España y el orden liberal internacional

Hace hoy 60 años, el 21 de julio de 1959, se aprobaba el Decreto-Ley 10/59 de ordenación económica, el instrumento jurídico central de articulación del Plan de Estabilización de la economía española. Pocos momentos tan claves existen en nuestra historia económica. Después de décadas de creciente aislamiento internacional y de políticas que habían transformado el desprecio de la racionalidad económica en virtud de la que se presumía, España emprendió, en el verano de 1959, un camino hacia la modernidad que incluiría, casi inevitablemente, una senda hacia la democracia y la integración en Europa. Mucho se ha escrito sobre el Plan de Estabilización y sus protagonistas. Jamás les podremos agradecer los españoles lo suficiente a Joan Sardá Dexeus, Manuel Varela Parache, Juan Antonio Ortiz, Enrique Fuentes Quintana y muchos otros economistas haber conseguido explotar las grietas de la dictadura y asegurar el triunfo de unas ideas que poco tenían que ver con los postulados sobre los que se había fundado el régimen. Somos una nación rica, democrática y plenamente europea en buena medida por sus esfuerzos.

Sin embargo, en el reparto de estos encomios, a menudo nos olvidamos de que una parte fundamental del éxito del Plan de Estabilización vino de la labor de las organizaciones internacionales: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y la Organización Europea para la Cooperación Económica. El apoyo técnico y financiero de las mismas al Gobierno de España y, casi más importante, las condiciones de estabilidad económica internacional creadas por su labor fueron condiciones necesarias para garantizar un final feliz a la aventura en la que nos embarcamos en 1959.

España es ejemplo paradigmático de lo que se podía conseguir en el marco del orden liberal internacional forjado también en otro julio, este de 1944, en Bretton Woods. El nuevo orden, liderado inicialmente por EE UU y luego acompañado por Europa y Japón, ofrecía un marco para crecer y democratizarse alrededor de unas reglas de comercio internacional claras, la cooperación monetaria y la movilidad de trabajadores y capital. Por supuesto, no todo funcionó bien: el sistema cambiario de Bretton Woods terminó colapsando, el compromiso con la democratización quedó a menudo supeditado a los intereses de la Guerra Fría, los efectos en el medio ambiente del crecimiento económico fueron subestimados, y la igualdad racial y de género, muchas veces ignorada. Significativamente, estos errores fueron más producto de la falta de coherencia con las premisas del orden liberal internacional que de problemas inherentes al mismo.

Nada de ello debe oscurecer lo obvio: el ser humano medio es hoy muchísimo más libre, más rico y más igual, mejor educado y con más esperanza de vida que en ningún otro momento. Solo por recordar un número, simplista pero contundente: el porcentaje de la humanidad que vive con menos de dos dólares de 2011 de renta al día ha caído de un 75% en 1950 a un 10% en 2015, a pesar de que la población se ha triplicado en ese mismo periodo. Sí, en muchos de los países avanzados, los frutos del orden internacional liberal no han beneficiado a todos por igual. Pero los Estados tienen instrumentos para corregir impactos adversos de este orden como una mayor desigualdad. La solución no precisa del abandono de la internacionalización, sino de una utilización más intensa e imaginativa de los muchos instrumentos de política económica a disposición de los Estados modernos.

Es necesario un consenso entre las principales fuerzas políticas, romper el actual enconamiento es una prioridad

Desafortunadamente, desde hace unos años, las grietas en el orden liberal se acumulan. La actual Administración de Estados Unidos se ha lanzado a una guerra comercial de inciertas consecuencias, alardeando de su desprecio al derecho internacional y pulverizando entendimientos que requirieron décadas de esfuerzo en construirse, como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. En China, Xi ha liderado un consistente esfuerzo de recentralización de la economía y sustitución de importaciones. La Rusia de Putin interviene maliciosamente en elecciones ajenas, como la campaña presidencial estadounidense o el referéndum del Brexit, rompiendo las reglas mínimas de comportamiento civilizado entre naciones. En Europa, el nacionalismo populista amenaza con menoscabar la Unión Europea. El sistema de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio está al borde del colapso, y el Acuerdo de París sobre cambio climático sufre estancado. Aún peor: plenitud de voces desde la derecha y la izquierda justifican, con irresponsable frivolidad, este alejamiento del modelo que tanto ha reportado.

Las consecuencias de una fractura profunda del orden liberal internacional serían incalculables. En el corto plazo, los efectos de las recientes tensiones comerciales empiezan ya a notarse, con una desaceleración del crecimiento del comercio internacional, una caída de las inversiones internacionales y un retroceso de las cadenas globales de valor. En el largo plazo, nos arriesgamos a vivir en un mundo con menos bienestar, más cerrado, menos libre y, casi seguro, más violento. Y uno de los retos más fundamentales a los que nos enfrentamos como especie, el calentamiento global, solo se puede resolver con una cooperación de todos los actores internacionales. Tal cooperación requiere, inexorablemente, de un orden basado en las reglas, la multilateralidad y la equidad.

España ha sido uno de los grandes beneficiarios del desarrollo de un mundo abierto y basado en normas. Por ello, España tiene un papel importantísimo que desempeñar en la defensa del orden liberal y en su reforma para afrontar los nuevos retos demográficos, tecnológicos y climáticos. Primero, por meros intereses nacionales. Nuestra economía depende de las exportaciones. Casi de puntillas, nos hemos convertido en uno de los países más abiertos del mundo y Madrid avanza imparable hacia erigirse en la tercera megalópolis europea detrás de Londres y París. Una España próspera requiere de la vitalidad del comercio internacional y la seguridad climática. Segundo, por responsabilidad. Lo que hicieron por nosotros las organizaciones internacionales requiere que, ahora que hemos avanzado como país, asumamos nuestra cuota de liderazgo en estas mismas instituciones para asegurar que los frutos de un mundo abierto también recaigan sobre África, Iberoamérica y el sur de Asia.

Por supuesto, hemos de ser realistas: dado el tamaño de nuestra población y economía, no somos ni seremos EE UU o China. Ni siquiera Alemania. Pero nuestra posición geográfica, nuestra pertenencia a la UE y nuestros lazos con Iberoamérica y África nos permiten apalancar nuestra influencia más lejos de lo que un simple cálculo de fuerzas sugeriría. Una estrategia de liderazgo internacional para crear un futuro mejor requiere, sin embargo, de dos bases internas sólidas. La primera base es un consenso entre las principales fuerzas políticas de nuestros objetivos nacionales, dentro y fuera de nuestras fronteras. Como en tantas otras cosas, romper el actual ciclo de enconamiento político es una prioridad absoluta. La segunda base es una economía saneada. España solo puede liderar si, por ejemplo, no debemos recurrir al BCE para rescatarnos como ocurrió en 2012. Una estrategia de consolidación fiscal seria y de reformas estructurales profundas que incrementen nuestra productividad tiene un componente de política exterior que, aunque poco discutido, es crucial.

El sexagésimo aniversario del Plan de Estabilización es no solo un momento de recordar con justicia a sus padres, sino también ocasión de que España se coloque al frente de la defensa y mejora de un orden liberal internacional que tanto nos ha favorecido.

Jesús Fernández-Villaverde es profesor en University of Pennsylvania, y Tano Santos, en Columbia Business School.