Mejores salarios, pensiones seguras

El Tribunal de Cuentas ha publicado hace pocos días su preceptivo Informe sobre la Cuenta General del Estado en 2017. En él, se recoge el hecho de que el patrimonio neto de la Seguridad Social tenía signo negativo a finales de 2017 de 13.271 millones de euros, debido a que los déficits han sido solventados por la Administración del Estado mediante la concesión de préstamos. El Tribunal destaca que, “a 31 de diciembre de 2017, el balance de la Tesorería General de la Seguridad Social recoge una deuda a favor de la Administración General del Estado de 27.361 millones de euros” y, en consecuencia, concluye que “la vía de financiación estatal debería tener esta misma naturaleza económica y presupuestaria, esto es, proceder de transferencias corrientes de la Administración General del Estado, no de la concesión de nuevos préstamos”.

Las afirmaciones del Tribunal de Cuentas son poco discutibles y, en mi caso, las asumo plenamente. Nadie en su sano juicio puede dudar de que, desde el punto de vista de la solvencia de la Seguridad Social, la transferencia de fondos es preferible al préstamo. Conviene recordar, no obstante, que nunca en sus más de cien años de historia el Estado ha exigido una devolución de un préstamo a la Seguridad Social y tampoco ésta lo ha devuelto. La Administración del Estado es un prestamista afable y, por tanto, intentar provocar alarma social con una presunta “quiebra” del sistema sin explicar que la Seguridad Social no es una empresa sino una parte del Estado, es cuando menos exagerado. En cualquier caso, el tema requiere un análisis más reposado y más profundo que tiene un primer capítulo: saber cómo hemos llegado hasta aquí.

Para empezar, el patrimonio neto de la Seguridad Social era de 75.019 millones de euros a finales de 2011, habiendo crecido ininterrumpidamente año tras año, incluidos los cuatro primeros años de la crisis (de 2008 a 2011). Sólo después de la reforma laboral de 2012 y como consecuencia de ella, se hizo necesario para el Gobierno del Partido Popular compensar la merma de ingresos por cotizaciones, ocasionada por la disminución de los salarios, acudiendo al mecanismo de retirar año a año recursos de los fondos de la Seguridad Social. Se recurrió primero al Fondo de Contingencias Profesionales y luego al Fondo de Reserva, reducido ahora a su mínima expresión. El 9 de enero de 2012 yo escribía en EL PAÍS (Salarios y pensiones no pueden separarse) que la sostenibilidad del sistema “...aconseja que las bases de cotización y las pensiones tengan crecimientos en paralelo”; y añadía: “si los ingresos y los gastos tienen una evolución dispar durante un lapso prolongado de tiempo, ninguna proyección o previsión es capaz de trazar un escenario de sostenibilidad”. Hace unos días escuchaba unas declaraciones, razonables, de un subdirector del Banco de España en las que comentaba que “no tenía una bola de cristal”. Yo tampoco contaba con ella en enero de 2012, pero no hacía falta. Eso sí, los que hoy se llenan la boca hablando de la quiebra, entonces aplaudían la reforma sin pedir compensaciones para las pensiones, compensaciones como las que aplicamos desde 2008 a 2011: mantuvimos la base de cotización de los salarios de los empleados públicos, la cotización de los desempleados mayores de 52 años o las cuotas de cuidadores familiares y, de esta manera, garantizamos precariamente un equilibrio del sistema devastado por el incremento del desempleo. Luego el empleo comenzó a crecer pero los ingresos del sistema todavía no se han recuperado, no de los efectos de la crisis, sino de las consecuencias de la reforma laboral.

Para que se hagan los lectores una idea de cómo se traduce en números el impacto de la reducción o la subida de los salarios en los ingresos de la Seguridad Social, entre 2011 —último de Gobierno PSOE— y 2017, los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones sociales crecieron de 105.311 millones de euros a 109.222. Esto quiere decir que, en seis años, las cotizaciones registraron un incremento acumulado de un 3,71%. Resulta llamativo que, tan solo en los primeros cinco meses de este año 2019 —de enero a mayo—, los mismos ingresos por cotizaciones sociales aumentan a un ritmo del 8%. En cinco meses, los ingresos suben más del doble que de 2011 a 2017.

Pero, este cambio de tendencia no debe llamarnos a engaño. Esto no es suficiente. Y no lo es porque, en el periodo citado, las transferencias corrientes (maternidad, paternidad, pensiones) crecieron de 118.338 millones a 142.071, a pesar de que se aplicó el famoso IRP del 0,25%, aquella exigua y denostada revalorización. Necesitamos pues mayores aportaciones públicas, comprometidas en el Programa Electoral del Partido Socialista, que deben financiar los gastos no contributivos, el montante de las bonificaciones como la tarifa plana y otras políticas que sigue sufragando la Seguridad Social con cargo a las cotizaciones y con préstamos. Precisamos de reformas decididas en aquellas prestaciones que tienen una configuración o un uso inadecuado. Debemos alcanzar para ello un acuerdo en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo y de sindicatos y empresarios en la Mesa del Diálogo Social. La historia nos demuestra que este proceso de dobles consensos es una de las grandes fortalezas de la Seguridad Social española, que se constituye en ejemplo dentro y fuera de nuestras fronteras. Una decisión adoptada sin un grado de consenso amplio tiene un recorrido muy corto. Por el contrario, un acuerdo que goce de un respaldo político y social amplio y sustentado en tres grandes ejes —mejoras de la financiación, acuerdos sobre prestaciones y control democrático y social de los acuerdos—, será garantía de que las pensiones públicas serán sostenibles. Incluso para quienes piensan que el sistema no va a protegerles.

En otra época de mi vida, leí con detenimiento las polémicas entre los intelectuales franceses sobre la guerra colonial en Argelia. En una de ellas, Sartre, crítico con la intervención francesa, interpelaba a Camus, que la disculpaba: “¿Qué hace Camus para resolver los problemas del mundo?” Camus contestó: “No aumentarlos”. En este último año, a eso nos hemos dedicado en el Gobierno, a mejorar los ingresos y revertir la tendencia anterior. Pero es frustrante que quienes jalearon la senda de 2012 a 2017 ahora pretendan darnos lecciones de cómo sacarnos de ella.

Octavio Granado es secretario de Estado de la Seguridad Social en funciones