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COLUMNA i

La banca pública y los retos globales

El sistema de banca pública española presenta una asignatura pendiente: la mejora de su gobernanza

Parque eólico en Las Pedrosas, en Zaragoza.
Parque eólico en Las Pedrosas, en Zaragoza.

El año 2015 marcó un nuevo rumbo en la agenda económica y financiera internacional por la coincidencia de tres acontecimientos de particular relevancia: la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que lanzaba los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); la Conferencia de Addis Abeba sobre financiación del desarrollo; y la COP21 de París sobre cambio climático.

El cambio en la percepción de los retos globales que trajeron estos eventos está desencadenando una reorientación de las instituciones financieras internacionales e, igualmente, la redefinición del papel de los sistemas nacionales de fomento financiero. En este contexto, es fundamental que el sistema español esté preparado para asumir nuevas responsabilidades.

En el caso de España, bajo este paraguas de instituciones de fomento financiero o banca pública podemos incluir entre otros al ICO, Cofides, CDTI, Cesce, los fondos FIEM gestionados desde la Secretaría de Estado de Comercio y los recursos de la Cooperación Española de carácter financiero en el marco del FONPRODE.

Más allá de matices de segundo orden, un análisis del conjunto del sistema mostraría en su haber: el alto nivel de especialización y, en general, eficacia de las instituciones individuales y sus equipos; su capacidad de actuación contracíclica en momentos de falta de liquidez en los mercados; y una aceptable eficacia para dirigir fondos privados y públicos hacia determinados sectores tractores de la economía, tales como la internacionalización, la innovación, la financiación del desarrollo o la pyme.

Por el contrario, nuestro sistema público de fomento financiero tiene margen de mejora en lo relativo a la movilización de recursos orientados a los nuevos retos globales. De la comparación de las mejores prácticas observadas en los países de nuestro entorno surgen varias ideas.

Primero. La incorporación de la sostenibilidad y la financiación climática a la misión y estrategias de las instituciones. Para no caer en la indefinición, esta misión debe concretarse en metas específicas, como son los 17 ODS acordados en 2015. Una vuelta de tuerca adicional llevaría a introducir estas metas como un factor más de la gestión de las instituciones e, incluso, de las retribuciones variables de sus empleados.

Segundo. La medición y seguimiento del impacto de las inversiones. Además de ser una medida necesaria para implantar la recomendación anterior, se trata de una cuestión de rendición de cuentas: los ciudadanos deben saber hasta qué punto sus ahorros e impuestos se dirigen hacia determinados objetivos globales, desde el alivio de la pobreza hasta la acción por el clima.

Tercero. En línea con los principios de las finanzas sostenibles, la introducción de las cuestiones medioambientales y sociales en las decisiones de inversión de largo plazo. Se trata de un mandato ineludible para las instituciones que gestionan dinero público. Tal mandato ha de traducirse en procedimientos de análisis de riesgos que trasciendan los límites estrictamente financieros a la hora de determinar el diseño y precio de la oferta financiera pública. Por ejemplo, se podría estructurar el precio de la financiación con referencia al cumplimiento de ciertos indicadores objetivos de sostenibilidad.

Cuarto. El replanteamiento de la relación entre la banca pública y el sector privado. El mensaje esencial de la Cumbre de Addis Abeba fue la necesidad de involucrar y movilizar al sector privado para afrontar los retos globales. La financiación pública debe pensarse como una palanca para la movilización de recursos privados (crowding-in) hacia objetivos compartidos. Sólo de esta manera se podrán movilizar los trillions de euros (billones en español) necesarios para lograr los ODS globales.

En consecuencia, las instituciones que forman la arquitectura de fomento financiero público están llamadas a diseñar una oferta que incentive al máximo la participación de recursos privados en los proyectos de inversión (credit enhancement). Los principales actores internacionales como Naciones Unidas, a través del Fondo Verde para el Clima, la banca multilateral y las instituciones financieras bilaterales con sus principios para el blending, o la Comisión Europea ofrecen ya importantes cantidades de recursos de carácter concesional para ser combinados con fondos privados. Esta fórmula, denominada en el argot blended finance, debería movilizar financiación hacia aquellos proyectos que, aun siendo vitales para un progreso sostenible e inclusivo, no resultan a priori suficientemente atractivos, en gran parte por sus elevados niveles de riesgo o su carácter pionero en economías y/o sectores difíciles, para los inversores comerciales.

Al margen del posicionamiento activo ante los retos globales el sistema de banca pública española presenta otra asignatura pendiente: la mejora de su gobernanza. La situación actual se caracteriza por una profusión de instituciones e instrumentos, un déficit de coordinación y una regulación que, en general, aboca a un proceso de toma de decisiones largo y complejo.

Como resultado, el debate sobre el futuro de la banca pública tendrá que enfocarse sobre el posicionamiento ante los retos globales y la mejora de su organización. La clave es conjugar la especialización con un sistema de gobierno que asegure coordinación, eficiencia y transparencia. Una institución paraguas, entendida como holding bancario del que dependan filiales especializadas, complementarias y con amplia autonomía puede ser la referencia. Ello siempre y cuando se asegure un sistema de gobernanza equilibrado entre los diferentes ministerios y actores competentes.

José Luis Curbelo y Rodrigo Madrazo son respectivamente presidente y director general de Cofides

 

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