Calviño, apremiada por la directiva europea sobre competencia

Una de las tareas pendientes que tiene el Ministerio de Economía, más allá de que lo siga ocupando Nadia Calviño, es la transposición de la directiva ECN+ (por sus siglas en inglés, European Competition Network) para reforzar y homologar la aplicación del derecho de la competencia en los estados miembros de la UE. La directiva, que se publicó en enero de este año y empieza a ser apremiante, supondrá la adaptación de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) de 2007, en cuya elaboración participó precisamente Calviño cuando estaba en la Dirección General de Política Económica y que ya supuso una homologación de la legislación europea, introducción de la clemencia y las sanciones a directivos, entre otros avances.

El ministerio tiene previsto sacarlo a consulta pública. En todo caso, resulta de extrema importancia para el funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha pedido que se incluyan los acuerdos prejudiciales para reducir la judicialización de las sanciones y su alargamiento, la mayor dotación de recursos humanos y tener autoridad para gestionar la prohibición de contratar a las empresas que hayan cometido fraudes, además de ajustes como que el presidente pueda presidir las dos salas (Competencia y Mercados) y no como hasta ahora.

La directiva ECN+, cuyo inicio corresponde a los tiempos de Joaquín Almunia como comisario del ramo, persigue dotar de los medios suficientes para ser más independientes, más eficaces y tener más garantías para el correcto funcionamiento del mercado interior. Trata de establecer un conjunto mínimo de poderes de investigación y herramientas para la aplicación de la normativa de competencia comunes a todas las autoridades nacionales de competencia (ANC) y promover una red de cooperación en la materia. El objetivo es, además de garantizar la independencia e imparcialidad y disponer de recursos financieros y humanos, facilitar la imposición de multas.

Para ello, otorga a las ANC la facultad de establecer sus prioridades. Esto, según los expertos, dota de mayor flexibilidad para el uso de los recursos disponibles. Sobre la imposición de multas, la directiva recoge que los Estados miembros garanticen que la sanción máxima no sea inferior al 10% del volumen de negocios mundial. La LDC española establece como límite de la sanción el 10% del “volumen de negocios total”, pero nunca ha estado claro si se refiere al territorio nacional o a todo su negocio global. En ese sentido, propone el suministro de los instrumentos adecuados para imponer sanciones “proporcionadas y disuasorias” y contiene normas sobre la responsabilidad, de modo que las empresas no puedan eludir las multas amparándose en una reestructuración empresarial.

Asimismo, la directiva señala que cuando se impone una multa no solo a una asociación, sino también a empresas, el volumen de negocios de los miembros a los que se impone la multa no se debe tener en cuenta para el cálculo de la multa a la asociación.

La ministra participó en la elaboración de la Ley de Defensa de la Competencia en 2007

La CNMC ha pedido que se introduzcan los acuerdos prejudiciales y más recursos humanos

También plantea la homogeneización de los programas de clemencia, que favorecen la cooperación de empresas en la presentación de pruebas sobre la existencia de carteles a cambio de una reducción o perdón de la sanción. Ello aumentará los incentivos para que las empresas participen en dichos programas.

Pero quizá lo más importante es que la directiva impone la obligación de adaptar las legislaciones para garantizar que las ANC dispongan de las prerrogativas necesarias para, en caso de inspección, acceder a las instalaciones y medios de transporte, al contenido de teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas de los empleados; cuando exista una sospecha bien fundada, incluso al domicilio particular de directivos y otros miembros del personal, y sea posible remitir requerimientos de información a las empresas, obligando a estas a facilitar toda la información necesaria, así como realizar entrevistas a personas físicas y los representantes de personas jurídicas cuando estas personas puedan poseer información relevante para una investigación. En ese sentido, se busca la cooperación en materia de inspecciones, así como en la notificación de cualquier acto procesal adoptado en el marco de un procedimiento sancionador a empresas cuya sede se encuentra en un Estado miembro distinto al que instruye el procedimiento.