generado con la hipotética prohibición de los vehículos de motor de combustión a partir de 2040. A su juicio, se está "asustando" indebidamente a la población sobre el coche que comprar (Imaz) y se está "generando incertidumbre" que no ayuda a renovar el parque automovilístico (Aires).

Imaz ha incidido en que decir que dentro de 20 años se prohibirán los coches de combustión no ayudará a que las emisiones bajen automáticamente, sino que provoca que a la gente "le entre miedo". Para él, este miedo lo único que hace es que los ciudadanos sigan retrasando la compra de un coche nuevo, de forma que el parque automovilístico español, ya de por sí envejecido, siga desfasándose, aumentando así las emisiones contaminantes a la atmósfera y provocando el efecto contrario al objetivo buscado.

Por ello, para Imaz se trata de un debate "no realista", en el que además se busca sustituir la fabricación de bienes en España para no aumentar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el país, por la adquisición a otros países de esos mismos productos, donde el proceso de transición es menos eficiente, de forma que, al final, la huella de carbono aumenta.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, pidió "un marco regulatorio estable" que permita encarar inversiones a largo plazo con garantías. Sin aludir expresamente a los últimos recortes a la retribución de las energéticas aprobados por la CNMC, Reynés dijo que esas inversiones que deben afrontar están supeditadas a que las compañías tengan una "rentabilidad razonable".

Desde Endesa, su CEO, José Bogas, manifestó que el plan integral que ha elaborado el Ejecutivo actual es "satisfactoriamente ambicioso" pero hay cosas que corregir. Por ejemplo, las tarifas eléctricas, "que son absolutamente anacrónicas".

Rafael Mateo, de Acciona Energía, cree que hay que darle una vuelta a la política fiscal a las energéticas, porque se "importa energía que no paga impuestos" o existe un mismo impuesto sin tener en cuenta el origen. "El mercado requiere una reforma, con uno marginalista puro como el de hoy no será posible" tener éxito en los desafíos pendientes.

Para Angeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España, el plan integrado del Gobierno tiene unos objetivos "clarísimos" en los que la electricidad va a desempeñar un papel determinante y para España se abre "una tremenda oportunidad, porque habrá inversiones que van a dinamizar el mercado". Santamaría convino también en que hace falta un "marco legislativo estable" que facilite las inversiones intensivas que hay que hacer, con una rentabilidad que se materializa a largo plazo.